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4 Opinión SÁBADO 16 4 2005 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil IGNACIO CAMACHO IRREGULAR REGULARIZACIÓN ARCHIVO TROCEADO E L proceso de regularización de inmigrantes contratados ilegalmente mereció fundadas críticas, dentro y fuera de España, desde que el Gobierno lo anunció en el verano del pasado año. El efecto llamada la desconfianza de Bruselas, la propiciación del fraude y otros perjuicios similares estuvieron sobre la mesa del Gobierno mientras preparaba el nuevo Reglamento de extranjería que dio luz verde a este proceso. Aun así, el compromiso del Ejecutivo de mantener en todo caso el plazo del 7 de mayo para la presentación de solicitudes, unido a la exigencia de determinados documentos (contrato laboral, certificado de antecedentes penales y empadronamiento anterior a 8 de agosto de 2004) concedía un mínimo margen de confianza en que los resultados del proceso acabarían siendo menos perjudiciales de lo que se temía. Sin embargo, en apenas una semana el Ministerio ha privado a este proceso de regularización de todo rigor político y administrativo. Lo que se planteó como una forma más benigna de cumplir con el requisito del empadronamiento mediante el alta por omisión (regulada desde 1997) ha acabado convertido en una mera formalidad. Así se desprende de la lista de documentos que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, dio a conocer ayer y que permitirá a los Ayuntamientos empadronar por omisión con efecto anterior a 8 de agosto de 2004. Tales documentos no son en todos los casos- -en algunos sí- -esos documentos con carácter público y fehaciente que anunció el ministro Caldera hace pocos días, con solemne promesa de no variar las condiciones iniciales. O Caldera ha cambiado nuevamente de criterio o los responsables de su departamento tienen un concepto muy peculiar- -tanto como erróneo- -del documento público fehaciente O ambas cosas al mismo tiempo. Que las expectativas del Ministerio no vayan a cumplirse al término del proceso de normalización no justifica esta pérdida de rigor y seriedad en un asunto tan delicado. Por ejemplo, Caldera deberá explicar si va a resultar posible que una orden de expulsión sea documento idóneo para obtener, primero, el alta por omisión en el padrón municipal, y luego, junto con el contrato laboral y el certificado de penales, los papeles para residir y trabajar en España. A esto podría llamársele fraude de ley, más grave aún por estar alentado desde el Gobierno. Además, según ha anunciado Caldera, para iniciar el expediente de normalización ya no será necesario estar empadronado, sino sólo haber solicitado el alta en el padrón. Se suprime así un requisito fundamental para atajar el efecto llamada Tampoco el plazo del 7 de mayo cierra el proceso a todos los efectos, porque, lógicamente, habrá inmigrantes con expediente de normalización que, para entonces, no tendrán resuelta la solicitud de empadronamiento. Podrán aportarla después, con la consiguiente prolongación indefinida- -de hecho- -del proceso de regularización. Las cifras de solicitudes ya presentadas están por debajo de las previsiones iniciales del Gobierno sobre el número final de contratos normalizados (entre 800.000 y un millón) Tales cifras no eran datos secundarios, porque fueron utilizadas como la razón decisiva de esta iniciativa, justificada oficialmente para atajar, cómo no, la herencia de los Gobiernos de Aznar. Pero el fracaso político del Ejecutivo, confesado en estas ocurrencias de última hora, no debe costarle a la sociedad española una crisis de su política inmigratoria. Los errores en inmigración se pagan con xenofobia, marginación y desconfianza, como muestra una experiencia europea de la que el Gobierno español no ha sacado las conclusiones adecuadas. E ECONOMÍA EN RIESGO L OS crecientes riesgos que acechan a la economía mundial han llevado al FMI a reducir la previsión de crecimiento desde el 5,1 de 2004 hasta el 4,3 por ciento vaticinado para 2005. Aún peores son las perspectivas para la zona euro, donde augura un magro 1,6 por ciento de aumento, lejos del previsto con anterioridad. Estas rebajas vienen provocadas por el alto precio del petróleo, pero también por los desequilibrios mundiales en las balanzas comerciales y el fuerte tirón de las importaciones de China y Estados Unidos ante el decaimiento de otras zonas, como la UE y Japón. El FMI alerta también sobre la depreciación del dólar, que puede agravar los desequilibrios comerciales, y la subida de tipos de interés en Estados Unidos. También el Banco Central Europeo ha advertido de estos riesgos- -agravados por la preocupante fal- ta de competitividad y de reformas que reanimen la renqueante economía europea- al prever un crecimiento moderado en la zona euro y alertar sobre otro riesgo añadido: el alto precio de la vivienda. La institución que preside Trichet reclamó de nuevo el cumplimiento del Pacto de Estabilidad, verdadero instrumento para embridar las políticas fiscales y presupuestarias y evitar desequilibrios que en nada benefician la recuperación de una anémica economía comunitaria. Recetas que completa el FMI al reclamar reformas profundas en las economías de la UE que propicien una mayor competitividad, y que en el caso de España concretaba Rodrigo Rato en el campo laboral y el conveniente control de la inflación, reflejo último de una menguante competitividad de nuestra economía, que se traduce en un aumento preocupante del déficit. L Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley que formaliza la desmembración del Archivo General de la Guerra Civil, con sede en Salamanca. No se trata, en efecto, del Archivo de esta o de aquella ciudad, sino de una institución depositaria de la memoria histórica de toda la nación. Es muy grave, por ello, el oportunismo de que hace gala el Gobierno socialista para complacer a sus socios de ERC. El coste moral y político es altísimo: abre paso a la discordia territorial porque crea una sensación de agravio en Castilla y León y porque ciertos sectores del nacionalismo lo celebran como un triunfo de Cataluña sobre el conjunto de España. Aunque el Ministerio pretendía realizar una entrega discreta, el asunto alcanza tal dimensión que va a exigir- -de acuerdo con los informes jurídicos pertinentes- -una norma con rango de Ley. Es probable que acabe ante el TC, porque el artículo 149.1, apartado 28, de la Constitución atribuye al Estado unas competencias que no pueden ser transferidas a las Comunidades Autónomas sin otro argumento que la coyuntura política. Si cundiera el ejemplo, sería inevitable la ruptura de la memoria histórica de España. El principio de unidad de los archivos es admitido de forma universal. Además, las pautas que rigen la gestión cultural exigen que se preserve la configuración actual de las instituciones; por ello causa alarma en museos, archivos y bibliotecas de otros países la noticia de que el Gobierno español promueve la disgregación. El discutido informe de la Comisión de Expertos se pierde en disquisiciones jurídicas, que no logran superar la objeción más elemental: si se devuelven los documentos a la Generalitat, ¿por qué no al resto de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos? A mayor abundamiento, Cultura ha transmitido estos días una lamentable impresión de debilidad en su negociación con el tripartito catalán. Carmen Calvo, con sus declaraciones erráticas, es incapaz de justificar una decisión que marca sin remedio su gestión ministerial. La convivencia se fundamenta en una comunidad de sentimientos compartidos. Es gravísimo, en términos democráticos, fomentar la discordia, incluso en el plano simbólico: alegría para unos y ofensa moral para otros, pocos días antes de celebraciones cívicas muy significativas. El Archivo de la Guerra Civil se ha convertido en la prueba concluyente de que Rodríguez Zapatero gobierna con una visión estrecha y de corto plazo, que sólo beneficia a quienes no son leales al proyecto constitucional.