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4 Opinión DOMINGO 27 3 2005 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil IGNACIO CAMACHO ETA SE TOPA CON LA LEY ha estado comprometida y dañada mientras los gruOS indicios políticos, policiales y judiciales pos políticos proetarras actuaban libremente en las que se habían expuesto previamente sobre la instituciones representativas del pueblo vasco. relación de Aukera Guztiak (AG) con la banLos responsables de AG recurrirán, con toda seda terrorista ETA se convirtieron ayer en las certeguridad, ante el Constitucional. Superada la revizas inequívocas por las que la Sala Especial del Trisión judicial que correspondía al Supremo, el TC bunal Supremo decidió anular la lista no tan blanca abordará la cuestión no con criterios distintos a los de Batasuna. La sentencia fue adoptada por unaniempleados por la Sala Especial, porque en la ilegalimidad, dato importante porque refleja la conviczación de una candidatura electoral están en juego ción de los magistrados, evita interpretaciones tenprincipios y valores constitucionales que incumdenciosas y ofrece un pronunciamiento sin fisuras. ben a todo Tribunal, sea cual sea su jurisdicción. No También, porque supone un respaldo a la labor de obstante, el TC habrá de incidir en la proporcionalila Abogacía del Estado y de la Fiscalía General, así dad de la anulación dictada por el Supremo, lo que como a la investigación preliminar de las Fuerzas debería implicar una revisión de las pruebas, tarea de Seguridad del Estado. En definitiva, se trata del que habría de limitarse a verificar la licitud de su trabajo conjunto de las instituciones del Estado de obtención y la suficiente motivación de las mismas Derecho, sometido en última instancia a la decisión por parte de los magistrados de la Sala Especial. independiente de los Tribunales de Justicia. No faltarán, sin duda, quienes descalifiquen la N este sentido, la sentencia es muy detallada en sentencia como un fallo prejuzgado y a la medida de la valoración de cada prueba aportada por la una determinada política antiterrorista. Desde lueAbogacía del Estado y la Fiscalía, se pronuncia congo, nada hay de malo en que los Tribunales de Justigruentemente sobre todas las alegaciones de AG y cia asuman también su cuota de compromiso conse apoya en la doctrina tanto propia como del TC tra el terrorismo, mediante la aplicación imparcial emanada de la resoluciones dictadas para la ilegaliy objetiva de la ley. Pero no es el de AG el caso en zación del entramado batasuno en 2003, así como en que pueda hablarse de prejuicios y falta de imparla jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derecialidad, porque supondría desplazar gratuitamenchos Humanos. En todo caso, el proceso sobre AG te las dudas sobre los jueces, cuando las dudas están no ha acabado y el Constitucional es una instancia siempre sobre la izquierda abertzale creada por la distinta, por lo que el fiscal y el abogado del Estado organización terrorista ETA. La anulación de AG deben mantener la máxima tensión argumental. es la consecuencia del monstruo generado por ETA En el terreno político, Batasuna y ETA se topan en la sociedad vasca, esa izquierda instrumental nuevamente con la ley y ven que sólo existe en la medida en que sirve a los intereses estraLa sentencia del Supremo que se quedan definitivamente fuera de las instituciones tégicos de la banda. Haya o no confirma la vigencia y vascas, de su financiación y de proceso judicial, la sospecha sus plataformas públicas. El siempre acompaña a toda izutilidad de la Ley de daño que pueden sufrir es quierda independentista que, lo tena diferencia de otras que sí lo Partidos y su adecuación muy grave, y la banda propadrá en cuenta, porque, han hecho (Aralar) no condena el terrorismo. Ésta es la expara el desmantelamiento ganda al margen, toda organización terrorista sabe medir periencia en el último cuarto de los entramados el estado de ánimo de sus sede siglo. guidores y cuando éste decae La sentencia del Supremo políticos de ETA suele endurecer su actividad. también confirma la vigencia Para el PNV, esta sentencia y utilidad de la Ley de Partisupone un paso más en la neudos Políticos y su perfecta adetralización de la izquierda proetarra y la deja aún cuación para el desmantelamiento de los entramamás a su merced, aunque esto exija de los peneuvisdos políticos de ETA. Y así se está haciendo con tas un discurso electoral más radical que suplante a unos niveles de calidad constitucional que son inBatasuna e impida que los votos de esta coalición se discutibles- -principalmente porque el Tribunal dispersen o queden en la abstención. Como supuesConstitucional ha refrendado la ley- mediante un to receptor de esos apoyos, el PNV aumenta su resproceso abreviado, contradictorio y resuelto por la ponsabilidad ante el problema terrorista, aunque máxima instancia judicial. los precedentes no invitan al optimismo. En cuanto L resultado no produce ningún déficit demoa PP y PSE, la anulación de AG debe ser recibida crático sino un saneamiento de las instituciocomo un acto de justicia tras tantos años de impunines, poniéndolas a salvo de la infiltración terrorisdad proetarra en el Parlamento vasco. Quien se preta. No existe un dilema moral que lleve a elegir enocupó principalmente de que la ausencia de AG tutre preservar la democracia y permitir la concuviera más o menos incidencia en una mayoría absorrencia de listas sucias de ETA o luchar contra el luta del tripartito hizo un cálculo impertinente, soterrorismo y dejar fuera del juego democrático a debre todo porque estaba sustituyendouna actitud étiterminadas opciones políticas. Por el contrario, la ca frente al terrorismo por una actitud partidista. democracia se refuerza cuando se hace exigente y Queda pendiente el Constitucional. El Supremo repudia a aquéllos que quieren acabar con ella. La ha hecho su trabajo y el Estado hoy es más fuerte y moral política de la democracia española es la que ETA más débil. L LA FUNCIÓN EFICAZ D E E ISPONE el artículo 103 de la Constitución que la Administración sirve con objetividad los intereses generales y que el acceso a la función pública está basado en los principios de mérito y capacidad. El servicio al Estado y a los ciudadanos hacen indispensable que los funcionarios sean seleccionados de forma adecuada, de acuerdo con criterios que garanticen en lo posible la imparcialidad, eliminen las arbitrariedades y posean un nivel adecuado de exigencia. España cuenta con un conjunto de cuerpos funcionariales de alto nivel. Con defectos y excepciones, el sistema tradicional de oposiciones, algunas de ellas de notable dureza, ha funcionado correctamente. En los niveles medios y bajos, se tratade una salida profesional que ha permitido y permite la promoción social y económica de miles de familias españolas. A día de hoy, más de 170.000 personas están preparando las pruebas de ingreso a la Administración. Los proyectos del Gobierno socialista de los que hoy informa ABC, ofrecen algunos perfiles preocupantes. Una menor exigencia enlos temarios, criterios de corrección difusos y cuotas de diverso tipo se avienen mal con el objetivo de atraer a candidatos valiosos. Muchos de estos planes provocarían el rechazo de los responsables de recursos humanos de cualquier empresa privada. ¿Acaso vale para la Administración lo que no es útil para la sociedad civil? Es curioso que este proyecto proceda de un gobierno que se proclama defensor de lo público y que no pierde oportunidadde mostrar su sintonía con el modelo francés, máxima expresión histórica del sistema funcionarial. Por contra, la fórmula norteamericana spoils system significa que cambian todoslos cargos públicos, incluso los de ínfimo nivel, cuando se produce un cambio político: ¿acaso el PSOE prefiere seguir en este asunto el ejemplo norteamericano? Y eso es lo que ha ocurrido en el último año, donde el relevo ha llegado hasta las subdirecciones generales, que deberían ser ajenas a los vaivenes electorales. Sería un grave error concebir los puestos de funcionarios como un mecanismo para distribuir empleos entre colectivos necesitados de promoción. Peor todavía si se trata de colocar a personas afines. Si los funcionarios pierden calidad, perderán también independencia y serán más propicios a dejarse llevar por las presiones del gobierno de turno. Bienvenidas sean las medidas de racionalización y de exigencia de productividad en la Administración. Pero que nadie piense que el refuerzo de las pruebas psicotécnicas o de los ejercicios de aparente carácter práctico suponen la panacea de ningún mal; acaso pueden servir de complemento, pero no deben sustituir al estudio de un temario apropiado, cuyo conocimiento garantiza la formación imprescindible para desempeñar en su momento las tareas exigidas.