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ABC LUNES 21 3 2005 Nacional 19 Un accionista de Yukos, implicado en blanqueo en España e Israel EFE BERLÍN. El mayor accionista de la petrolera Yukos, Leonid Nevslin, está implicado en un negocio internacional de lavado de dinero con ramificaciones en la Costa del Sol española e Israel, según el semanario Focus En la edición de hoy la revista sostiene que Nevslin está implicado en el escándalo de lavado de dinero en Marbella, y en el caso del banco israelí Hapoalim. Focus sustenta esa tesis con declaraciones de un funcionario del Ministerio israelí de Justicia, quien en el curso de las investigaciones afirma que hemos encontrado en ambos casos los mismos protagonistas. Y el que juega el papel estelar es Nevslin La Interpol investiga si ambos casos están, como asegura el funcionario, relacionados. Según el semanario, aunque la Policía española no facilitó nombres sí ha recabado pruebas que apuntan a la petrolera. Días antes, las autoridades israelíes congelaron 378 millones de dólares de dieciocho clientes del mayor banco israelí por blanqueo. De ese dinero diez millones estaban a nombre de Nevslin. GERMÁN YANKE BONO Y MONTILLA Cuando el ministro Bono presentaba su proyecto de Ley de Defensa Nacional, tuvo la oportunidad- -quizá recordando que ya antes tuvo que defender ante algunos colegas del Ejecutivo la denominación nacional en vez de Defensa del Estado -de referirse a uno de los asuntos más esperpénticos de la nueva etapa socialista: la particular consideración de las balanzas fiscales autonómicas. El principio de que pagar más impuestos no da más derechos (puso el ejemplo del ciudadano al que corresponde una mayor cuota fiscal sin que por ello pueda solicitar habitación más grande, más cirujanos o enfermeros en un hospital) es una obviedad que el socialismo ha expresado desde antaño con el objetivo de dotar al sistema fiscal del efecto de redistribuir la renta. Estaría además entre las elementales funciones del Estado, aquellas que los socialistas consideran, incluso en el caso de mayor moderación, irrenunciables para los poderes públicos y se correspondería, además, con la constatación de que las paulatinas subidas de las pensiones, por ejemplo, afectan a mayor número de personas en regiones más desfavorecidas que en las más ricas. A quien le extrañe que un socialista defienda este tipo de políticas le faltan lecturas o sentido común. Lo paradójico es que el debate de Bono no es con la derecha, sino con un considerable sector de su propio partido. Algunos socialistas autonómicos- -es decir, con poder en las autonomías- -quieren balanzas fiscales para determinar su participación económica en los gastos públicos del Estado en función de sus ingresos (ni incluso en la proporcionalidad de sus ingresos, sino en función de una concepción política de los ingresos) Otros, igualmente autonómicos, pretenden quebrar la unidad de mercado o de caja para administrar particularmente los ingresos- -también los de la Seguridad Social- -añadiendo el escarnio de que el Estado, además, actúe como una suerte de avalista obligado de sus aventuras. Son, sorprendentemente, socialistas que ni creen ni defienden el Estado- -ni su papel regulador ni su función Lo paradójico es que el debate de Bono no es con la derecha, sino con un sector de su propio partido socializadora- -ni la igualdad de derechos de los españoles. Lo que sostienen, por el contrario, son intereses cantonales y privativos. Téngase en cuenta, además, que las balanzas fiscales son siempre un artificio contable. Ni soportan derechos ni responden a la realidad, que es la de los contribuyentes. La Generalitat de Cataluña podrá incluir en esas cuentas los impuestos de grandes empresas radicadas en ese territorio autonómico pero no podrá obviar, entre otras cosas, que los accionistas, los propietarios de las compañías y los últimos responsables de sus obligaciones, pueden tener vecindad, como ciertamente ocurre, en otras comunidades. O se establece el detalle de las famosas balanzas hasta el último detalle o no ofrecerán el mapa real de los ingresos y gastos públicos. Añádase, además, que son los ciudadanos y las empresas los que pagan impuestos, no los gobiernos regionales. Y que estos, en esta peripecia destructora de la igualdad, no piden, en el teórico nombre de aquellos, servicios adecuados a cargo de impuestos, sino recursos para los administradores. A la paradoja se añade que, al parecer, es el ministro Montilla el que más ardorosamente defiende este curioso cantonalismo y la antidemocrática idea de que la apropiación de un gobierno regional de la teórica riqueza de sus ciudadanos debe comportar más competencias o recursos. El ministro, precisamente, que, ante las reclamaciones de los operadores de televisión, les reprocha defender intereses particulares.