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ABC MARTES 22 3 2005 Nacional 17 Pedro Solbes, del ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y del propio Francisco Vázquez, venciendo la resistencia que opone la rigidez de las cuentas públicas- -esto es, de Solbes- -han remansado las aguas. No hay que dejar descolgados a los Ayuntamientos en el escenario que se abre con la reforma de los Estatutos de autonomía. El viejo centralismo no puede ser sustituido por otro centralismo esta vez beneficioso sólo para las Comunidades. No lo vamos a tolerar, ni siquiera en los nuevos Estatutos Esta es la tesis que manejan el Gobierno y la dirección federal del PSOE y que, en principio, satisface las pretensiones de los Ayuntamientos. Otro asunto será comprobar cómo toma forma este planteamiento... y si las Comunidades autónomas se dejarán. Incluso, si los Ayuntamientos gobernados por el PP, no plantearán su propia batalla. Con vistas a las elecciones En todo caso, el renovado interés por satisfacer las exigencias de los Ayuntamientos no se reduce sólo a un guiño asumido por el PSOE como parte de un compromiso de su programa electoral: su apuesta por el municipalismo y la ciudadanía También forma parte de un diseño estratégico no exento de tintes electoralistas toda vez que el PSOE que ya prepara sin prisas, pero sin pausas, los comicios municipales de 2007. Las alternativas que manejan tanto el PSOE como el Gobierno para resolver el grave problema financiero de las corporaciones locales pasan por dos ejes: de un lado, que les caiga una parte del dinero que actualmente reciben las Comunidades, lo que a buen seguro generará polémica; de otro, que dispongan de una autonomía normativa que, de modo flexible y en función de las necesidades de cada Ayuntamiento, les permita aumentar su propia recaudación. ¿Más impuestos? En el PSOE no se habla abiertamente de ello, sino de sistemas de financiación alternativa que no tienen por qué suponer más carga impositiva. De momento, es una incógnita en fase de estudio a varias bandas... y a falta de una negociación efectiva que no ha hecho sino empezar. Rita Barberá, en una reunión que representantes de la FEMP mantuvieron con Jordi Sevilla y Pedro Solbes EFE Los Ayuntamientos, la tercera pata del entramado territorial de España junto a la Administración central y las autonomías, no quieren quedarse descolgados del proceso de reformas institucionales. Reclaman lo que es suyo y que las Comunidades no les releguen Los 8.000 hermanos pobres del modelo de Estado TEXTO: MANUEL MARÍN MADRID. La pausada pero constante rebelión de los Ayuntamientos contra la apisonadora del Estado y las Comunidades autónomas parece haber llegado a un momento de tregua. La culpa ha sido del compromiso alcanzado la pasada semana por el Gobierno y la Federación de Municipios y Provincias para que las corporaciones locales, los 8.000 hermanos pobres del modelo de Estado, perciban un mínimo de 120 millones de euros en los próximos meses como compensación por la pérdida de ingresos derivada de la supresión del Impuesto de Actividades Económicas decretado en su día por el Ejecutivo del PP. Y es que la FEMP lleva meses clamando, a veces en el desierto, para que los Ayuntamientos no vuelvan a quedar descolgados, como ocurrió veinte años atrás, de otro proceso de descentralización del Estado, el tercero, con lo que ello conlleva de reparto de poderes y, por supuesto, de dinero. El lógico peso de la Administración central del Estado, unido a la creciente- -y en algunos casos desmedida influencia de las Comunidades- han convertido a las corporaciones locales en el patito feo de este cuento pese a ser la tercera pata del entramado territorial de España. Y ahora, en un momento en el que el Gobierno ha abierto la puerta a cuatro concretas reformas constitucionales y a la modificación de los estatutos de autonomía de aquellas Comunidades que así lo deseen, los Ayuntamientos no quieren quedarse colgados con la brocha en la mano y sin escalera. Más aún si se tiene en cuenta su precaria situación financiera- -con una enorme deuda acumulada y una financiación insuficiente- -y su asunción de competencias que corresponden bien al Estado, bien a las Comunidades. ¿Quién nos compensa? Por ello, en los últimos meses el ¿quién nos compensa por ello? se ha convertido en su grito de guerra para impedir que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero caiga en la tentación- -si no en el chantaje- -de ceder de modo prioritario a las exigencias de las autonomías y se aborde como una necesidad imperante su nuevo sistema de financiación para relegar como algo secundario, incluso accesorio, la financiación de los Ayuntamientos. A tal punto había llegado el hartazgo de la Federación de Municipios y Provincias, cuyo presidente es el alcalde socialista de La Coruña, Francisco Vázquez, que a principios de enero, y descontento con la previsión de los Presupuestos Generales para 2005, movió pieza anunciando su disposición a llevar al Gobierno a los Tribunales para reclamar lo que es nuestro Incluso, desde la FEMP se dio libertad a a los Ayuntamientos para promover recur- sos contencioso- administrativos a la vista de que el Gobierno no ponía solución al desgaste que supone no sólo la pérdida de ingresos por la desaparición del IAE, sino al perjuicio añadido por el gasto acumulado de asumir funciones de atención social al ciudadano que no les corresponden. Se trata de gastos- -cuyo coste aún no se ha evaluado aunque la FEMP cifra en unos 400 millones de euros- -derivados de lo que se han dado en llamar competencias de suplencia o competencias impropias por ejemplo, la atención y vigilancia por parte de las Policías Locales de mujeres víctimas de la violencia de género, o de la integración social, educativa y sanitaria de los inmigrantes. Ahora, las sutiles maniobras de despacho del vicepresidente económico, Primera Conferencia Sectorial Por el momento, el Gobierno se muestra esperanzado con los trabajos de la primera Conferencia Sectorial de Asuntos Locales- -Gobierno, autonomías y FEMP- también con el borrador que prepara el PSOE para que antes de verano quede fraguada en firme una propuesta para la financiación de las Haciendas Locales; en tercer lugar, confían en el Libro Blanco para el Pacto Local, auspiciado por el ministro Sevilla y ahora en tramitación parlamentaria, pero que ha sido ya objeto de duras críticas por el PP por no dedicar ni una sola palabra a la financiación y por estar vacío de contenido Y, finalmente, confía en que todo este andamiaje fructifique en 2006 en una nueva Ley de Bases del Régimen Local tras veinte años sin reformas. El PSOE sostiene que así pondría fin a la que, denuncian, fue la premisa del Gobierno del PP con los Ayuntamientos: Yo invito y tú pagas El compromiso del Gobierno de pagar a los Ayuntamientos 120 millones de euros en compensación por la pérdida de ingresos del IAE ha serenado los ánimos. La FEMP no llevará al Ejecutivo a los Tribunales