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ABC SÁBADO 23 4 2005 Nacional 19 La Generalitat desoye a una juez que pidió la traducción de unos carteles al castellano Una campaña de promoción del catalán enfrenta al Gobierno autonómico con la magistrada b El departamento de Justicia se ampara en la clara inferioridad del catalán con respecto al castellano al no admitir la petición de una juez decana de Barcelona DOLORS MASSOT BARCELONA. La convivencia entre catalán y castellano todavía requiere algunos ajustes, según se desprende de la polémica suscitada por la juez decana de Esplugues de Llobregat (Barcelona) que a las pocas semanas de tomar posesión del cargo, ha pedido que se traduzcan al castellano unos carteles que promocionan el uso del catalán en el ámbito jurídico. La campaña, que se apoya en carteles repartidos por los edificios judiciales de Cataluña, tiene la intención de difundir el uso de la lengua catalana en el mundo de la Justicia, uno de los más reticentes a emplearla, según revelan las estadísticas año tras año. En estos carteles, editados por la Generalitat y la Asociación de Juristas en Defensa de la Lengua Propia, queda expuesta la Carta de los derechos lingüísticos en el ámbito de la justicia La juez decana proviene de otra comunidad autónoma y, aunque la Consejería de Justicia no ha querido revelar su identidad, fuentes jurídicas aseguraron que se trata de una persona que lleva escasos días en Cataluña y que se ha apuntado a un curso de catalán. Sin embargo, su actitud ante la campaña de promoción de esta lengua- -la propia de Cataluña según establece el Estatuto de Autonomía- -ha suscitado que la Generalitat responda de manera tajante que no habrá traducción al castellano para estos carteles. Así lo afirmó ayer la consejería de Justicia en una nota donde se hacía constar que la Carta de los derechos lingüísticos en el ámbito de la justicia tiene un doble objetivo: dar a conocer a los ciudadanos que tienen derecho a usar el catalán en los juzgados y tribunales de Cataluña y, por otro lado, fomentar el uso de esta lengua en el ámbito judicial El razonamiento para no aceptar la petición de la juez se ampara en que el catalán está en una situación de clara inferioridad respecto al castellano teniendo en cuenta el uso mayoritario del castellano tanto en las actuaciones orales como en las escritas De ello deduce la Consejería que el derecho a emplear el castellano en una oficina judicial y a ser atendido en esta lengua está plenamente garantizado El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en previsión de una posible guerra lingüística ha querido hacer constar que desde el momento en que la Generalitat puso en marcha la campaña, se envió una carta a todos los jueces para animarles a que la acogieran positivamente Detenido el director de una sucursal bancaria de Gibraltar en la operación Ballena Blanca J. M. CAMACHO MÁLAGA. La Policía ha detenido en una urbanización de Cádiz al director de una sucursal que un Banco español tiene en Gibraltar, acusado de formar parte de la red de blanqueo de dinero desmantelada en la operación Ballena Blanca que en su mayor parte se desarrolló en Marbella (Málaga) Los investigadores creen que este individuo habría canalizado el dinero procedente de Rusia que, a través de Holanda, tuvo como destino la Costa del Sol La detención de J. A. F. -en parte fue posible gracias a la colaboración de la entidad bancaria para la que trabajaba- provocó una protesta del Gobierno del Peñón, que en un comunicado aseguró que ningún director, jefe o empleado de ningún banco de Gibraltar ha sido detenido por la Policía española. Si la Policía española quiere con- tinuar con estas declaraciones falsas deberían atreverse a publicar el nombre del individuo afectado y el nombre del banco de Gibraltar. El hecho de que no lo hagan confirmará la veracidad de esta declaración El ministro principal, Peter Caruana, dijo que con la información que tenemos podemos decir que se ha arrestado a un ciudadano español que trabajaba en España y en ningún momento en Gibraltar J. A. R. fue detenido en su casa de la urbanización La Alcaidesa de la Concepción y San Roque (Cádiz) Esta urbanización es una de las 251 fincas inmobiliarias intervenidas judicialmente en la primera fase de la operación El Gobierno del Peñón arremete contra la Policía y niega que el arrestado trabajara allí