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ABC DOMINGO 24 4 2005 Nacional 21 cisco Iborra, jefe de servicios de Inmigración del Ayuntamiento de Roquetas, lo explica con más claridad: No existe una política de inmigración, si lo entendemos como un conjunto de actuaciones coherentes; hacemos lo que podemos, aunque somos conscientes de que no hay quien organice esto. Ahora estamos aceptando las resoluciones que nos han dicho, pero sabemos que muchos de esos documentos o mecanismos de prueba no son fehacientes, que no prueban nada. Vemos un nombre en un papel, pero en una de las clases que doy tengo tres Sidi Coulibali, de Mauritania. Y ese papel no certifica ninguna continuidad en España, como pide la ley. Puede que se bajara En Roquetas han atendido esta semana a 4.000 inmigrantes, uno cada seis minutos. Más de 3.000 han logrado el empadronamiento de la patera, lo consiguiera, y haya estado dos años fuera, en Europa Mientras el jefe de servicios sigue con sus explicaciones, una funcionara comprueba otra tarjeta sanitaria, y una foto que ni de lejos parece corresponderse con el hombre que tiene delante. Iborra menciona el principio de Peter para justificar el caos provocado en este proceso: Cuanto más arriba miras en la Administración, más ineptos encuentras En Roquetas esta semana se han atendido a cuatro mil inmigrantes y se han entregado tres mil certificados, en las instalaciones habilitadas en el polideportivo municipal. Los funcionarios desplazados hasta aquí tienen instrucciones de dedicar seis minutos a cada inmigrante, de forma que en cinco días han podido despejar el paisaje de colas y tensión que sobresaltó a todos a principios de semana. La mayor parte de ese caos se hubiera solucionado si la Junta de Andalucía hubiera pedido el empadronamiento para expedir las tarjetas sanitarias, como hacen otras comunidades Pasa a la página siguiente Cinco maneras de intentar conseguir el empadronamiento Domitru Burduhos. La tarjeta sanitaria de la Junta de Andalucía ha sido su salvoconducto para conseguir el empadronamiento de este rumano. Los técnicos dicen que la tarjeta no es un documento fehaciente: algunas tienen el nombre, pero no el pasaporte; hay inmigrantes que tiran el pasaporte nada más llegar, que cambian de nacionalidad... Mamadou Coulibaly. De Mali a Marruecos, y de allí, en patera, a la costa de Fuerteventura. El papel que muestra entre sus manos es la orden de expulsión de España, firmada el 23 de julio de 2004, y la prohibición de volver en dos años. Ahora, este documento le ha servido para lograr el empadronamiento en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar. John Doe. En Las Palmas de Gran Canaria le acusaron de robo. Ahora, este liberiano pretende utilizar un documento cuarteado, fechado el 6 de octubre de 2003, para empadronarse. Quizá no lo consiga, pero el alcalde Gabriel Amat muestra en su despacho órdenes de expulsión por tráfico de drogas que han servido como justificante. Hassan Ferchach. Nació en Nador (Marruecos) y lleva en España desde 1996. Un abanico de documentos lo atestigua. Pero Hassan se empadronó en Mallorca. Deberá viajar a la isla para justificarlo. En otros casos, el viaje ha sido al revés: desde Europa o desde otras comunidades llegan inmigrantes con la tarjeta sanitaria. Maatia Abderrahim, el marroquí que se tapa el rostro, tiene la cita en el Ayuntamiento de El Ejido el 27 de abril, y la de la Seguridad Social el 25, cuando aún no tendrá el papel del empadronamiento. A la derecha, Mohamed Ebdellaoui, que posee una tarjeta sanitaria de Cruz Roja en lugar de la de la Junta. Por ahora no le ha valido para conseguir el documento del padrón. REPORTAJE GRÁFICO: JAIME GARCÍA término del contrato, el inmigrante que no encontrase nuevo empleador sería enviado a su país de origen pagando el empleador las costas. El Gobierno ha preferido plegarse oportunistamente a los sindicatos y a la interesada ética de misericordia, que no de responsabilidad, de las ONG. Por su parte, el socialista Blair acaba de decidir que, al término del contrato, los trabajadores inmigrantes sean devueltos a su país de origen. Luego nuestra propuesta no solamente era posible sino hasta era socialistamente viable. Los gobiernos europeos se muestran muy preocupados con esta regularización de nuestro Gobierno porque no nos previene de un predecible caos social que se producirá en la próxima re- cesión económica, con el consiguiente aumento del paro y los conflictos xenófobos. Pero tal vez ¿no es eso a lo que aspira el Gobierno esperando que, si se producen esos conflictos, se focalicen en los ayuntamientos (como ahora con la maniobra del empadronamiento) El Gobierno ayudaría a sus ediles, de la misma manera que ahora únicamente vela por las Autonomías bajo su control, pero dejando entonces a los ayuntamientos no suyos en la estacada y acusándolos de racistas. Todo vale, parece insinuar, con tal de hacer emerger un racismo organizado y lograr el máximo placet de los irresponsables sindicalistas, los interesados ONGistas y de los que volverá agradecidos inmigrantes.