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ABC LUNES 21 3 2005 Madrid 31 El PP recurre ante el Tribunal Supremo el archivo de la denuncia por prevaricación contra el fiscal general Acusa a Conde- Pumpido de usar su cargo para extender un manto de sospecha sobre el partido que archivó la denuncia es subordinado jerárquico del fiscal general y fue nombrado al día siguiente por el Gobierno teniente fiscal del Supremo ABC MADRID. El Partido Popular ha recurrido ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo el archivo de la denuncia por prevaricación que interpuso contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde- Pumpido. El recurso de súplica, al que ha tenido acceso ABC, se sustenta sobre tres puntos básicos. En primer lugar, la consideración de la actuación partidista del fiscal general, con el fin de extender un manto de sospecha y corrupción sobre altos cargos populares. En segundo lugar, sólo consta en el auto el informe del fiscal José María Luzón, subordinado jerárquico del fiscal general, que al día siguiente fue nombrado por el Consejo de Ministros teniente fiscal del Tribunal Supremo. Además, los populares plantean el absurdo de que la Fiscalía Anticorrupción tuviera que intervenir diariamente siempre que dos personas citaran en una conversación grabada ilegalmente a un cargo público. El recurso comienza recordando que el pasado 21 de febrero dos concejales socialistas del Ayuntamiento de Majadahonda, acompañados por la portavoz del PSOE en la Asamblea, Ruth Porta, presentaron una denuncia ante el fiscal general sobre la base de hechos falsos con los que pretenden implicar a la cúpula del PP en una supuesta trama urbanística en el municipio de Majadahonda Para los populares este hecho es de por sí sorprendente, ya que no existe precedente en los últimos diez años de presentar una denuncia directamente ante el fiscal general y no ante el fiscal del Tribunal Superior de Justicia correspondiente; o que no se haya presentado ante los tribunales de justicia si la denuncia socialista hubiera tenido un mínimo indicio probatorio En consecuencia, se pone de manifiesto, según el recurso, que los b Indica que el fiscal Cándido Conde- Pumpido, fiscal general del Estado EFE Se considera absurdo que Anticorrupción tuviera que actuar siempre que se cite a un cargo en una grabación ilegal denunciantes querían que el fiscal general fuera el primero en tomar una decisión, por razones que ahora no podemos sospechar El siguiente paso por parte de los populares madrileños fue presentar una querella por injurias y calumnias contra Ruth Porta. Utilización política del cargo El pasado 25 de febrero el fiscal dicta un Decreto por el que se atribuía a la Fiscalía Anticorrupción la investigación de la denuncia presentada por el PSOE. Sin embargo, reconoce que en el concurso de enajenación de parcelas municipales- -origen de las supuestas irregularidades- -no se ha producido ninguna decisión ni resolución, ni se han vendido parcelas, ni se ha producido beneficio económico para ninguna empresa o particular; en definitiva, se reconoce que no existe hecho presuntamente delictivo Por ello, los populares consideran que el fiscal general se ha precipitado y ha utilizado políticamente sus potestades legales al no archivar la denuncia socialista, sino remitirla a la Fiscalía Anticorrupción, con el fin de extender un manto de sospecha y corrupción delictiva sobre quienes, sin estar denunciados ni acusados de delito alguno, son simplemente citados en los hechos de la denuncia A continuación, el PP compara la decisión de Conde- Pumpido con el caso del Carmelo en Cataluña, donde es el Fiscal Jefe ante el TSJ quien anuncia inmediatamente acciones en relación con las declaraciones del Presidente de la Generalidad que acusaba del cobro de una comisión del 3 en las obras públicas. En Madrid- -dice el recurso- -le basta al fiscal general del Estado que unos concejales socialistas le entreguen unos papeles, para que avale una denuncia política, trasladando el documento a la Fiscalía Anticorrupción, en lugar de archivarla o enviarla al fiscal jefe ante el TSJ El PP argumenta asimismo la situación de indefensión generada por el ar- chivo de su denuncia cuando no se estimó procedente la práctica de ninguna de las pruebas que habíamos propuesto En cambio, el único informe que consta en autos es el que emite quien resulta ser subordinado jerárquicamente de quien presuntamente ha cometido un delito de prevaricación La conclusión para los populares no deja lugar a dudas: Quiebra los derechos fundamentales que en una actuación judicial que se dirige contra el fiscal general, informe el Ministerio Fiscal, sometido a un principio de jerarquía y subordinación A estos hechos graves- -prosigue- hay que añadir que el fiscal que emitió el informe, bajo las directrices del fiscal general del Estado, José María Luzón, fuera al día siguiente nombrado por el Consejo de Ministros de 11 de marzo de 2005, teniente fiscal del Tribunal Supremo, a propuesta del fiscal general. Esta circunstancia no hace sino ahondar en la politización e instrumentalización de todas las decisiones del Ministerio Fiscal, como ya expresamos en nuestra denuncia Grabación ilegal Otro punto básico del recurso es el referido a la grabación ilegal en la que concejales de Majadahonda nombran a altos cargos del Partido Popular. En este sentido, se indica que raro es el día en que no aparece citado en asuntos relacionados con presuntos delitos (blanqueo de dinero en Marbella, desobediencia a los tribunales en el País Vasco, inexplicables enriquecimientos de políticos, etc. el nombre de alguna autoridad o cargo público. Por ello, es sorprendente que el fiscal general se precipitara a enviar este asunto a la Fiscalía Anticorrupción, con el revuelo mediático que siempre introduce en nuestra sociedad la intervención de esta Fiscalía. Si esta decisión sienta doctrina, llevará al absurdo de que la Fiscalía Anticorrupción tuviera que intervenir diariamente siempre que dos personas, ni siquiera presuntos delincuentes, citaran en una conversación grabada ilegalmente a un cargo público