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ABC MARTES 19 4 2005 Nacional 23 Subsaharianos y marroquíes a las puertas del ayuntamiento de Cartagena ANTONIO GIL libró de las colas y del caos, que afectó a los consistorios de la capital, Lorca, Cartagena, Torre Pacheco y San Javier, entre otros. Lo ocurrido en este último municipio parece sacado de un vodevil. Centenares de inmigrantes acudieron al Juzgado de la localidad para denunciar al vecino ayuntamiento de Torre Pacheco alegando que se había negado a empadronarlos. El episodio comenzó tras el anuncio de que se aceptaría el padrón por omisión. El jueves y viernes se presentaron más de 4.000 inmigrantes en esta localidad, casi todos paquistaníes llegados en coche y autobuses de toda España por algún bulo que se refería a las facilidades que daba este ayuntamiento. Tuvieron que reforzarse todos los servicios municipales, incluida la Policía, entre la indignación de los vecinos. Según los funcionarios unos 400 paquistaníes facilitaron la misma dirección. Mientras se vivían estas escenas en decenas de ayuntamientos, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, informaba de que ya se han recibido 386.173 solicitudes de regularización de trabajadores extranjeros, la mayoría en Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana: el 33 por ciento correspondientes al servicio doméstico y el 27 por ciento a ciudadanos de Ecuador. De momento, las consecuencias del nuevo requisito administrativo sólo las viven los ayuntamientos, pero es previsible que en los próximos días se trasladen a las oficinas de la Seguridad Social. En Madrid ya se ha decidido abrir dos oficinas más. El Gobierno reparte 120 millones Las Comunidades y ayuntamientos con más inmigrantes empadronados y más menores extranjeros escolarizados recibirán una mayor cuantía de los 120 millones del Fondo para la acogida de este colectivo, una propuesta que el Gobierno comunicó ayer a las CC. AA. en el Consejo Superior de Política de Inmigración. La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, informó ayer de los criterios para distribuir estos 120 millones, aunque sin aprobar qué cantidad corresponde a cada uno de los beneficiarios. De esa cantidad 72 millones se destinarán a acogida e integración y 48 al refuerzo educativo. Entre los criterios de asignación figuran el número de inmigrantes empadronados; afiliados en alta en la Seguridad Social; los menores escolarizados y los menores de países no castellanohablantes, según informó el Ministerio de Trabajo. El PP calificó la cantidad de insignificante y exigió al Gobierno 2.300 millones para atender de forma adecuada las necesidades de los inmigrantes.