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4 Opinión MARTES 12 4 2005 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil IGNACIO CAMACHO IMPROVISANDO EN INMIGRACIÓN ESE a lo que pudiera desprenderse del anuncio hecho ayer por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, el proceso de normalización de inmigrantes contratados ilegalmente no se ha abierto a quienes no estuvieran empadronados antes del 8 de agosto de 2004. Por tanto, no se trata de una flexibilización como tal de los requisitos, sino de una muestra de confusión y nervios ante unas cifras de expedientes que siguen estando muy por debajo de lo que previó el Gobierno. Lo que ayer acordaron el ministro Caldera y los agentes sociales es algo que podían haber hecho el primer día: pedir al Consejo de Empadronamiento que recuerde a los Ayuntamientos que está legalmente prevista el alta por omisión en los padrones municipales. La imprecisión que acompañó al anunció de las nuevas formas para conseguir el empadronamiento da buena muestra de la huida hacia adelante que supone la iniciativa. Porque a los inmigrantes con contratación ilegal y no empadronados el Gobierno les propone un imposible: que acrediten su residencia previa en España antes del 8 de agosto de 2004 con documentos públicos y además fehacientes, según palabras de Caldera y de la secretaria de Estado, Consuelo Rumí, quienes, sin embargo, no pusieron ningún ejemplo de documentos de esta clase, accesibles a inmigrantes ilegales. Se podría dar la circunstancia de que algunos de ellos utilizaran una orden de expulsión administrativa o judicial (que documenta fehacientemente haber tenido residencia previa en esa fecha) para ser inscritos en el padrón. El anuncio del Gobierno es, por tanto, engañoso y siembra confusión (y por tanto puede contribuir a cebar el efecto llamada porque dicho a estas alturas del proceso administrativo de normalización da a entender una rebaja de las condiciones exigidas a los inmigrantes. Rebaja que no es del todo cierta porque siguen requiriéndose el certificado de empadro- REVÁLIDA DE BLAIR I las elecciones norteamericanas son siempre un espectáculo, las británicas, cuya campaña comenzó ayer, son un ritual que, sin embargo, no desluce la carga emotiva que acompaña su desarrollo. De hecho, los comicios del próximo 5 de mayo prometen ser más intensos que nunca, aunque dentro de lo que permite la paradigmática sobriedad de la que hacen gala los partidos en el Reino Unido. La razón de esta agitada atmósfera electoral reside en que los laboristas tienen ante sí el reto de ganar por tercera vez consecutiva unas generales. Y, además, de hacerlo en un contexto político marcado por las sombras que sigue proyectando el espectro de la guerra de Irak. En realidad, la convocatoria electoral sitúa el debate partidista en torno a la figura de Tony Blair, su estilo de gobierno y sus decisiones. El protagonismo público del líder laborista es indiscutible. Su centralidad y su capacidad de liderazgo en lo que atañe a la iniciativa política marca el comienzo de la campaña, aunque más por inercia y debilidad de sus oponentes que por recursos propios. En este sentido, se ha ido produciendo una progresiva erosión de sus posibilidades, especialmente en los segmentos urbanos más tradicionales del electorado laborista y de una juventud movilizada contra la guerra de Irak. Las encuestas son aquí significativas. Tres de los cuatro sondeos publicados la semana pasada dan como ganadores a los laboristas, aunque reduciéndose el margen de ventaja. Con dos mandatos a sus espaldas, el discurso de Tony Blair y los laboristas parece estar agotando su ciclo. La cuestión estriba en saber si será el próximo mayo o habrá que esperar todavía cuatro años más. Que las elecciones están abiertas es evidente y no sólo por las encuestas. La agresiva campaña preelectoral vivida en las últimas semanas, protagonizada a derecha e izquierda por los conservadores de Howard y los liberal- demócratas de Kennedy, pone de manifiesto que si la guerra de Irak es la punta del iceberg del desgaste laborista (incluso endógenamente) la economía, la inmigración ilegal y la seguridad ciudadana son el trasfondo más soterrado del mismo. Y sin olvidar, claro, los efectos políticos a medio plazo que provoque la sentencia judicial que ha acreditado la existencia de un fraude generalizado en el voto postal que dio la victoria a los laboristas en las municipales de Birmingham celebradas hace un año. A la espera de la deriva que tome este hecho y de cómo articulen su campaña sus oponentes, la victoria o la derrota de los whigs pasa por un nombre y, sobre todo, por un crédito: el del actual inquilino de Downing Street. P namiento, el contrato de trabajo y la ausencia de antecedentes penales. Sin embargo, con ello el Ejecutivo pretende endosar el problema al Consejo de Empadronamiento y a los Ayuntamientos, los cuales serán, a partir de ahora, los responsables de facilitar o no la normalización a los inmigrantes que pretendan esta utópica alta por omisión en el padrón municipal. Si el Gobierno hubiera actuado con criterio y responsabilidad, si hubiera planificado correctamente este proceso desde su inicio, habría tenido en cuenta este mecanismo legal de empadronamiento y no lo recordaría cuando falta menos de un mes para la terminación del plazo de regularización. En cambio, incurre en el apresuramiento y en la improvisación, diluyendo en un súbito laberinto burocrático la responsabilidad del previsible fracaso de un proceso que ya, al margen del resultado, ha ocasionado la preocupación de algunos Estados miembros de la UE. No en vano, Bruselas acordó recientemente un sistema de alerta para información entre los Gobiernos cuando alguno prevea procesos masivos de normalización como el que ha emprendido el Ejecutivo español. La situación no ha mejorado para la inmigración ilegal. Esta última carta que el Gobierno se saca de la manga es una confesión de parte de lo mal que se están haciendo las cosas, pese a que el principio de actuación- -aflorar la economía sumergida basada en la inmigración ilegal- -era acertado. Las ampulosas declaraciones del Ejecutivo sobre las cifras finales y las bondades del proceso de normalización- -se hablaba de regularizar entre 800.000 y un millón de inmigrantes contratados ilegalmente- -han dado paso a continuas rectificaciones e improvisaciones y a una reducción de expectativas que permitan dar por bueno un pobre saldo, que no será el prometido ni justificará esta grave inflexión en la política inmigratoria. S LA COLMENA DE TRUJILLO SA inagotable factoría de ocurrencias habitacionales en la que María Antonia Trujillo ha convertido su Ministerio produjo ayer la más estrambótica solución para atajar el problema de la vivienda: reducir el tamaño de los pisos de protección oficial a 25 metros cuadrados. El anuncio, que cuesta tomar en serio, pone de manifiesto que, un año más tarde, la ministra y el Gobierno al que pertenece se reconocen incapaces de abaratar el precio del suelo- -tal y como habían prometido en la campaña electoral- -y que, como solución imaginativa (sic) han decidido hacer más pequeñas las casas. Suena a chiste infantil, pero no cabe otro análisis ante la simpleza que se propone como paliativo de uno de los asuntos que más preocupan a los ciudadanos. Al parecer, la idea trata de satisfacer la deman- E da de la ciudadanía de una tipología de vivienda diferente a la tradicional, que trata de imitar los modelos de los países más avanzados Eso sí, para compensar las estrecheces se sugiere hacer comunales los pasillos, el lavadero y los trasteros lo que se califica como una solución sostenible Sin duda, parece llegado el momento de que Rodríguez Zapatero se plantee seriamente la continuidad de Vivienda en el organigrama de su gabinete, pues se trata del Ministerio más improductivo (y la competencia es dura) e ineficaz de todo el Ejecutivo. Mientras el precio del metro cuadrado continúa disparado y cuando este asunto sigue siendo un motivo de angustia para gran parte de la ciudadanía, y en especial para los jóvenes- -a los que se prometió la creación de 180.000 pisos- la alternativa parece ser construir pisos a la japonesa