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4 Opinión LUNES 11 4 2005 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil IGNACIO CAMACHO A GRANDES PROBLEMAS, PEQUEÑAS SOLUCIONES unas semanas de cumplirse el primer año de gobierno de Rodríguez Zapatero, la producción legislativa del Ejecutivo socialista continúa presentando un perfil enclenque y tenazmente ineficaz para aumentar el bienestar de los ciudadanos. El último ejemplo lo aporta, cómo no, el que probablemente haya sido el departamento más inane de todo el organigrama ministerial dispuesto por el líder socialista para esta legislatura del talante, el diálogo y los derechos el pomposo parapeto en el que parece enredado el proyecto del PSOE. Resulta decepcionante que se haya invertido un año para presentar la puesta en marcha de la Sociedad Pública del Alquiler (SPA) que además de elegir el camino intervencionista propio de regímenes paternalistas, nace con unos objetivos tan rácanos como inaceptables- -promover 25.000 alquileres en cuatro años sobre un parque de viviendas vacías que alcanza los tres millones- Acometer con este avío legal un problema tan serio como el que representa la vivienda para millones de españoles invita a un pesimismo de más largo alcance sobre las posibilidades e interés del Gobierno en resolver cuestiones vitales para la ciudadanía. Peor es aún que se presente como novedad o piedra filosofal un mecanismo que ya funciona (con menor coste para arrendador y arrendatario, y para la administración competente) en Ayuntamientos y Comunidades. Autonomías como la murciana o la valenciana y ciudades como Madrid o Málaga, por citar sólo algunos ejemplos, disponen ya o van a disponer en breve de agencias de alquiler similares, pero con unos objetivos más ambiciosos y que gestionan gratuitamente la prestación de este servicio, no como el proyecto de María Antonia Trujillo, que pretende cobrar comisiones de hasta el 20 por ciento por operación. Además de ser agencias más baratas que la SPA, presentan PERSONAL MILITAR A las mismas garantías y derechos para los propietarios y los inquilinos implicados en cada actuación o solución habitacional En este sentido, conviene preguntarse a estas alturas si tras la estrambótica semántica inventada por la ministra no se esconde otra cosa que conseguir que el ciudadano no se entere de la nimiedad que se propone. Lo más inquietante del asunto es, sin embargo, que la futilidad que presenta este proyecto no es privativa del Ministerio de la Vivienda, aunque este suponga sin duda el más grueso ejemplo de ineficacia administrativa del actual gabinete. Ya desde estas líneas se reseñó el porte demagógico que presentaba el centrar sobre la creación de un Departamento específico el abaratamiento del precio de la vivienda, cuando las competencias en materia urbanística residen en Ayuntamientos y Comunidades. Pero la venta de humo no es exclusiva de Vivienda, pues ya la hemos observado últimamente en el proyecto de reforma fiscal presentado por el vicepresidente Pedro Solbes, que convierte en papel mojado buena parte del programa socialista en esa materia: deja las cosas casi como están en la actualidad y además aplaza su entrada en vigor para las vísperas electorales. De la misma manera, las medidas puestas en marcha contra la piratería en los productos culturales- -asunto de inquietud permanente en ese sector- -no dejan ser una mera declaraciones de propósitos. Bien está que se detecte la gravedad del problema y que se actúe contra él, pero mejor hacerlo con medidas más efectivas que prosopopéyicas. Obsesionado por la reforma de los Estatutos y de la Constitución- -en pago a las hipotecas que le presenta el elenco de socios elegidos para poder gobernar (ERC e IU) el gabinete de Rodríguez Zapatero olvida el día a día y no acomete con seriedad la tarea legislativa que reclaman los ciudadanos y sus verdaderos problemas. E EL CÓNCLAVE SIGILOSO L colosal impacto mediático que han tenido el fallecimiento y las exequias por Juan Pablo II, acordes a la talla y al papel jugado por este Papa durante su pontificado, ha enfocado los ojos del mundo hacia Roma. Sepultado el cuerpo del Sumo Pontífice, esa mirada unívoca se prolongará hasta el Cónclave del Colegio de Cardenales, que a partir del próximo lunes cumplirá con la tradición de encerrarse para elegir al sucesor de Karol Wojtyla. Tan importante decisión requiere, seguramente, un sosiego difícil de mantener cuando se da tan portentoso interés mediático. Si algo ha definido siempre a la institución más antigua de la Humanidad es el de marcar su propio paso y no dejarse mediatizar por urgencias exógenas o prisas ajenas. Que los purpurados hayan acordado un pacto de silencio con el que se eviten distracciones, malen- E tendidos e intoxicaciones da buena medida de la tensión mediática que planea sobre la Capilla Sixtina. Difícil será, no obstante, que, según se acerca la fecha de la reunión electiva, el interés de los medios y las ansiedades despertadas no consigan desentrañar algunas de las claves que estén guiando las votaciones del Colegio. Además, la historia de los cónclaves es fértil en rumurologías y tomas de temperatura previas a la fumata blanca. Pero sí parece sensato cierta cautela, sobre todo ante el riesgo de que el Cónclave se convierta en una especie de convención electoral o en vademécum de dimes y diretes. En cualquier caso, ese inusitado interés mediático es también parte del legado terrenal de Juan Pablo II, cuyo pontificado situó a la Iglesia en una preeminencia informativa casi desconocida. L problema más serio que deben afrontar hoy día las Fuerzas Armadas es la consolidación de un Ejército profesional a la altura de las exigencias de nuestra defensa nacional. Estamos muy lejos, en efecto, de alcanzar el número de efectivos legalmente previsto, que se sitúa entre 102.000 y 120.000 miembros. Cuesta mucho reclutar militares de complemento, que constituyen más del 90 por ciento del total, a pesar de las campañas publicitarias y de las vagas promesas de formación y experiencia para los jóvenes que podrían estar interesados en alistarse en los Ejércitos y la Marina: la cifra actual, alrededor de 70.000 soldados, no cubre las necesidades mínimas. Es cierto que no corren buenos tiempos para superar los tópicos acumulados sobre el servicio militar y que no es fácil encontrar eco para las invocaciones al patriotismo y al espíritu de sacrificio. Pero también es verdad que una política razonable de incentivos económicos y de expectativas profesionales puede ayudar a paliar un problema que no ofrece perspectivas de solución a medio plazo. Los Ejércitos tienen que estar presentes en el escenario internacional y participar en la OTAN y en los proyectos de defensa común europeos. Pero no basta con la retórica y tampoco es suficiente, aunque resulte satisfactorio, constatar la buena imagen que transmiten nuestros soldados en las misiones que realizan. De ahí que deban ser examinadas con interés las medidas que anuncia Defensa, todavía en fase de anteproyecto de ley, de las que ayer informaba ABC. Se trata de ampliar el tiempo de permanencia en el Ejército de 12 a 22 años y de aplicar esta medida con efecto retroactivo, con la intención de recuperar a gente valiosa, víctima de la rigidez de la normativa actual. El objetivo esencial de las novedades que se introduzcan para fomentar la recluta de profesionales debe traducir en la práctica, con eficacia y con realismo, las previsiones esenciales que la Constitución reserva a las Fuerzas Armadas. Pero para ello es preciso que la sociedad se desprenda de los tópicos antimilitaristas y que entienda que una vez dado el trascendental paso de la profesionalización es necesario invertir en Defensa y abandonar las frivolidades. Y es en esa labor didáctica donde se ha de perseverar. Porque a estas alturas quizás no se haya explicado a los ciudadanos el gigantesco salto que supuso dejar atrás un modelo de Ejércitos de leva obligatoria. La modernización de las Fuerzas Armadas- -más aún, la persistencia misma del modelo elegido- -requieren invertir en ellas. El Gobierno debe allegar esos fondos y toda la clase política hacer entender a la sociedad que se trata de un gasto imprescindible.