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86 VIERNES 15 4 2005 ABC Economía La Audiencia Nacional absuelve a Botín, Amusátegui y Corcóstegui por el caso de las jubilaciones del SCH Los jueces concluyen que en las retribuciones de los altos ejecutivos no hay reglas ni topes b La Sala estima que los contratos no causaron ningún perjuicio económico a los socios de la entidad, pues los pagos son un gasto de la sociedad y así se contabilizaron NATI VILLANUEVA MADRID. La cifra del bonus de José María Amusátegui (43,75 millones de euros) y de la pensión de jubilación de Ángel Corcóstegui (108,1 millones de euros) puede sorprender por su cuantía, pero ésta debe ser puesta en relación con la responsabilidad que se les encomendó No se ha practicado prueba alguna que permita concluir que esas remuneraciones han sido desproporcionadas en relación con el volumen de negocio creado como consecuencia de la fusión En torno a este argumento, el principio de la libertad de empresa, la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional absolvió ayer a los citados ex copresidente y ex vicepresidente del Santander Central Hispano y al presidente de la entidad, Emilio Botín. Los tres estaban acusados de sendos delitos de apropiación indebida o, alternativamente, de dos delitos societarios de administración desleal, por el caso de las jubilaciones del SCH. La Sala considera que ninguno de los acusados ha incurrido en esas conductas delictivas, pues ni distrajeron cantidades de dinero en perjuicio de la entidad ni abusaron de sus funciones como administradores ni quebrantaron el deber de lealtad que, como tal, se les suponía. Amusátegui, Botín y Corcóstegui, en una imagen de archivo CHEMA BARROSO Una larga lista de causas judiciales El grupo Santander Central Hispano ha llegado a acumular hasta 29 causas por las demandas interpuestas por el ex consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar y sus colaboradores, todos ellos miembros de la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes. De las 29 investigaciones abiertas, ocho han sido sobreseídas o desestimadas definitivamente por los tribunales, y de las 21 restantes, catorce fueron desestimadas en primera instancia (aunque la acusación ha presentado recursos) y otras siete están pendientes de tramitación. El sumario pendiente más importante es el de las cesiones de crédito una modalidad de inversión por la cual los bancos que las pusieron en marcha entre los años 1987 y 1991 traspasaban a una tercera persona el riesgo de un crédito contraído con una empresa, sin que se practicaran, en la mayoría de los casos, retenciones a los rendimientos. Pérez Escolar fue condenado por el Supremo a cuatro años de prisión por el caso Banesto y fue suspendido para ocupar cargo público por apropiación indebida. Ayer, tras conocer la sentencia absolutoria, anunció que la recurrirá, igual que la otra acusación- -el abogado Juan Francisco Franco Otegui- y destacó la diferencia entre la Justicia española y la de Estados Unidos, donde, según señaló, se condena por casos más leves, informa Efe. Eficacia y éxito claves del pago La sentencia, de 52 folios y de la que ha sido ponente el magistrado Luis Martínez de Salinas, concluye que los criterios sobre las remuneraciones deben ser fijados por quien contrata, es decir, por el consejo de administración, que, una vez definidas las necesidades de la empresa, busca al alto ejecutivo que pueda llevarlas a cabo con eficacia y éxito En este sentido, los magistrados insisten en que es el mercado el que fija las retribuciones, y en este punto un tribunal penal no puede suplir los mecanismos de funcionamiento del mercado financiero La Sala se apoya así en un informe del profesor Olivencia de enero de 2005 cuyo contenido fue ratificado en el juicio oral. En ese escrito se asegura que ni la ley ni los códigos de buen gobierno establecen límites a la cuantía de las retribuciones pactadas al amparo de la autonomía de la voluntad en una economía de mercado, sino que se señalan pautas de comportamiento orientadas a hacer posible la contratación de personas competentes e idó- aprobados por las respectivas juntas generales de accionistas del SCH argumentan. Además, añade la resolución, cuando se habla de las cantidades percibidas por Amusátegui y Corcóstegui es importante atender a la comparación de esas retribuciones con las de otros altos ejecutivos de entidades financieras similares a la nacida de la fusión (del Banco Central Hispano y del Banco Santander) Principio de transparencia Los jueces tampoco creen que se haya incumplido el principio de transparencia en la fijación y concertación de las retribuciones, y, en este sentido, subrayan que puntualmente se ha dado cuenta al consejo de administración del contenido de los contratos- -entre Botín y Amusátegui y entre el primero y Corcóstegui- el propio órgano de administración los ha aprobado y ratificado o ha facultado para la celebración de los mismos e, incluso, posteriormente se ha dado cuenta de su contenido a la propia junta general de accionistas que, al menos en tres ocasiones, también los ha aprobado En cuanto a la fijación de las retribuciones, la Sala concluye que ésta es una misión que incumbe al consejo de administración, pues si estuviera atribuida a los accionistas no sería obligatorio que constase en la memoria que deben realizar los administradores y que debe ser aprobada por la junta general de accionistas neas, en función de la relevancia de sus servicios y de los rendimientos El trabajo que Amusátegui y Corcóstegui desempeñaron en el contexto de los hechos por los que se les imputó consistía en hacer realidad la fusión de dos entidades bancarias de primer orden nacional y obtener éxito en esa fusión La tarea se cumplió con eficacia, y también las conclusiones a las que había llegado en su día el propio Banco de España cuando aprobó la fu- sión bancaria proyectada, convirtiendo al SCH en un grupo financiero de primer orden en el ámbito internacional. En cuanto al perjuicio económico que supusieron para los socios las retribuciones a estos directivos- -uno de los ejes de la acusación- los magistrados señalan que no hubo tal perjuicio, pues el pago de ejecutivos de alta dirección es un gasto de la sociedad y como tal se contabilizó en los balances