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12 Nacional CRISIS DEL CARMELO INVESTIGACIÓN MARTES 22 3 2005 ABC GISA adjudicó obras con criterios prohibidos por la normativa europea de contratación pública Un arquitecto técnico de Adigsa declaró ayer en la Fiscalía b La Fiscalía de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña recibió documentos de Adigsa complementarios a los del viernes. Declaró también un arquitecto técnico ÁNGEL MARÍN BARCELONA. GISA- -Gestión de Infraestructuras S. A. empresa pública responsable de las obras del Metro en el barrio barcelonés del Carmelo y de toda la contratación pública en materia de infraestructuras- -adjudicó en 2003 varias obras públicas utilizando criterios prohibidos en las normas comunitarias, según afirma una auditoría encargada hace un año por la Conselleria de Economía de la Generalitat. La experiencia anterior de las empresas licitadoras no puede ser valorada como criterio de adjudicación afirma el informe. Este baremo es ilegal en las normas de la UE, que son de obligado cumplimiento cuando los proyectos son financiados con fondos europeos. Los cinco proyectos auditados por la Intervención General del departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat recibieron financiación de la UE, a través del FEDER. Para futuras actuaciones financiadas con estos fondos europeos, la Intervención General cree necesario revisar los criterios de adjudicación de los concursos, tramitados por el procedimiento abierto para asegurarse que cumplen la normativa contractual europea. Asegura que los criterios de GISA son claros y definidos en su estructura y ponderación en la valoración global del concurso pero critica que la experiencia de las empresas licitadoras sea para GISA un criterio demasiado importante en la adjudicación. En este sentido, señala que la aplicación de este criterio ha impedido ganar el concurso público a algunas empresas solventes económica y técnicamente. El arquitecto técnico de Adigsa, en la entrada de la Fiscalía cràtica de Catalunya, opera tanto en el ámbito privado como en el público. La empresa de Sumarroca es investigada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque la actual dirección de Adigsa, nombrada por el tripartito, se negó a pagarle unas facturas por valor de 1,2 millones de euros por unas obras que, según fuentes del departamento de Medio Ambiente y Vivienda, realizaron sin ningún tipo de contrato en los barrios de Arraona de Sabadell y La Pau de Barcelona en 2003. Teyco reconoce que ELENA CARRERAS existen dos facturas emitidas por valor de 500.000 euros, que corresponden a unos trabajos (para Adigsa) pendientes de liquidar Los responsables de Adigsa y Teyco se reunieron la semana pasada para intentar arreglar de forma amistosa el polémico asunto de las facturas impagadas, y acordaron que Teyco presentará toda la documentación de que dispone para que sea reflejada en el acta del consejo de Administración de Adigsa, que se celebrará el próximo 1 de abril. Un acuerdo que podría enterrar la polémica de las facturas impagadas de Teyco. Seguramente, los pequeños contratistas Juan Antonio Salguero- -que denunció el pago de comisiones de hasta el 20 por ciento de las 18 obras que realizó para Adigsa- -o Ignacio Sánchez- -le adeudan un trabajo en Tarragona- -tendrán más dificultades para cobrar sus deudas con esta empresa pública, ya que también carecen de un contrato que acredite sus trabajos de rehabilitación de viviendas sociales de la Generalitat. Por otra parte, informa Dolors Mas- UDC expulsa a un concejal por pedir comisión a un empresario M. J. C. BARCELONA. La permanente del Comité de Gobierno de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) decidió ayer expulsar del partido al concejal del municipio de Cerdanyola (Barcelona) Diego del Aguila, quien supuestamente habría exigido a un empresario el pago de una comisión a cambio de la concesión de una subvención. El caso es objeto de una investigación judicial. De acuerdo con los estatutos del partido, la permanente comunicará su decisión a la ejecutiva de UDC y al Consejo Nacional. Asimismo, esta formación ha instado al alcalde de Cerdanyola a que cese a Del Aguila de todas sus responsabilidades en el Consistorio. Fuentes de Unió aseguran Una de las obras se adjudicó a Teyco Si se hubiera utilizado las normas de la UE, el proyecto de construcción del centro S Aguila de Blanes (Barcelona) hubiera ido a parar a manos de la empresa Corvian- -que presentó una oferta para hacer la obra por un importe de 2.642.455 euros- en lugar de ser adjudicada a Teyco por un importe de 2.739.923 euros. El factor de experiencia en haber trabajado con la Administración autonómica fue determinante en la adjudicación de este proyecto cofinanciado por la UE. Teyco, una empresa promotora y constructora creada en 1963 por Carlos Sumarroca, fundador de Convergència Demo- que la supuesta actividad ilícita de este ex dirigente- -fue secretario de Formación del Comité de Gobierno del partido y subdirector de Programas de Autoempresa en la Consejería de Trabajo de la Generalitat durante el gobierno de CiU- -era desconocida por la dirección socialcristiana, por lo que descartan cualquier posibilidad de financiación irregular de UDC. Del Aguila dirigía la concejalía de Promoción Económica del citado Ayuntamiento. Un empresario interesado en instalar una clínica dental solicitó una subvención a la Generalitat por un valor de 72.000 euros. Diego del Aguila se ofreció para mediar. Cuando el concejal recibió la documentación, detectó algunas irregula- ridades que habría aprovechado para exigir al empresario el pago de una comisión de 60.000 euros a cambio de su silencio, circunstancia que fue denunciada por el afectado en mayo de 2004 ante la Guardia Civil, lo que ha dado lugar a diligencias judiciales por coacciones. Fue entonces cuando la dirección de UDC pidió explicaciones a Del Aguila y le propuso que pusiera su cargo a disposición del Ayuntamiento, así como una suspensión cautelar como militante. Fuentes de Unió aseguran que las explicaciones del ex dirigente no fueron convincentes y que se negó a abandonar sus cargos, por lo que la permanente decidió finalmente emprender los trámites para su expulsión del partido. Las mismas fuentes insisten en que el caso se ciñe estrictamente a un tema personal entre el concejal y el empresario, y que no consta que haya más personas coaccionadas por Del Aguila.