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ABC LUNES 28 3 2005 11 Rajoy convoca a sus presidentes autonómicos para aunar criterios sobre las reformas estatutarias A las doce de la noche del 31 de marzo, cuando comience la campaña electoral, concluye el plazo para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la anulación de la lista de Aukera Guztiak acordada por el Supremo, que la considera heredera de Batasuna Comienza la cuenta atrás en el TC TEXTO: N. VILLANUEVA mente, comparecieron en rueda de prensa en San Sebastián para leer un comunicado en el que se afirma que el PSOE del señor Rodríguez Zapatero, pudiendo evitar esta situación totalmente antidemocrática, ha hecho justamente todo lo contrario En medios políticos vascos se considera que, de confirmarse la ausencia del entorno político de ETA de las urnas, la ilegalizada Batasuna intentará estar presente en la próxima legislatura autonómica a través del PNV, con negociaciones extraparlamentarias. Esa estrategia funciona ya en los Ayuntamientos vascos en los que algunos alcaldes del PNV dan incluso la palabra en los plenos a los miembros de las plataformas ilegalizadas que no pudieron concurrir a las elecciones municipales de 2003. MADRID. Antes de que arranque la campaña electoral vasca, a las doce de la noche del jueves, el Tribunal Constitucional tendrá que haber resuelto el recurso anunciado por Aukera Guztiak contra la sentencia del Tribunal Supremo, que el sábado anuló esta lista por considerarla el instrumento con el que ETA pretende participar en las autonómicas. El recurso de amparo de esta plataforma se basa en la presunta violación de derechos fundamentales- -libertad de expresión, libertad ideológica o participación en asuntos públicos- -y, al igual que ha sucedido en anteriores convocatorias, en las que las candidaturas de partidos y agrupaciones vascas fueron anuladas por el Tribunal Supremo, tendrán que ser de nuevo seis magistrados- -y no los doce que componen el Pleno- -los que decidan si conceden o no amparo a los recurrentes, o lo que es lo mismo, si ratifican o no la sentencia del Supremo. Previsiblemente, y al igual que sucedió en casos anteriores- -el último, la anulación en mayo de 2004 de la candidatura de Herritarren Zerrenda (HZ) con ocasión de las elecciones al Parlamento europeo- el Constitucional avalará la decisión tomada el sábado por el Supremo. Precisamente la sentencia del Alto Tribunal se hace eco de la jurisprudencia sentada por el TC en casos similares al de Aukera, en los que también se analizaba si el partido o la agrupación en cuestión representaban continuidad respecto a los partidos ilegalizados en 2003: HB, EH y Batasuna. En concreto, la resolución del Tribunal Supremo se refiere en varias ocasiones a la sentencia con la que el Las dirigentes de Aukera Marije Rodríguez y Ana Arbulu, ayer Constitucional anuló la lista de HZ (99 2004 de 27 de mayo) y a aquélla con la que el TC avaló la ilegalización, acordada también por el Supremo, de las formaciones antes citadas (85 2003 de 8 de mayo) En ambas, los magistrados apreciaron que las instrucciones destinadas a conformar las listas electorales, la publicación de anuncios dirigida a incentivar la recogida de firmas, la indicación de cuentas bancarias para recaudar fondos y las declaraciones públicas de apoyo por parte de dirigentes de un partido político ilegalizado venían a romper la nota de espontaneidad característica de las agrupaciones electorales, convirtiéndose en una pretensión calculada y concertada para ob- EFE viar las consecuencias jurídicas de la disolución de un partido. Otra de las cuestiones sentadas por el Tribunal Constitucional se refiere a la trascendencia del silencio cuando no se condena el terrorismo. En este sentido, el TC ha señalado que si bien a ningún ciudadano se le puede exigir manifestar adhesiones o repulsas es perfectamente aceptable en una sociedad democrática que, tan pronto se cierna sobre una agrupación electoral la sospecha fundada de connivencia con el terror pueda esperarse de ella una declaración inequívoca de distanciamiento, rechazo y condena de cuanto representan una organización criminal y sus instrumentos políticos