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ABC MARTES 29 3 2005 Nacional 19 Los responsables del Carmelo declararon ante la Policía un día antes del socavón La Generalitat trata de pactar con la UTE el pago del coste del hundimiento ABC BARCELONA. Dos responsables de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que construía la prolongación de la Línea 5 del metro de Barcelona declararon ante la policía después del hundimiento del túnel del Carmel, que forzó el desalojo de 1.057 personas. Fuentes cercanas a las constructoras- -Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) Comsa y Copisa- -han explicado que el 26 de enero, un día después del primer desprendimiento de tierras y una jornada antes de la aparición del socavón, fue interrogado en la comisaría de la Policía Nacional de Horta- Guinardó el jefe de obras de la UTE, cuya identidad no ha sido facilitada. Posteriormente, el 2 de febrero y en la misma comisaría, prestó declaración el ingeniero de caminos José Antonio Rubin de Celis, gerente de la UTE, por el mismo motivo. Ambas declaraciones duraron varias horas, se produjeron en presencia de los asesores legales de las constructoras, no supusieron la detención de estos responsables de la obra y se han incorporado al proceso judicial que instruye el juzgado número 33 de Barcelona. tes próximas a la ejecución de la obra, radicaban en el propio sistema de contratación de GISA, que contempla que a las empresas adjudicatarias que se desvían de los presupuestos se les restan puntos para próximas licitaciones, lo que afectaba no sólo a los socios de la UTE, sino también a las ingenierías de la dirección de obras, Tec- Cuatro y Geocontrol. El conseller de Obras Públicas, Joaquim Nadal, en sus tres comparecencias parlamentarias para explicar el hundimiento del túnel, nunca se ha referido a las declaraciones ante la policía de los responsables de la obra. Na- dal y responsables de las constructoras mantienen desde el inicio de la crisis, hace ya dos meses, estrechos contactos en un intento de llegar a un acuerdo para que la mayoría de los costes de reparación de los daños corran a cargo de los 93 millones de euros de capital asegurado por la compañía Zurich que cubría la obra, según fuentes conocedoras de estos contactos. Sin embargo, esto topa con la dificultad de que las constructoras asuman su responsabilidad ante los tribunales, algo que las empresas y sus asesores legales por ahora se niegan a hacer y se muestran más partidarios de un pleito largo que podría durar varios años. Comisión de investigación El diputado en el Parlament del PP Daniel Sirera avanzó a Efe que cuando Rubin de Celis comparezca ante la comisión de investigación le pediremos que explique lo mismo que en su día señaló a la policía Sirera añadió que si ha habido una declaración ante la policía de una segunda persona, que en este caso la comisión no tiene previsto interrogar, pediremos su comparecencia, ya que esta declaración, que se produjo en los primeros días de la crisis, puede ser clave para conocer las causas del hundimiento Por su parte, portavoces de la UTE declinaron hacer declaraciones al respecto y se limitaron a señalar que hay un proceso judicial abierto sobre el tema. Fuentes conocedoras del contenido de las declaraciones apuntan a que éstas podrían revelar parte del contenido de los faxes que intercambiaron la UTE y la empresa pública GISA, en los que los constructores demandaban reforzar la estructura del túnel. Ni los constructores ni la dirección de obra detuvieron los trabajos en el túnel de maniobras del Carmel, a pesar de que el director general de GISA, Mateu Tersol, reconoció en la última sesión de la comisión de investigación que en el punto donde se produjo el hundimiento se registraron reiteradas incidencias, algo que también quedó recogido en las actas de obra. A pesar de estas incidencias, el director de la obra no dio la señal de alarma ni detuvo los trabajos porque consideró que se trataba de aspectos que no eran graves Las razones para no gastar más dinero en el túnel, según han señalado fuen-