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48 Madrid MIÉRCOLES 6 4 2005 ABC El consejero Lamela acusa por carta a PSOE e IU de crear alarma social en la crisis del Severo Ochoa Los hospitales públicos se suman a las protestas por los ceses de Leganés b El responsable de Sanidad afir- REACCIONES ma que la oposición no ha estado a la altura de las circunstancias y ha puesto sus intereses políticos por encima de los generales SARAH ALLER MADRID. La crisis desatada en el hospital Severo Ochoa de Leganés, donde se investigan supuestas sedaciones irregulares a pacientes terminales, pierde cada vez más su condición de conflicto médico para convertirse en arma arrojadiza de la clase política regional. Mientras las protestas de los trabajadores del centro- -donde fueron destituidos el coordinador de urgencias, el gerente y el director médico- -tienen visos de extenderse al resto de hospitales madrileños, las declaraciones de portavoces políticos de uno y otro signo no dejan de sucederse. Ayer, en el origen de las trifulcas se situó la carta enviada por el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, a los portavoces de Sanidad de la oposición- -PSOE e IU- -presentes en la Cámara regional. La misiva tenía doble intención. Por un lado, trasladar a la oposición las conclusiones del informe elaborado por sus técnicos sobre el caso del Severo Ochoa. Y por otro, criticar la actitud de PSOE e IU en la gestión de la crisis. La carta, fechada el 21 de marzo pero que llegó ayer a la Asamblea, hace referencia a las importantes irregularidades en el ámbito administrativo detectadas por los inspectores de la Consejería e insiste en la existencia de indicios racionales sobre presuntas sedaciones tanto no indicadas como excesivas Todo esto lleva a exigir, según la carta, la adopción de medidas concretas inmediatas, sin perjuicio de que en las próximas semanas se puedan plantear otras, bien de oficio o a instancia de otros órganos Sin embargo, las críticas a la oposición que se añaden en la misiva son las que vuelven a destapar la caja de los truenos. En el escrito, Lamela lamenta profundamente la actitud política mantenida por PSOE e IU y cree que no han estado a la altura de las circunstancias al anteponer intereses políticos a los intereses de los ciudadanos y de los profesionales sanitarios La conclusión, según el consejero, es que han creado alarma social. Por este motivo, les lanza un mensaje bastante claro, en el que apela a su responsabilidad para poder concluir las investigaciones sin trasladar a la opinión pública alarmas innecesarias o mensajes equívocos Como puntilla, recuerda a los portavoces de la oposición que cuenta con el Manuel Lamela Consejero de Sanidad Alguien dimite porque está cansado o porque cree que ha cometido algún error y, en mi caso, no se ha producido nada de eso a nadie. Desde las filas socialistas, el secretario regional, Rafael Simancas, recogió el guante y devolvió las críticas de alarmismo al propio consejero. Según el portavoz del PSOE, fue el propio Lamela el que habló de 400 casos supuestos casos de eutanasia activa y el que hizo referencia a supuestos informes en los que se prueban irregularidades Por este motivo, el único imprudente, alarmista y poco responsable es, para Simancas, el consejero regional, que ha quebrado, dice, la confianza y la relación médico- paciente. Para reforzar su tesis, el portavoz del PSOE mencionó además las ocasiones en que el servicio de urgencias del Severo Ochoa ha estado bajo investigación, episodios que no han servido nunca, dice, para establecer mala praxis en el centro Comportamiento exquisito Quien también criticó los planteamientos del responsable de Sanidad fue el portavoz de IU, Fernando Marín, que hasta el momento se había mantenido en un discreto segundo plano en la crisis abierta en el Severo Ochoa. Calificó de desfachatez y falta de respeto las acusaciones de Lamela a su grupo parlamentario y aseguró que su comportamiento ha sido exquisito desde que se produjeron las denuncias anónimas en el centro sanitario. Marín, que pidió la dimisión de Lamela por su incompetencia e incapacidad aseguró que su actuación ha sido exagerada puesto que la inspección llevada a cabo hasta el momento únicamente advierte de irregularidades administrativas Junto a la petición de dimisión, tanto PSOE como IU coinciden en reclamar al consejero que les haga llegar el informe completo de sus inspectores. El principal motivo, estar preparados para contraatacar en la comparecencia de Lamela prevista para mañana en la Asamblea regional. Sin embargo, desde el PP aseguran que los documentos trasladados a la oposición son los correctos. Ayer, el portavoz parlamentario popular, Antonio Beteta, lo defendió al señalar que la información que el Gobierno regional ha remitido a PSOE e IU es toda la que se puede dar, según la Ley de Protección de Datos Beteta acusó además a los socialistas de buscar el ataque al Gobierno y de querer el enfrentamiento con los profesionales. Este choque frontal entre Gobierno y oposición por el caso del Severo Ochoa ha vuelto a trascender las fronteras regionales y ha llevado a la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, a colarse en el círculo de declaraciones. Para Salgado, en la gestión de la crisis sanitaria han fallado las formas en alusión a las actuaciones llevadas a cabo desde la Comunidad de Madrid. Y esto ha provocado, dice, una situación de desconfianza de los pacientes en los profesionales sanitarios. Otro de los efectos secundarios que apunta la ministra es que los especialistas que habitualmente procuran un final de la vida en condiciones más dignas puedan retraerse ahora ante el temor que ha generado esta alarma social El siguiente en sumarse al rifirrafe de declaraciones fue el alcalde, también socialista, de Fuenlabrada, Manuel Robles, que mostró una vez más su apoyo a los trabajadores del Severo Ochoa. Para Robles, las cosas están muy claras, tanto que se anticipa incluso al resultado final de las investigaciones. Dice que Lamela se ha equivocado que debería restituir a los profesionales cesados y dimitir. Tras calificar la actuación del consejero de ataque al sistema sanitario público Robles aprovechó además para criticar la falta de discreción del Gobierno regional al filtrar informaciones a los medios de comunicación. Rafael Simancas Secretario general del PSM Lamela ha sido imprudente, alarmista y poco responsable. Fue él quien habló de 400 supuestos casos de eutanasia activa Elena Salgado Ministra de Sanidad Aguirre se ha equivocado en las formas; estoy preocupada porque se ha generado desconfianza entre los profesionales Movilizaciones en el Ramón y Cajal Mientras tanto, las protestas de los médicos del Severo Ochoa tienen visos de extenderse en los próximos días al resto de la región. Ayer, la presidenta de la Junta de Personal del hospital, Isabel Serrano, hizo pública la decisión de las 11 áreas sanitarias de sumarse a las concentraciones diarias que se producen en el Severo Ochoa. De momento, los profesionales del Ramón y Cajal están llamados hoy a concentrarse a las puertas de su cen- apoyo del Consejo Superior de Sanidad, una forma más de justificar las tres destituciones polémicas que la Consejería gestionó tras destaparse las presuntas irregularidades. El recado de Lamela a los portavoces de la oposición no dejó indiferente