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4 Opinión MIÉRCOLES 13 4 2005 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil IGNACIO CAMACHO QUE DECIDA LA JUSTICIA L Gobierno socialista ha decidido, finalmente, no impugnar ante el Tribunal Supremo la candidatura del Partido Comunista de las Tierras Vascas. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, explicó que el Ejecutivo no había hallado pruebas relevantes contra el PCTV y descartó abrir un proceso judicial sólo con corazonadas, por olfato o certezas morales También el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, intervino personalmente en la defensa de esta decisión, quizás azuzado por la advertencia personal que le lanzó el secretario general del PP, Ángel Acebes, de que sería su responsabilidad directa que ETA siguiera en el Parlamento vasco a partir del próximo día 17. El jefe del Ejecutivo respondió ayer a esta crítica, pidiendo lealtad al PP con el Estado de Derecho y emplazándolo a no buscar atajos en la lucha antiterrorista, porque no hay causa para ilegalizar al PCTV. Sin embargo, aunque le pese al Gobierno, tales explicaciones no sólo son insuficientes sino que refuerzan la sospecha de que la decisión del Ejecutivo es más política que jurídica. No es al ministro de Justicia ni a Rodríguez Zapatero a quienes incumbe prejuzgar la valoración de los- -como mínimo- -indicios sobre las relaciones entre Batasuna ETA y el PCTV. Esa es la tarea del Tribunal Supremo, al que el Gobierno fuerza al silencio por no presentar la correspondiente demanda al amparo de la Ley de Partidos Políticos. La responsabilidad del Ejecutivo era otra muy distinta. Su responsabilidad era trasladar al Tribunal Supremo eso que López Aguilar reduce a corazonadas, olfato o certezas morales y que, a la vista de los datos conocidos, tiene más entidad que estas meras apreciaciones subjetivas del ministro de Justicia. Se sabe, porque es público y notorio, que hay una estrategia política y electoral coincidente entre el PCTV y Batasuna en grado suficiente para presumir que E aquella candidatura es la continuidad de los grupos proetarras ilegalizados por el Tribunal Supremo. ¿Realmente cree el Gobierno que tras el PCTV no está ETA? ¿Cree el Gobierno que Batasuna iba a confiar su capital político a una formación independiente? La denuncia presentada por el PP ante el fiscal general del Estado no modificará la decisión del Ejecutivo, pero al menos servirá para medir con más precisión el carácter político de la misma porque da forma a todos los indicios acumulados contra el PCTV, según han aparecido en los medios de comunicación. Nada hay peor en un Estado de Derecho que el enmascaramiento de estrategias partidistas con argumentos de escrúpulo leguleyo. El Gobierno y el PSOE no pueden negar que han debatido internamente la conveniencia de que el PCTV concurra a las elecciones autonómicas vascas para debilitar las expectativas de la coalición PNV- EA y mejorar las propias. Tampoco pueden disimular que se están tapando los ojos ante la realidad de que ETA está detrás del PCTV, a través del apoyo político y organizativo que le está prestando Batasuna. Por eso, Rodríguez Zapatero arriesgó en exceso al hablar de ilegalizaciones preventivas y atajos en la defensa del Estado de Derecho porque lo que le piden el PP y una opinión pública mayoritaria es que acuda al Tribunal Supremo y pida la ilegalización de un partido sospechoso de connivencia con el terrorismo; y que lo haga a través del procedimiento previsto en la Ley de Partidos Políticos. Cuando se aplica la legalidad vigente, no hay atajos; cuando deciden los jueces, no hay ilegalizaciones preventivas Las excusas del Gobierno suenan a puro artificio y sólo cabe desear que la lucha antiterrorista no se resienta demasiado por esta decisión del Ejecutivo, justo ahora que estaba tan cerca el esperado momento de un Parlamento vasco libre de ETA. VIVIENDA Y DEMAGOGIA ORA va siendo de hacer balance de un Gobierno que había prometido arreglar el problema de la vivienda y para ello convirtió en Ministerio lo que hasta entonces no era más que una dirección general. El hecho en sí es muy ilustrativo de una forma de proceder. Se pretende solventar el problema por vía administrativa sin reparar en que no hay capacidad para acometer con eficacia esa tarea. Además, se contradice todo el discurso de la España plural, pues la supresión del Ministerio de la Vivienda fue una consecuencia directa de ese inmenso proceso de descentralización política y administrativa que ha tenido lugar en España en el marco de la Constitución de 1978. Pero reconocerlo casa mal con la cantinela de la regresión centralista. La creación del Ministerio se inscribe también en esa denuncia sistemática que desde la oposición se hacía del modelo de crecimiento del ladrillo y la especulación. Modelo, por cierto, que no ha hecho más que extenderse hasta provocar un déficit comercial sin precedentes, pero que ya no se denuncia con tanta pasión, sino que se entiende como necesario. Se define el problema de la vivienda como la imposibilidad de accesode los jóvenes y se promete solucionarlo. Pero, afortunadamente para el país, el Gobierno descubre pronto que pinchar la burbuja inmobiliaria, como parecía su intención inicial, es muy peligroso para la economía nacional y para la supervivencia política del Partido Socialista. Se reinventa entonces el problema del alquiler y se descubren dos millones de viviendas vacías, aunque nadie haya aclarado todavía si están situadas allí donde la gente quiere vivir; detalle importante salvo que a las corralas posmodernas de la ministra Trujillo (convertidas ayer en una mera propuesta de las muchas que estamos analizando se quieran añadir los alquileres móviles. Pero todo este despropósito era perfectamente previsible. Porque a un Ministerio innecesario se le ha añadido una ministra que persigue un protagonismo imposible. Y una ceguera ideológica insólita. Porque el problema del alquiler se arregla restableciendo la seguridad jurídica de los propietarios, como se han hartado de repetir todos los expertos, y no con inventoscomo elde la agencia públicade alquiler, que sólo añade más burocracia y más gasto público para intermediar 25.000 viviendas. El alto precio de los pisos, que, por cierto, no cede pese al voluntarismo de la titular del ramo, tiene causas conocidas y complejas, algunas de las cuales no dependen del Ejecutivo español, como los bajos tipos de interés, y otras para las que falta decisión política, como la liberalización del suelo, que exigiría resolver antes las finanzas municipales. Ante el problema de la vivienda sobra la demagogia y está de más el propio Ministerio. H AMENAZA TEXTIL CHINA L aluvión de productos textiles chinos que inunda la Unión Europea amenaza con arruinar esta tradicional industria, que en España aún emplea a unos 240.000 trabajadores en más de siete mil empresas. Desde el pasado mes de enero, cuando se eliminaron los cupos de importación, el aumento de las importaciones supera ya los límites que permiten la aplicación inmediata de las directrices para aplicar la cláusula específica de salvaguarda. Así lo estudian tanto la Unión Europea como Estados Unidos, y el ministro español de Industria pide celeridad ante los daños irreparables que está causando en el sector. Estas cláusulas permitirían poner freno a esas importaciones masivas, propiciadas en buena medida, según las industrias afectadas, por prácticas de dumping comercial por algunos países, especial- E mente asiáticos, con normas laborales y medioambientales mucho más laxas que las comunitarias. China, por su parte, invoca los principios de la Organización Mundial de Comercio. Este nuevo episodio de competencia indiscriminada se enmarca, asimismo, en la actual confrontación entre quienes defienden el libre comercio y quienes reclaman mecanismos de protección para industrias locales, que, además, cumplen una normativa laboral y medioambiental mucho más rigurosa. Hechos también conexos con la creciente deslocalización de industrias que buscan en esos países menores costes y mano de obra barata. Ante esta situación urge también aplicar políticas de apoyo al diseño y a la calidad, fórmulas para hacer frente a la producción textil barata.