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30 Madrid SÁBADO 23 4 2005 ABC El Ayuntamiento quiere instalar videocámaras en la Plaza Mayor para combatir la delincuencia En 15 días presentará el informe técnico y la Delegación del Gobierno tendrá la última palabra b Las reiteradas quejas de los veci- nos y los comerciantes por la presencia de vendedores con objetos falsificados, junto a los tirones y hurtos, origen de esta decisión M. J. ÁLVAREZ MADRID. Cámaras para vigilar la seguridad en la Plaza Mayor. El debate puede estar servido si el Ayuntamiento de Madrid obtiene los permisos necesarios para instalar videovigilancia en ese entorno, a fin de convertirle en un espacio menos inseguro y degradado. ¿La razón? De un lado, la protección del lugar, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y de otro, la proliferación de manteros y vendedores callejeros que ofertan objetos falsificados, así como los robos de los que son objeto visitantes y madrileños de la mano de tironeros, descuideros y carteristas que proliferan en esa céntrica zona turística y de ocio. Así lo indicó ayer a ABC el concejal de Seguridad, Pedro Calvo. De ahí que tras mantener contactos informales con el delegado del Gobierno, Constantino Méndez, en esta dirección, haya decidido solicitar los oportunos permisos para materializar esta iniciativa. das favoreceremos no sólo a los residentes, sino a los visitantes subrayó Calvo. Interrogado sobre si pensaba extenderlas a otros puntos de la capital, respondió que no. Las reacciones no se hicieron esperar y llegaron en forma de críticas. Desde del PSOE, el portavoz adjunto del grupo municipal socialista, Óscar Iglesias, mostró su asombro ante el hecho de que el Gobierno de Gallardón sepa que existe inseguridad e incumplimiento permanente de la ley en esa zona y, en lugar de pedir a la Policía Municipal que actúe, quiera instalar cámaras, informa Ep. Gallardón debe garantizar la seguridad, no sólo en un sitio concreto, sino en todas las calles de la ciudad, especialmente en las más de 365 zonas conflictivas Una cámara en la calle de León, en el barrio de Las Letras DANIEL G. LÓPEZ Plató de Gran Hermano Aunque se mostró a favor de utilizar cualquier método permitido por la ley y los avances técnicos para erradicar los delitos, matizó que esa circunstancia la debe decidir una comisión bajo el más estricto control legal. En todo momento debe estar garantizada la intimidad de los ciudadanos concluyó. La solución a los problemas de seguridad no pasa por convertir la ciudad en el plató de Gran Hermano con cámaras cada vez más numerosas en distintos puntos de la capital terció el concejal de IU, y responsable de Seguridad, Julio Misiego. Así, indicó que la respuesta es una mayor presencia policial, sobre todo en las zonas más concurridas. Advirtió que IU estará vigilante para que no se vulnere el derecho a la intimidad de los ciudadanos. El barrio de Las Letras y el Museo al Aire Libre usan este sistema No sólo el tráfico es objeto de la vigilancia permanente de las cámaras. También los edificios oficiales. A los radares de las principales vías de circunvalación de la capital, a las instaladas por el Ayuntamiento de Madrid en el barrio de Las Letras para penalizar al conductor que vulnere esa zona peatonal, se suma el proyecto de hacer lo propio en puerta del Sol para penalizar a los conductores no residentes que estacionen en ese entorno, aunque estas grabaciones tienen otra finalidad y son muy distintas a la del proyecto de la Plaza Mayor. El concejal de Seguridad, Pedro Calvo, explicó que existe un antecedentes similar en el Museo al Aire Libre, situado en el Paseo de la Castellana. Ahí, desde hace tres años, doce cámaras graban las esculturas, a fin de vitar los actos vandálicos y las agresiones que sufrían desde que se inauguró en 1993. con anterioridad. Esta fue la primera autorización de este tipo que realizó la Comisión de Videovigilancia en la Comunidad. En Amsterdam (Holanda) y en Florencia (Italia) se utilizan estos sistemas para paliar los efectos del vandalismo y la inseguridad. Controladas por la Policía Municipal El primero es presentar un proyecto técnico, en un plazo máximo de 15 días, en el que junto a la solicitud, se especifique el número y colocación de los sistemas de videovigilancia, cuyas imágenes serán observadas desde una sala de control por agentes de la Policía Municipal. Dicho expediente será trasladado a la Comisión de Garantías de Videovigilancia, que preside el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En ella figuran como vocales el fiscal jefe del TSJM, un representante de la Abogacía General del Estado y otro de la Federación de Municipios. Si esta entidad aprueba la solicitud, será la Delegación Gobierno la encargada de autorizarla. Calvo precisó que la Ley orgánica 4 1977 regula la utilización de videocámaras en lugares públicos. Así, dicha norma establece que los objetivo de estos sistemas son contribuir a erradicar la violencia, asegurar la convivencia y la utilización pacífica de vías y espacios públicos, así como prevenir la comisión de delitos y faltas relacionados con la seguridad pública La Plaza Mayor cumple esos requisitos, y, su configuración arquitectónica es la adecuada para la instalación de cámaras. Además, con estas medi- Los Servicios Sociales se coordinan contra la mendicidad infantil M. J. Á. MADRID. La mendicidad infantil es una forma grave de maltrato y de explotación a la infancia que les coloca en situación de riesgo manifestó ayer la concejal de Empleo, Ana Botella. Había desaparecido de las calles y ha retornado con algunos inmigrantes. Cuando se da una limosna a un menor se le condena a que ése sea su presente y su futuro indicó la consejera de Servicios Sociales, Beatriz Elorriaga. Acababan de estampar sus firmas, junto con la del concejal de Seguridad, Pedro Calvo, en el protocolo para erradicar estas prácticas, cuya principal novedad es que establece las pautas de actuación de las administraciones, a fin de detectar y asistir a quienes piden limosna. 195 menores detectados en 2004 Calvo precisó que en 2004 la Policía Municipal realizó 195 actuaciones con menores que ejercían estas prácticas, de los que 124 terminaron en una residencia, mientras que la Fiscalía abrió 139 expedientes. Localizar los casos; acercar a las familias los recursos, e incorporar al niño a centros educativos; realizar un seguimiento de los afectados, y ejercer la tutela en caso de desamparo, son las líneas generales del convenio. Así, Policía Municipal y Samur Social, intervendrán en la localización del menor. Si carece de familia que pueda atenderle, se le enviará a un centro de primera acogida de la Comunidad, en donde se le identificará, se le hará un reconocimiento médico y un informe sobre su situación social y familiar. Si tiene padres, deberán personarse y se les brindará ayuda de los servicios sociales, y, en su caso, la obligatoriedad de la escolarización de su hijo. Si el niño está desamparado, intervendrá la Comisión de Tutela, que asumirá su protección, le ingresará en un centro regional, en donde participará en un proyecto educativo.