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ABC MADRID 14-04-2005 página 16
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  • EdiciónABC, MADRID
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16 Nacional JUEVES 14 4 2005 ABC El Gobierno destituye a Lamo de Espinosa y abre una crisis en el Instituto Elcano El ex ministro socialista Suárez Pertierra podría sustituir a Eduardo Serra a plantear al patronato una modificación de los estatutos que permita remunerar el cargo de presidente. Hasta el momento, Serra no recibía retribución RAMÓN PÉREZ- MAURA MADRID. El Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos (RIE) celebrará el martes una reunión extraordinaria de su patronato convocada para la renovación de cargos Se espera, con este motivo, la destitución del director del RIE, Emilio Lamo de Espinosa, y se cree muy probable la dimisión del presidente del mismo, Eduardo Serra, como muestra de su desacuerdo con los cambios. Según ha podido saber ABC, la intención del Ministerio de Exteriores es imponer como director del RIE a Andrés Ortega, columnista de El País y ex director del Departamento de Estudios de la Presidencia con Felipe González, y como presidente al ex ministro de Defensa socialista Gustavo Suárez Pertierra. Según ha podido saber ABC de fuentes concernidas por los nombramientos, se va a plantear al patronato una modificación de los estatutos que permita remunerar el cargo de presidente. Hasta el momento Eduardo Serra no recibía retribución alguna. El RIE comenzó sus actividades en 2001 y cuenta con el alto patrocino de la Casa Real. Desde su creación fue planteado como un organismo suprapartidista y se buscó para los cargos de responsabilidad a dos personalidades con ese perfil. Así, el actual presidente, Eduardo Serra, había sido ministro de Defensa con el PP y anteriormente secretario de Estado de Defensa con el PSOE. Igualmente, el director del RIE, Emilio Lamo de Espinosa, pasó por la política durante los gobiernos del PSOE, ocupando la Secretaría General de Universidades. Este carácter suprapartidista ha permitido a la institución gozar de una financiación del secb Se va FERNANDO FERNÁNDEZ CORPORATIVISMO E IDEOLOGÍA Gustavo Suárez Pertierra Futuro presidente del Elcano Andrés Ortega Klein Futuro director del Elcano U Un catedrático de Canónico R. P- M. Un hombre de confianza R. P- M. Gustavo Suárez Pertierra (Cudillero, 1949) es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y doctor en Leyes por la de Valladolid. Desde 1978 es catedrático de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Complutense de Madrid. La llegada de los socialistas al poder le llevó a la Dirección General de Asuntos Religiosos, de donde pasó a ser subsecretaio de Defensa en 1984. Entre 1990 y 1993 fue secretario de Estado de Administración Militar. Fue nombrado ministro de Educación y Ciencia en el séptimo Gobierno socialista (julio de 1993) y ministro de Defensa (junio de 1995) Andrés Ortega Klein (Madrid, 1954) es licenciado en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad Complutense y tiene un master en Relaciones Internacionales por la London School of Economics. Entre 1980 y 1988 ejerció como periodista de El País en Londres, Bruselas y Madrid. En la actualidad sigue siendo columnista y editorialista de ese diario. En 1989 fue nombrado asesor ejecutivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y en 1990 se incorporó al Departamento de Estudios de la Presidencia del Gobierno, que dirigiría entre 1994 y 1996. Dirige la revista Foreign Policy en español desde su fundación en 2004. tor privado que suma más de un 65 por ciento de su presupuesto anual. El presupuesto para 2005 prevé unos ingresos de 3.356.000 euros, de los que un 28,65 por ciento procede de diferentes ministerios, mientras que otros pa- tronos del sector privado aportan un 53,63 por ciento y otras empresas y patrocinios representan un 12,21 por ciento. El cambio, que dará al RIE una clara orientación ideológica, genera dudas sobre el futuro de la institución. Según declaró a ABC el portavoz de Asuntos Exteriores del PP, Gustavo de Arístegui, él es partidario de que su partido se retire del patronato del RIE. Este hecho, sumado a la evidente toma de partido de la institución, podría hacer que varias de las empresas privadas se cuestionen su continuidad en el patronato. El pasado día 7 el RIE celebró la última reunión de su Consejo Científico, y durante ella el presidente, Eduardo Serra, hizo un llamamiento para que en el futuro se mantenga la independencia del RIE. Tanto las palabras de Serra como el informe de Lamo de Espinosa, en el que ofreció un resumen de las actividades del año, fueron acogidos con aplausos y parabienes de la treintena de asistentes, aunque varios de ellos comentaron el ostentoso silencio del próximo director, Andrés Ortega, que representa en ese Consejo al grupo PRISA. NA de las herencias franquistas más perdurables es el corporativismo que permea la vida política, empresarial y profesional. Es un vestigio de la democracia orgánica y del llamado Estado Nuevo que actúa como un lastre insoportable para muchos intentos de reforma necesaria en áreas tan distintas como la enseñanza, la sanidad, la colegiación obligatoria o la función pública. Ahora que el Gobierno nos conduce alegre y confiado hacia la segunda transición, tenía una buena oportunidad para reconducir las prácticas estamentales a sus justos términos. Pero para ello tendría que dejar de utilizarlas con fines espurios. Porque cuando el corporativismo se disfraza de ideología política se hace prácticamente invencible. Que se lo digan al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Es para mí un misterio cómo y por qué lo que es una investigación, con las necesarias medidas cautelares, sobre presuntas irregularidades en la atención en urgencias en un hospital se ha convertido en un ataque a la profesión médica. Digo yo, llevado de mi ingenuidad tradicional, que si un responsable político tiene indicios de presuntos delitos está obligado a abrir una investigación, y a apartar temporalmente de su cargo a los posibles implicados. Lo contrario sería prevaricación, o al menos una grave irresponsabilidad. Si fuese médico, enfermero o asistente, tendría interés en aclarar los hechos y no en encabezar una causa general en defensa de algo que no está en discusión, la sanidad pública. Salvo que quisiera aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para asegurarme de que Esperanza Aguirre no cumple su promesa electoral de reducir las listas de espera y se ve obligada a dimitir. Pero entonces no estaría defendiendo la sanidad pública, sino unos legítimos intereses electorales por un procedimiento al límite de lo permisible. Porque en Leganés no está en cuestión el modelo sanitario, lo que por cierto alguien desde posiciones no corporativas tendría que hacer en defensa del interés público, o sea de los ciudadanos, no de los funcionarios. Ni siquiera el derecho a una muerta digna, lo que en todo caso es una traumática decisión moral que no puede sustraerse a la familia. Sino simplemente si hubo irregularidades administrativas, faltas o delitos; si las prácticas denunciadas eran sistemáticas y se producían por acción u omisión; y en su caso, quién era el responsable. Cuestiones todas complejas, que no creo que puedan resolverse en asamblea o manifestación.

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