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ABC LUNES 21 3 2005 Nacional 17 que lo contrario supondría relegar al PP catalán a una posición marginal insorportable electoralmente. Pero esa bendición tiene, como límite, el marco constitucional. Eso es algo que siempre ha tenido claro el Instituto de Estudios Autonómicos (IEA) responsable del borrador que sirve de punto de partida a la ponencia parlamentaria. El documento, que CiU y PP ven sospechosamente ligado a los intereses del tripartito, fuerza al máximo la interpretación de la Constitución para que, de esta forma, se pueda negociar a la baja y quitar argumentos a los sectores más antiautonomistas del PP y del PSOE. Los ponentes han analizado la mitad del contenido del Estatuto, aunque sin entrar apenas en el núcleo duro. La metodología utilizada, y la larga extensión de los artículos del borrador complican los trabajos Cataluña en 250 artículos TEXTO: M. J. C. Laminar competencias Sin embargo, desde el PP catalán se advierte de la posibilidad de que CiU y el tripartito pretendan desviar la atención de la crispación política que se ha vivido estas semanas en Cataluña y plantear una reforma que desborde el marco constitucional, lo que obligaría a los populares a bajarse del Bus del Estatuto Piqué advierte de que el blindaje de competencias puede convertir el Estatuto en una nueva Loapa, pero al revés En 1981, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico pretendió encorsetar las competencias autonómicas, lo cual fue impedido por el Tribunal Constitucional. Pero ahora los populares ven un intento de petrificar esas competencias, mediante una interpretación que, según el PP, corresponde al Constitucional. BARCELONA. El presidente catalán, Pasqual Maragall, quiere que el futuro Estatuto de Autonomía sea aprendido de memoria por todos los niños. Ardua tarea para los escolares, porque el borrador del Instituto de Estudios Catalanes (IEA) prevé 250 artículos- -el actual consta de 60- La larga extensión de cada artículo complica los trabajos del Estatuto. Los ponentes apenas han entrado en el núcleo duro: las competencias. Adecuada o no, es la metodología de la reforma. Procedimiento parlamentario. A diferencia del llamado plan Ibarretxe, la reforma estatutaria no parte de una iniciativa del Gobierno catalán, sino de un trabajo conjunto de los grupos parlamentarios. Mientras que la propuesta vasca se puede aprobar por la mitad más uno, el Estatuto catalán necesita una mayoría de dos tercios de la Cámara catalana. Después se tramitará como ley orgánica en las Cortes con el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso. Finalmente, se someterá a referéndum. Opinión de la sociedad civil. Antes de que comenzaran los trabajos, un centenar de entidades fueron consultadas. Sin embargo, una reciente encuesta aseguraba que el Estatuto sólo preocupa al 20 de los catalanes. Metodología. El 12 de febrero de 2004 se reunió por primera vez la ponencia parlamentaria. El IEA expone su borrador por entregas y los grupos debaten los artículos. Un año después, se ha analizado la mitad de los 250 artículos en una primera lectura, por lo que aún no hay nada decidido. Las cuestiones conflictivas se dejan para una segunda lectura, en la que se buscará el consenso. No se descarta una tercera lectura. La lentitud de los tra- bajos ha obligado a aumentar las reuniones de la ponencia. Calendario. A finales de este mes tendría que haberse realizado la primera lectura, pero a fecha de hoy todavía no se ha terminado de debatir el capítulo sobre competencias, la financiación o si Cataluña debe ser definida como nación. Los partidos intentan consensuar estas cuestiones de forma extraparlamentaria para ahorrar tiempo y para que el Estatuto esté aprobado este verano. Capítulos analizados. Se ha comenzado a abordar el controvertido blindaje de las competencias, así como las relaciones de Cataluña con el Estado y otras autonomías, la participación en las decisiones del Gobierno sobre la UE y un listado de derechos y deberes que incluye el deber de conocer el catalán. Se prevé la creación de un Consejo de Justicia de Cataluña para descentralizar el CGPJ y que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sea la última instancia. El texto debería estar aprobado este verano, pero los trabajos se hallan todavía en fase de primera lectura