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12 La Entrevista DOMINGO 24 4 2005 ABC (Viene de la página anterior) que se hizo en 1978, porque hay algunos partidos que no tienen ni voluntad de consenso ni voluntad de reforma de la Constitución. Reformar la Constitución implica como condición indispensable su defensa. Y tengo muchas dudas de que ERC, PNV o BNG quieran defender esta Constitución y no deconstruirla, es decir, derribarla. Esto no es una reforma de la Constitución, sino un cambio de Constitución. ¿Tampoco lo aconsejan las relaciones PP- PSOE? -Eso ya es el remate. Me preocupa cómo se ha ido erosionando el apoyo y el consenso de los grandes partidos nacionales a la Constitución. Esta Constitución no se sostiene sólo con un gran partido nacional, sea cual sea, ni se sostiene tampoco con un partido y medio. Esto requiere como mínimo dos grandes partidos firmemente unidos en la defensa y el mantenimiento de esta Constitución. Y con esto no quiero sugerir que yo sea un inmovilista, porque rápidamente se ha disparado con esta munición sobre cualquier persona que levantara la cabeza para decir algo que no está en la línea del pensamiento único que algunos quieren imponer. No soy ni un fundamentalista constitucionalista ni un inmovilista. Si se va a cambiar esta Constitución, lo que quiero saber es por qué, para qué y cuál es la otra Constitución que usted me ofrece, en qué va a ser mejor y qué problemas va a solucionar. Y dígame qué ha funcionado mal, hágase un balance de estos 25 años. Aquí lo que hemos hecho es poner el carro delante de los bueyes: primero digo que vamos a reformar la Constitución y los estatutos y luego ya veremos a dónde esto nos conduce. ¿Era necesario adaptar nuestra Carta Magna al Tratado de la Constitución europea? -Creo que no. Participé como representante de Aznar en la redacción de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y lo que puedo decir es que una de las preocupaciones primordiales en aquella tarea era que la Carta, germen de lo que es ahora la Constitución europea, no pusiese patas arriba ni los tratados constitutivos ni las constituciones nacionales de los Estados miembros. Por eso siempre he creído que no había incompatibilidad alguna. Y el TC ha dejado zanjado este problema, aunque con una resolución que es muy pobre desde el punto de vista jurídico y argumental. Pero en todo caso, es un asunto zanjado y no hay necesidad alguna de reforma. ¿Y la reforma promovida por el Gobierno para introducir el nombre de las Comunidades Autónomas? -Ocurre lo mismo. La singularidad de nuestra Constitución es que organiza un territorio sin definir el Estado, con lo cual la estructuración del mismo se defiere a un momento y a una dinámica política posterior, que es todo el proceso estatutario que ha ido produciéndose. Es verdad que después de 25 años, el Estado español, desde la perspectiva de su estructura territorial, ya está definido: es un Estado de las Autonomías, compuesto por 17 Comunidades Autónomas más dos Ciudades Autónomas. Bien, ahora se puede plasmar esa realidad en el texto de la Constitución. Si se El matrimonio entre homosexuales exige reformar la Carta Magna -Se ha aprobado la ley que regula el matrimonio entre homosexuales. ¿Cuál es su opinión? -Soy profundamente contrario a cualquier forma de discriminación de las personas por su inclinación sexual, pero el problema del matrimonio en las parejas homosexuales es una cuestión diferente. El hecho de que puedan o no casarse, no es un problema de discriminación. El matrimonio es una institución civil reconocida en el artículo 32 de la Constitución. Pero la Carta Magna, a mi modo de ver, no establece el derecho al matrimonio, sino que establece el reconocimiento constitucional de la institución civil del matrimonio. Es lo que se llama una garantía constitucional para que una institución civil no se pueda alterar o manipular por el legislador ordinario. La Constitución ha reconocido y garantizado el matrimonio entre el hombre y la mujer como institución básica de la sociedad dirigido, entre otros fines, a la procreación y a la reproducción de la especie. Por lo tanto, en la Constitución está concebido entre el hombre y la mujer, por cierto, exactamente igual que está configurado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y cambiar eso exige reformar también el Código Civil y la Constitución. Y no vale la argucia de leguleyo que le he oído y leído con estupefacción a un eminente profesor de Derecho Constitucional cuando afirma que el artículo 32 no prohíbe la unión de homosexuales porque lo que dice es que el hombre puede contraer matrimonio con quien le dé la gana, aunque sea otro otro hombre, y la mujer con otra mujer, en condiciones de igualdad. Eso es un ardid de técnica verbal, es andar buscando trampas de leguleyo para hacerle decir a la Constitución lo que no dice ni ha querido decir. Por lo tanto, ese matrimonio de homosexuales implica un cambio en la Constitución. Otra cosa sería que esa unión se llamara de otra manera, que es lo que debería haberse hecho. Y no es discriminación alguna si a esa unión se le reconocen derechos civiles pero sin que necesariamente se le llame matrimonio, que debe estar reservado a la unión dirigida a cumplir sus fines naturales: la convivencia y la procreación. ¿Y la adopción? -Me parece un tema extremadamente delicado. Yo me lo habría pensado no cien, mil veces, antes de dar ese paso. La trascendencia que tiene es enorme y puede tener consecuencias sobre los niños, que son personas muy vulnerables. Lo que me sorprende es que se lleve a cabo una reforma de este tipo sin hacer antes una reflexión profunda sobre el modelo de sociedad que tenemos en España y sobre el tipo de sociedad que queremos. Bereijo: Me habría pensado no cien, sino mil veces, si los homosexuales pueden adoptar quiere meter esto en la Constitución me parece bien, pero que se explique qué problema resuelve de los planteados por los nacionalismos periféricos. Eso no va a satisfacer las pretensiones de los nacionalistas, que lo que quieren es hacer una reforma radical y constituir el Estado bajo supuestos territoriales completamente distintos de los de 1978. En esa línea van el plan Ibarretxe e incluso muchos de los planteamientos que hacen Maragall y el PSC, que difícilmente tienen encaje en esta Constitución. Por tanto, añadir el nombre de las comunidades no va a resolver ningún problema sobre cómo ha de vertebrarse la unidad constitucional de España, la unidad de la nación española, la pluralidad y los nacionalismos periféricos. -Nacionalistas catalanes y vascos pretenden crear consejos del poder judicial autonómicos. ¿Es viable? -No. El Poder Judicial es único. La unidad del Poder Judicial es un concepto asentado profundamente en la Constitución y no cabe la posibilidad de fragmentarlo. ¿Qué opinión tiene de la reforma del sistema de nombramiento de los altos cargos judiciales? -No tengo una opinión sobre eso. Lo único que constato es que se ha producido una situación lamentable de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que no añade nada bueno ni nada nuevo a la atormentada y triste historia de este órgano constitucional que se ha visto politiqueado hasta los extremos más inconcebibles. Y eso ha minado las bases sobre las que un órgano constitucional puede funcionar con tranquilidad y con sosiego.