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ABC MIÉRCOLES 27 4 2005 Opinión 7 ritipifláuticos cualquier Gobierno sabe que, al final del día, RTVE siempre podrá ser utilizada para, con precisión y fidelidad absolutas, transmitir a la opinión los mensajes explícitos o subliminales que le interesen al Ejecutivo. LA ESPUMA DE LOS DÍAS AHORA QUIEREN NACIÓN ÁNGEL CÓRDOBA año 2004 rondaba los 7.000 millones de euros, que serán franqueados con soltura en este 2005. Los bancos acreedores no tienen prisa en cobrar, pues saben que, en última instancia, el Estado- -o sea todos los contribuyentes- -tendrá que hacer frente a tan desmesurada deuda. En una sociedad que ha privatizado y puesto a competir a empresas que en otro tiempo disfrutaron del monopolio, como Telefónica, Repsol o Iberia, resulta contradictorio que RTVE haya sorteado el proceso de racionalización de las actividades económicas del Estado y siga sobreviviendo como un anacronismo devorador insaciable de recursos económicos, siempre escasos. Por supuesto que a nadie se le oculta que la razón de tal anacronismo es de naturaleza estrictamente política. Desde los lejanos tiempos de Los Chi- Es verdad que en términos de audiencia y de influencia RTVE ya ni es ni volverá a ser lo que era, pero cualquier Gobierno prefiere disponer de una televisión, por capitidisminuidaqueestéycarísimaqueresulte, quedeningunatelevisión. Y la prueba del nueve procede de losmismos partidos políticos democráticos: cuando están en la oposición, la denuncia sistemática de los sectarios comportamientos informativos de Televisión Española va regularmente acompañada de la promesa de que todo cambiará cuando el opositor llegue al Gobierno. Pero por desgracia, cuando llega el relevo, lo único que cambia es la distribución de papeles. El Gobierno actual, consciente de que todavía estaba vivo el eco de sus diatribas electorales contra RTVE y el de su compromiso de cambiarla radicalmente le impedía dejar las cosas como estaban, siguió el consejo de Napoleón y en lugar de resolver el problema creó una comisión. La enseguida conocida como Comisión de los Sabios alumbró un Informe para la Reforma de los Medios de Comunicación de titularidad del Estado. En mi opinión y por lo que respecta a los contenidos, el Informe resulta un recital bienintencionado y bobalicón de lo que debería ser Televisión Española como defensora de los valores constitucionales y cívicos, sin descuidar la atención a la infancia, la tercera edad, la igualdad de género, las minorías étnicas, los inmigrantes y refugiados, etc. Además de inútil, el Informe resulta también perverso, pues deja en manos de una suerte de Gran Hermano (llamado Consejo Audiovisual) la decisión de determinar- -en ocasiones con la ayuda y el consejo del Ministerio competente- -qué programas se adaptan y cuáles no al código de valores formulados de manera tan genérica. A estas alturas de la película diagnosticar que RTVE necesita más organismos de control suena irremediablemente a sarcasmo. El problema es que el sentido común es el menos común de los sentidos, pero aplicado a la situación del ente público, resulta que RTVE no necesita nada muy distinto de lo que en su momento necesitaban las empresas que habían disfrutado el monopolio durante el franquismo: menos servidumbres políticas y más racionalidad económica. Este diagnóstico, en su elementalidad, puede parecer una simpleza. Pero no más simple que si, hace tantos años, alguien hubiera comprado la boina de Locomotoro. T PALABRAS CRUZADAS ¿Están obligados los concejales a celebrar bodas homosexuales? OBLIGACIÓN DEMOCRÁTICA Í, están obligados. Y lo están por la democracia. La objeción de conciencia es un concepto tentador, porque habla de moral y libertad individual. Pero, ¡cuidado! plantea más efectos negativos que positivos para la democracia. Porque ésta se basa en el derecho de participación en las decisiones, pero también en la obligación de respetarlas aunque no nos gusten, y, en el caso de los funcionarios y políticos, en el deber de aplicarlas. Recuerdo el ejemplode Rocco Buttiglione, un católico ferviente a quien el Parlamento Europeo vetó como comisario. Injustamente, porque defendió sus creencias religiosas, pero también afirmó que, en su cargo, él aplicaría la ley, estuviera o EDURNE no de acuerdo con sus creencias. URIARTE Algunos dirán que es fácil decir esto si uno apruebalos matrimonios homosexuales, como es mi caso. Pero, en realidad, pienso en otras muchas implicaciones. Si aceptamos la objeción de conciencia católica, ¿no deberemosaceptar también la musulmana? Saquen las consecuencias, porque yo me pongo a temblar. Pero, además, sería un error del PP llevar este debate al terreno religioso, siguiendo al alcalde de Valladolid. Porque existen serias objeciones jurídico- constitucionales al matrimonio homosexual. Pero no es posible convertir el pecado en argumento político. OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y DE RAZÓN S E XISTEN razones para la desobediencia ante la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo (por cierto, sean o no homosexuales) El Derecho obliga, pero ya reguló la objeción de conciencia al servicio militar, y el Tribunal Constitucional la ha admitido en el caso del aborto. Por analogía puede extenderse su aplicación a casos como éste. Serán los Tribunales los que tendrán que ponderar y decidir. Se trata de una ley injusta que equipara lo que no es equiparable, divide a la sociedad, y se ha aprobado sin negociar con la oposición, sin atender a las recomendaciones del Consejo de Estado, el CGPJ y las Academias, sin I. SÁNCHEZ convocar a la Comisión General de CoCÁMARA dificación y con la oposición de las principales confesiones religiosas. Semejante patochada jurídica debería rechazarse en el Senado o declararse inconstitucional. Mas aunque la jurisprudencia no avalara en este caso la primacía de la libertad de conciencia, siempre quedaría la exigencia moral de obedecer antes a la conciencia que a la ley y, si es preciso, afrontar la sanción. Quizá no haya un derecho a incumplir la ley, pero existe, en ocasiones, el deber de hacerlo. ¿Y usted qué opina? Déjenos su mensaje o su voto en la página web www. abc. es eldebate ANTO discutir y ya no sirve de nada. Hemos malgastado tiempo y recursos intelectuales, bienes escasos por naturaleza, para responder a una pregunta imposible: ¿qué es una comunidad nacional? Esfuerzo inútil. Una portavoz secundaria del PSC destruye en pocos segundos tan misteriosa ocurrencia: como todo el mundo sabe, Cataluña es una nación y así lo establecerá el nuevo Estatuto. Esperamos unos días a la rectificación acostumbrada. No hay tal. Maragall, entre dislate y protesta, aclara- -con educación exquisita- -que es una nación de España y de Europa Turno para el poder central, como dicen los nacionalistas. López GarriBENIGNO do, alma dividida, declaPENDÁS ra que la Constitución no permite... pero que todo se puede negociar. Un ministro a veces sensato ataca por el flanco descubierto: no hay problema, porque donde dice nacionalidad la Constitución hace referencia a las naciones sin estado ¿Quién lo hubiera imaginado? Última esperanza. Hablará Zapatero y... qué importa el nombre, cada uno se llama como quiere, no es cuestión de discutir. En caso de duda, consultará con su escritor gallego de cabecera, teórico de la España plurinacional. ¿Y los juristas rigurosos? Es triste el destino del intelectual al servicio de la coyuntura: ni fragmentos de Estado, ni sutilezas de los clásicos del Derecho público. Acaso un problema menor para el maltratado lenguaje forense: cuando digamos Gobierno de la Nación habrá que precisar de cuál de ellas se trata. Está bien. Será nación si así lo dice. Claro que nación llama a soberanía y ésta a autodeterminación: Esquerra ha tardado muy poco en mover pieza. Pero dejemos las definiciones y pasemos a los contenidos. Esta vez opina Artur Mas, menos aficionado a la retórica historicista que su muy ilustre predecesor. Estatuto, resume, significa más poder para nosotros y menos para ellos. ¿Está claro? Admito que es limitado el entusiasmo de los convergentes hacia el proyecto que patrocinan sus adversarios. Aun así, no es aceptable plantear las cosas en forma de yo gano, tú pierdes ¿Qué ha sido de nuestra rebuscada jurisprudencia sobre las competencias estatales y autonómicas? Finos juristas, en Madrid y en Barcelona, al servicio de políticos decisionistas. Dulce venganza gremial: al final del proceso, la Constitución es lo que quiere el TC. Si hace falta, se fabrican argumentos sobre activismo judicial y fuerza expansiva de los principios. Lo importante está donde dice: El Tribunal ha decidido... Deberíamos empezar a ser sinceros desde ahora mismo. En esta Constitución sólo cabe una nación que se llama España y las nacionalidades y regiones son partes constitutivas de aquélla. Decir la verdad es un ejercicio sano que conviene practicar de vez en cuando; de lo contrario, se nos va a olvidar cómo se hace. Así de sencillo.