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12 Nacional GOLPE A ETA DOS AÑOS DE LA ILEGALIZACIÓN DEL ENTORNO TERRORISTA VIERNES 25 3 2005 ABC La Sala del 61 que ilegalizó HB decidirá sobre Aukera Guztiak El fallo se incumplió en parte y el Grupo parlamentario batasuno llegó hasta el final de la legislatura vasca b La ilegalización de HB EH Bata- suna supuso la culminación del giro de la lucha antiterrorista al impedir a ETA tener representación parlamentaria NIEVES COLLI MADRID. El próximo domingo se cumplen dos años de la sentencia de ilegalización de HB EH Batasuna dictada por la Sala Especial del Tribunal Supremo, la misma que ahora tiene que decidir sobre Aukera Guztiak. Dos años durante los que, gracias a esa resolución judicial, la ex formación política no ha recibido las subvenciones públicas que desde hace décadas le han servido para alimentar su actividad, declarada ilegal por servir de instrumento a la banda. ETA, señala la sentencia del Supremo, creó los tres partidos ilegalizados de forma sucesiva y con el único designio de beneficiarse de las ventajas de operar en el seno de la legalidad constitucional participando en el juego electoral la actividad de HB EH Batasuna es, además, un complemento político, consciente y reiterado de la actividad terrorista en definitiva, los tres partidos ilegalizados han desempeñado una constante e inmutable labor de reparto funcional de tareas y en coordinación (más bien subordinación) con la banda terrorista ETA La ilegalización por el Supremo de Batasuna y de los dos partidos hermanos que la precedieron y el acoso policial y judicial dirigido desde la Audiencia Nacional contra todas las organizaciones del entorno etarra- -KAS, Ekin, Xaki, Jarrai, Haika, Segi, herriko tabernas, etcétera- -han permitido la casi total asfixia del llamado complejo ETA un paso de gigante en la lucha contra el terrorismo, limitada durante años a la insuficiente persecución del pistolero La culminación de esa evolución en la persecución del terrorismo de ETA se produjo exactamente hace dos años con la sentencia dictada por la Sala Especial del Supremo- -conocida como Sala del 61 -contra HB EH Batasuna en aplicación de la Ley de Partidos Políticos aprobada en 2002 en el Parlamento con más del 90 por ciento de los votos. guir funcionando en el Parlamento vasco hasta la disolución de la Cámara, el pasado 23 de febrero, como consecuencia de la convocatoria de las elecciones autonómicas para el 17 de abril. El fallo del Tribunal Supremo no fue ejecutado en ese extremo; fue, sencillamente, ignorado pese a que la disolución del Grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak (SA) era, como indicó el fiscal en uno de sus escritos a la Sala del 61 obligada consecuencia de la ilegalización de HB EH Batasuna. En el mismo sentido se pronunciaba también el abogado del Estado en un escrito de 7 de abril de 2003 en el que recordaba que el cese inmediato de la actividad de los partidos políticos disueltos se debe proyectar sobre toda su actividad, tanto extraparlamentaria como, evidentemente, a su actividad parlamentaria, sin perjuicio del estatuto singular de sus miembros No puede seguir existiendo un grupo parlamentario- -añadía la Abogacía del Estado- -cuyos miembros se han elegido precisamente por haber sido presentados como candidatos por un partido político (o coalición electoral o agrupación de electores) que haya sido disuelto Manifestación de Batasuna en favor de los presos de ETA Consecuencia necesaria Según otro de los argumentos defendidos por el representante legal del Estado, la disolución judicial de un partido político sobrevenida con posterioridad a la constitución de su grupo parlamentario provoca la desaparición del presupuesto fáctico que justifica su existencia y en consecuencia tiene que llevar aparejada su disolución inde- La banda dejó de percibir la subvención que se entrega a los partidos en función de los votos y escaños obtenidos El TS advirtió en 2003 que las formaciones ilegalizadas eran complementos políticos de ETA pendientemente de que los parlamentarios se acojan a lo previsto en el Reglamento de la Cámara. Es decir, como grupo debieron disolverse, aunque los parlamentarios habrían podido conservar sus respectivos escaños. Fuentes judiciales y fuentes políticas expresan su abierta indignación ante un episodio como éste y no dudan en calificarlo de clarísima desobediencia cometida por los miembros de la Mesa del Parlamento vasco respecto de una orden indiscutible dictada por la más alta autoridad judicial en España. La Constitución, recuerdan dichas fuentes, obliga en su artículo 118 a cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribuna- El cambio de criterio de la Fiscalía en el caso Atutxa El incumplimiento de una parte de la sentencia de ilegalización de HB EH Batasuna dictada en marzo de 2003 dio lugar a la apertura del proceso judicial contra Juan María Atutxa y otros cinco parlamentarios vascos por un presunto delito de desobediencia. El motivo: la no disolución del grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA) heredero del de Batasuna. Este segundo procedimiento se abrió tras la interposición de sendas querellas por la Fiscalía- -entonces dirigida por Jesús Cardenal- -y por la asociación Manos Limpias Hoy se mantiene vivo gracias a esta última, que recurrió y ganó en el TSJ vasco la decisión de la juez Nekane Bolado de archivar el caso. La Fiscalía- -que hoy dirige Cándido CondePumpido- -modificó el que había sido su criterio hasta ese momento y a partir de ahora defenderá la absolución de Atutxa y los demás imputados al entender que no existen indicios suficientes para acusarles. Desde el PSOE y por el propio CondePumpido se ha salido al paso de este giro de 180 grados con el argumento de que fue el anterior fiscal general quien realmente cambió de criterio. Tal afirmación se refiere a la tesis que a finales del verano de 2002 defendió la Fiscalía en la causa abierta por Garzón contra Batasuna. El juez ordenó la suspensión de las actividades del partido, pero no hizo extensiva esta medida a las de su grupo parlamentario. Sobre este asunto, la Fiscalía argumentó que la suspensión no implica automáticamente la de los grupos parlamentarios o junteros relacionados con tales partidos, pues esta última exige una decisión propia de cada Cámara Fuentes jurídicas aseguran que esta tesis es perfectamente compatible con la defendida al año siguiente durante la ejecución de la sentencia que ilegalizó Batasuna, por lo que no hubo cambio de criterio alguno por la Fiscalía de Cardenal. La suspensión de actividades del grupo parlamentario de Batasuna no podía acordarse en ese momento pues el procedimiento aún se encontraba en fase de instrucción. Por el contrario, la disolución de SA era de obligado cumplimiento por el Parlamento vasco al haber sido ordenado en sentencia firme por el Supremo. El reverso de la moneda Pero la parte positiva de esta efeméride tiene también su reverso. La sentencia de ilegalización no ha sido ejecutada en su totalidad, por lo que el grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak (heredero del batasuno) ha podido se-