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ABC LUNES 25 4 2005 Economía 89 Repsol YPF y Endesa rechazan la subida de tarifas propuesta por Néstor Kirchner El Gobierno argentino aumentaría un 15 el precio del gas y un 23 el de la luz b Las tarifas de los principales El Gobierno limitará al 5 %l a participación de operadores en CLH ABC MADRID. El Gobierno ha decidido limitar al 5 %l a participación de los operadores sectoriales en el capital social de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) según confirmó a Ep el director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, Miguel Sebastián. La participación en Enagás seguirá siendo del 5 Sebastián recordó que esta medida se enmarca en el proceso iniciado por el Ejecutivo para reforzar la independencia accionarial de los operadores logísticos energéticos, limitando la presencia en su capital de agentes del mismo sector. La primera ha sido limitar al 1 %l a participación en Red Eléctrica. Actualmente, Repsol YPF posee el 25 de CLH, el mismo porcentaje que la canadiense Enbridge. Cepsa tiene un 14,15 la canaria Disa y Oman Oil, un 10 cada una; y la británica BP, la lusa Galp y China Aviation, un 5 cada una. Estas participaciones derivan de la reestructuración accionarial impuesta por el Gobierno del PP en 2000, que limitó al 25 %l a participación máxima de un accionista. servicios públicos de Argentina, como el gas y la electricidad, están congeladas desde hace más de tres años ABC BUENOS AIRES. El Gobierno argentino ha propuesto conceder un aumento de las tarifas de gas del 15 a la distribuidora Metrogas, la más grande del país, controlada por el grupo español Repsol YPF y la británica Brish Gas. La propuesta fue realizada durante la primera audiencia pública que se ha celebrado en el marco de la renegociación del contrato de concesión de Metrogas, cuyas tarifas están congeladas desde principios de 2002, cuando se devaluó el peso. El Gobierno de Néstor Kirchner pretende que el aumento sea sólo aplicado a los grandes consumidores y con carácter transitorio durante todo este año, para luego negociar un nuevo cuadro tarifario integral que regirá a partir de 2006. Sin embargo, la carta de intencio- nes propuesta por el Ejecutivo fue rechazada tanto por los consumidores como por la empresa. El representante de Metrogas, José Luis Fernández, exigió que se ponga fin a la distorsión de precios relativos para converger gradualmente hacia reglas de juego sustentables en el largo plazo Metrogas, que tiene 1,9 millones de clientes en Buenos Aires y en el sur y el este metropolitano que circunvala a la capital argentina, cerró 2004 con un déficit de 32,1 millones de euros. Renegociar las concesiones A finales de 2003, el Gobierno de Néstor Kirchner abrió el diálogo con las compañías para renegociar los 62 contratos de concesión de los servicios públicos privatizados, proceso que debe ser convalidado en cada caso por el Parlamento previa discusión en audiencias públicas, informa Efe. La semana pasada, el Gobierno argentino, los usuarios y las distribuidoras de electricidad Edenor (filial de la francesa EDF) y Edesur (controlada por la española Endesa) concluyeron también sin acuerdo la audiencia pública para debatir las nuevas condicio- nes de la concesión del servicio. Edesur y Edenor señalaron la insuficiencia de la propuesta gubernamental para aumentar, en un 23 las tarifas congeladas desde principios de 2002. Para ambas compañías, las dos mayores distribuidoras de electricidad del país, el Ejecutivo propone una transición contractual con un nuevo cuadro tarifario hasta noviembre de 2006, momento a partir del cual deberá regir un contrato definitivo de concesión. Para el periodo de transición, el Gobierno ofrece un aumento de tarifas del 23 para los usuarios comerciales e industriales (los clientes residenciales no sufrirían aumentos hasta 2006) Ese incremento, según la propuesta gubernamental, permitirá cubrir los costes del servicio, financiar las inversiones necesarias para la expansión del servicio y asegurar la calidad de la prestación. Para llegar a una renegociación de los contratos, el Gobierno puso como condición que las compañías y sus accionistas retiren sus denuncias ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial (BM)