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4 Opinión JUEVES 31 3 2005 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil IGNACIO CAMACHO FRACASO A LA PRIMERA L A relación del PSOE con el Poder Judicial tiene un problema endémico de desconfianza y afán de control, que se hizo patente en 1985, cuando transfirió al legislativo el control absoluto de la composición del Consejo General, y ha vuelto a ponerse de manifiesto veinte años después, con una reforma manipuladora de los principales nombramientos judiciales. Con la excusa de reforzar el consenso entre los bloques internos del CGPJ, el Gobierno socialista aumentó hasta tres quintos la mayoría necesaria para designar, entre otros, a los magistrados del Tribunal Supremo. La iniciativa encubría el intento de neutralizar la mayoría conservadora del CGPJ, formada no sólo por la voluntad de ambas Cámaras, sino también por la decisión mayoritaria de los jueces españoles, reproducida, con mayor contundencia si cabe, en las elecciones a las Salas de Gobierno de los Tribunales colegiados, ganadas de forma abrumadora por la Asociación Profesional de la Magistratura. Las consecuencias de esta mala reforma judicial se están sufriendo en la primera ocasión en la que ha sido aplicada: la cobertura de vacantes en las presidencias de tres Salas del Tribunal Supremo. No es cierto que la división interna del CGPJ esté impidiendo las designaciones de los nuevos presidentes. Lo que impide estas designaciones es una innecesaria mayoría cualificada, que el Gobierno socialista ha impuesto para forzar un reparto de cuotas que satisfaga a la izquierda judicial. El consenso no se impone a punta de ley, menos aún cuando tal resultado se pretende con una reforma tramitada irregularmente y contraria al carácter de Estado que debería imperar en la política judicial del Gobierno. No deja de ser un contraste significativo que el PP, con mayoría absoluta, propiciara en 2001 un acuerdo de Estado con el PSOE para la reforma de la Justicia; y que el PSOE, sin una mayoría similar, descarte al PP para legislar sobre un órgano constitucional, en el que, para mayor des- propósito gubernamental, tampoco cuenta con apoyo mayoritario. Ni hay consenso para los nombramientos- -al contrario, el Gobierno ha creado un veto que no existía- -ni hay respeto institucional hacia el Poder Judicial, alterado en su funcionamiento a conveniencia de un cálculo meramente partidista. Al margen de cuál sea el resultado del recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP, esta reforma del CGPJ vulnera el equilibrio entre poderes y somete a la Justicia a la arbitrariedad de las decisiones políticas. Tiene razón el magistrado Martín Pallín al retirar su candidatura para presidir la Sala Segunda, harto de que el acceso a las más altas magistraturas judiciales esté precedido de un regateo de cuotas entre bloques. El Gobierno afirmó que este nuevo sistema de mayoría cualificada reforzaría la independencia de los jueces y el prestigio de los designados. El fracaso de la reforma desmiente esta afirmación propagandística y descarga en el Gobierno una responsabilidad muy grave por la crisis que está paralizando al CGPJ. No se debe gobernar como si la oposición no existiera- -menos aún cuando es imprescindible por número para determinadas decisiones- -y como si la democracia no tuviera sus reglas de comportamiento, que son las que dan un valor añadido de calidad a los gobiernos y a las instituciones. El consenso interno en el CGPJ debía haber sido objeto de otro planteamiento por parte del Gobierno, con la participación del PP en una política judicial que nunca será de Estado si se deja fuera a los populares y se pacta con determinados grupos minoritarios, que no creen en la independencia de los jueces- -como se ha visto en las críticas del PNV, aliado del PSOE en esta reforma del CGPJ, contra la sentencia del TS sobre Aukera Guztiak- -ni en la unidad jurisdiccional del Estado, a la que no quieren dejar al margen de la euforia federalista- -o confederal- -desatada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. DEUDA SIN LÍMITE L PARADOJA VASCA S innegable que la sociedad vasca valora su situación política interna con criterios apenas congruentes con las pautas democráticas que se aplican en el resto de España para juzgar el fenómeno del terrorismo y el papel histórico del nacionalismo vasco. Sólo si se tiene en cuenta esta premisa es posible evitar la sorpresa- -otra cosa es la incredulidad o el pesar- -ante el dato paradójico ofrecido por la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas de que el PNV, que pactó en 1998 con los terroristas el Acuerdo de Estella y cuyo Plan Ibarretxe salió adelante con el apoyo explícito de la organización etarra, sea valorado como el partido que más lucha contra ETA; o de que sólo un 4 por ciento de los encuestados recuerde haber votado al PP, pese a que en 2001 ocupó la segunda posición, con el 22,9 por ciento de los sufragios y 19 escaños. A partir de ahí, las intenciones de voto calculadas por el CIS adquieren un valor relativo E y, en todo caso, secundario ante el problema ético que aflora en esos datos sociológicos tan llamativos. Las razones de esta ceguera política y moral tienen mucho que ver con el carácter excepcional de la democracia vasca, causado, entre otros factores, por la eficacia de la propaganda nacionalista sobre el conflicto con el Estado- -conflicto del que ETA sólo sería una parte y hasta víctima- -y del recurso al victimismo para excusar la falta de compromiso con el Estado para vencer al terrorismo etarra. El clientelismo resultante de más de veinte años de hegemonía nacionalista hace el resto, pero todos son datos suficientes para constatar que el nacionalismo vasco tiene una responsabilidad directa e intransferible en haber conformado una sociedad de intereses y futuros antagónicos, y con una grave disparidad de criterios éticos ante el terrorismo y sus consecuencias en la vida de los amenazados. A deuda autonómica supone ya el 6,5 por ciento del PIB nacional y no deja de crecer. Las Comunidades más endeudadas, en valores absolutos y relativos, son Valencia y Cataluña, lo que constituye una hipoteca a su desarrollo futuro. Y se trata sólo de la punta del iceberg, porque estos datos no incluyen el endeudamiento de la miríada de sociedades mercantiles públicas, que acabará recayendo sobre los presupuestos porque carecen de la capacidad de generar recursos comerciales suficientes, ni tampoco los avales concedidos a las televisiones autonómicas. Se trata de un problema general del Estado de las Autonomías, más allá del partido político que ejerza eventualmente el poder. Existe una tendencia a gastar por encima de las posibilidades presupuestarias propias, que se alimenta de la incapacidad del Gobierno central para poner límite efectivo al endeudamiento autonómico y de la percepción de las instituciones financieras de que existe una garantía estatal implícita, porque ningún gobierno central se va a atrever a dejar que quiebre a una Comunidad Autónoma. Se refuerza además por las complejas relaciones financieras y políticas entre poder local y cajas de ahorros. Era un tema que preocupaba mucho, y con razón, a la oposición socialista, pero del que apenas habla desde un Gobierno envuelto en la vorágine descentralizadora de la España plural. Ha sido un tema recurrente en los análisis del FMI y la OCDE sobre la economía española. El equipo económico es consciente del problema y ha dado algunos tímidos pasos para encauzarlo. El más importante es obligar a todas las Comunidades a dar la información presupuestaria mensual en forma tal que permita conocer de antemano la evolución de esta deuda y no esperar a la liquidación anual. También ha sugerido la creación de una oficina presupuestaria independiente del Gobierno que ayudaría al Consejo de Política Fiscal y Financiera en su labor de fiscalización conjunta. Pero se han dado importantes pasos atrás, como el anunciado reconocimiento de una presunta deuda sanitaria con Cataluña, que abriría un melón de incalculables consecuencias, o la derogación de la Ley de Estabilidad Financiera y su sustitución por un sistema confederal de negociación a diecisiete, que hace del equilibrio presupuestario un milagro matemático. Porque el diagnóstico territorial está profundamente equivocado y produce una esquizofrenia creciente. El Gobierno parte de la regresión centralista y constata día a día que lo que no hay son competencias del Gobierno central. Pero se calla. El crecimiento de la deuda autonómica y la incapacidad del Ejecutivo central para ponerle límite es una evidencia más.