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4 Opinión DOMINGO 17 4 2005 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil IGNACIO CAMACHO LO QUE ESTÁ EN JUEGO AS elecciones en el País Vasco tienen un significado político muy distinto al de los comicios que se celebran en cualquier otra parte de España. Antes que un ejercicio pacífico de los derechos individuales, las urnas representan para una buena parte de la sociedad vasca un acto de resistencia democrática frente al terrorismo de ETA y su complejo entramado, presente hoy otra vez en las urnas bajo el nombre del Partido Comunista de las Tierras Vascas. Entre la coacción a los que se quedan y la deportación impuesta a los que han tenido que irse, el terrorismo ha condicionado siempre la expresión del pluralismo de la sociedad vasca. La limpieza ideológica en el País Vasco ha producido resultados mensurables a simple vista de la evolución del censo de población. Sólo el principio absoluto de que la democracia es más fuerte que el terrorismo y de que los votos no se juzgan, sino que se cuentan, ha garantizado a los nacionalistas la legitimidad técnica de sus victorias. Pero la percepción de que el nacionalismo estaba llamado por derecho natural a gobernar el País Vasco, fuera cual fuera el veredicto de las urnas, también ha sido una sombra de la democracia vasca y un factor de depresión de las expectativas del constitucionalismo, las cuales, no obstante, remontaron su tendencia en 1998 y, especialmente, en mayo de 2001, cuando se plasmaron en los mejores resultados nunca antes logrados por las fuerzas no nacionalistas. La jornada electoral que hoy tiene lugar en el País Vasco sigue respondiendo a esas mismas claves, que exigen del votante no nacionalista un esfuerzo añadido para sostener, en un ambiente que no puede ser calificado de plena libertad, una opción alternativa, pacífica, democrática y constitucional. Las elecciones de hoy están abocadas por el nacionalismo a un plebiscito, no a lo que PLAN DE AGRAVIOS L deberían ser, es decir, un juicio ciudadano sobre la gestión del Gobierno de Ibarretxe. El PNV ha diseñado una estrategia electoral en la que ha combinado el tradicional llamamiento a los instintos- -agresión de Madrid, enemigo exterior- tan típico del nacionalismo, con una serie de mensajes marcados por la abstracción del problema del terrorismo, relegado a un segundo plano dentro de un manual de campaña nacionalista que utiliza el plan Ibarrexte como excusa para prolongar la permanencia del País Vasco en un estado de excepcionalidad, sin ejemplo equiparable en el resto de la Europa democrática. Aun así, es innegable que en los últimos años se ha producido un auténtico saneamiento, todavía incompleto, de la democracia en el País Vasco, gracias al desvelamiento del entramado batasuno, la expulsión de ETA de las instituciones forales y municipales y la denuncia cívica de la complicidad del PNV con la estrategia de fondo de la organización terrorista. También estos grandes avances, que han sido ganados a pulso por el Estado democrático y de Derecho, están en juego en las elecciones vascas, pero esta vez no cuentan a su favor con aquella convergencia constitucional y autonomista que asumieron PP y PSE en 2001. Sin embargo, su aseguramiento es vital para el Estado y para la derrota de ETA; y dependerá en buena medida de que los vascos identificados con la Constitución y el Estatuto, el cumplimiento de la ley y la defensa de las libertades políticas no se hayan visto sorprendidos y confundidos por los mensajes equívocos. En este sentido, la concurrencia de la candidatura del Partido Comunista de las Tierras Vascas, que el Ejecutivo ha decidido no recurrir, es un hecho incompatible con la firmeza y claridad de ideas que siempre ha de oponerse al nacionalismo en su conjunto. L VIOLENCIA INACEPTABLE M ERECE la más severa condena la actitud del grupo ultraderechista que agredió ayer a los asistentes a la presentación de un libro del historiador Santos Juliá, en la que intervenía Santiago Carrillo. Estamos ante un detestable acto de matonismo que nos remonta a lo peor de una etapa afortunadamente superada. Desde hace más de un cuarto de siglo nuestra vida social y política se rige por una Constitución que garantiza la libertad de expresión y difusión del pensamiento y ofrece a todas las ideologías la posibilidad de confrontar en las urnas sus posiciones respectivas. Desde este punto de vista, es notorio que los extremistas de cualquier signo carecen de respaldo entre los ciudadanos, lo cual merece ser valorado positivamente como signo de la salud del sistema de- mocrático, a diferencia de lo que sucede en otros países europeos. La Transición dejó cerradas múltiples heridas en la sociedad española. No es conveniente reabrir cuestiones que forman ya parte del pasado en un estéril e interesado ejercicio de revisionismo que amenaza con provocar divisiones felizmente olvidadas. El éxito de la España constitucional se ha construido sobre un valioso ejercicio de generosidad y de responsabilidad. La violencia es la expresión del fracaso de la convivencia y sólo otorga ventajas a quienes son desleales al proyecto colectivo. Los injustificables acontecimientos de ayer deben ser motivo de reflexión para los políticos sensatos, dispuestos a escuchar a los sectores moderados de la sociedad española, que constituyen- -por fortuna- -la gran mayoría. A ministra de Fomento ha encontrado una curiosa manera de compaginar los compromisos electorales con las necesidades económicas: no gastar donde no gobiernan los suyos. Esa es al menos la opinión generalizada entre las Comunidades que gobierna el Partido Popular; opinión que se apoya en números sólidos como se pone de manifiesto en la información que hoy publica ABC. Magdalena Álvarez ha resuelto de manera expeditiva las contradicciones entre un Gobierno que proclama la productividad y competitividad como objetivos, pero que está sometido a presiones crecientes de gasto de sus socios parlamentarios. Se hacen las obras que exige la debilidad parlamentaria y que el ajuste lo soporten los que han perdido. Aunque todavía no ha llegado a afirmar que ésa ha sido la voluntad de los ciudadanos. Después de paralizar durante meses toda obra pública porque, llevada de sus prejuicios ideológicos, entendía y proclamaba sin pudor la inutilidad de la gestión de su antecesor en el cargo, la ministra anunció por doquier su nuevo Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte, plan que fue recibido con escepticismopor su indefinición en cuanto al compromiso de inversión, la ausencia de aclaraciones sobre su financiación y la vaguedad de su calendario. Pero a medida que se van conociendo detalles, aumenta la preocupación entre los afectados, porque las inversiones se diseñan como un pago por los servicios políticos prestados al partido del Gobierno. Curiosa forma de entender la España plural por parte de una ministra que ha pasado los últimos ocho años denunciando la supuesta discriminación del Gobierno Aznar contra la Andalucía de hegemonía socialista. Si sólo fuera Galicia, cuyo Ejecutivo denuncia un incumplimiento de 332 millones de euros en carreteras y alta velocidad, o Madrid, donde las inversiones caen en más de un 25 por ciento y se niega el cierre norte de la M- 50, se podría pensar que se trata tan sólo de segar la hierba bajo los pies de dos temibles adversarios políticos. Y de paso complicar las cosas en el interior del PP. Pero son todas las Comunidades donde no gobiernan los socialistas o sus aliados las que presentan agravios por el incumplimiento manifiesto de las inversiones programadas. Parece tratarse pues de un plan sistemático, aplicado con decisión y voluntad de enseñar el coste de estar en la oposición. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene una excelente oportunidad de demostrar su talante y su espíritu de regeneración democrática exigiendo que su ministra ponga fin a esta discriminación y utilización partidista del Presupuesto que se produce, además, a costa de la estabilidad presupuestaria.