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4 Opinión SÁBADO 19 3 2005 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil IGNACIO CAMACHO SOBRE ETA, TODA LA VERDAD ON los sólidos indicios aportados por la Audiencia Nacional a la Fiscalía General del Estado no debería existir duda alguna sobre la necesidad de impugnar la candidatura Aukera Guziak, por su vinculación directa con el entramado batasuno ilegalizado hace dos años por el Tribunal Supremo. La única condición pendiente para hacer efectiva la Ley de Partidos Políticos es la anunciada decisión del Gobierno y de la Fiscalía de actuar contra los sucesores de Batasuna, porque de esto se trata, de que los indicios judiciales demuestran que los candidatos de Aukera Guziak son los testaferros que ETA quiere colocar en el Parlamento de Vitoria. El Estado dispone de todos los medios legales necesarios y suficientes, sin tacha de inconstitucionalidad, para cortar de raíz la estrategia etarra de perpetuarse en la Cámara vasca. Sólo hace falta el impulso político, la determinación de enfrentarse a la ETA disfrazada, impulso que corre a cargo del Gobierno socialista, instruyendo a la Abogacía del Estado e instando en el mismo sentido al fiscal general del Estado, quien para eso cuenta, como él mismo ha dicho, con la confianza del jefe del Ejecutivo. Pero también es necesario que estas acciones judiciales estén rodeadas de coherencia política sobre el fin que se persigue. Si se quiere excluir a ETA de la actividad política, debe renunciarse a cualquier contacto con los grupos proetarras ya ilegalizados por el Tribunal Supremo. No es admisible jugar con dos barajas: la de la ley y la de la clandestinidad. Esta prevención no es gratuita, porque la prueba que indiscretamente desveló el fiscal general del Estado como la principal para actuar contra Aukeria Guziak- -la conversación de una dirigente batasuna con un preso etarra- -da mucho más de lo que afecta a esta cuestión. En la segunda parte de la conversación, cuya transcripción publi- CLIENTELISMO EN SEVILLA C ca hoy ABC, la batasuna Elisabet Zubiaga confirma al terrorista García Sertucha que ya nos hemos reunido con el PSOE añadiendo que con el PSF (Partido Socialista Francés) también Se trata de la misma conversación que el fiscal general del Estado va a utilizar contra Aukera Guziak, lo que obliga a extremar la cautela a la hora de juzgar su contenido por partes. Aun cuando haya que admitir que el uso procesal de la conversación, intervenida judicialmente, no confirma la verdad intrínseca de toda la conversación, sí es evidente que el Gobierno debe una explicación urgente y completa, en primer lugar en el seno del Pacto Antiterrorista y a su único interlocutor en este asunto de Estado, que es el Partido Popular. Ya son muchas las declaraciones contradictorias sobre los contactos de los socialistas con Batasuna, tantas como desmentidos del PSOE y del propio presidente del Gobierno. En la lucha contra ETA, la más mínima deslealtad es un hecho que inhabilita al que la comete. No hay espacios limpios en el mundo etarra: ETA es una organización terrorista y Batasuna está ilegalizada por pertenecer a ETA. Nadie puede legitimar contactos con una ni con otra, menos aún buscar equivalencias con el encuentro en Zurich (1999) posterior a una declaración de tregua y que la opinión pública conoció por boca de Aznar. Hace falta sinceridad absoluta con los ciudadanos y las instituciones para saber a qué carta se está jugando, a qué deben atenerse nuestros Tribunales y Fuerzas de Seguridad y qué expectativas se abren a las víctimas del terrorismo. Nadie debería tener dudas sobre la necesidad de su sacrificio. Es el Gobierno el único que debe asumir el compromiso de desmentir, si procede, una información que afecta a su propia coherencia política y sobre cualquier otra consideración, a la del Estado, la sociedad española y las víctimas. E PUTIN EN OBSERVACIÓN Q UINCE años después de la caída de la tiranía comunista y desmantelada la base territorial soviética que sustituyó el imperio de los zares, Rusia parece incapaz de coger la senda que la conduzca hacia el horizonte definitivo de una democracia liberal. Es indudable que se han producidocambios enlas estructuras totalitarias del pasado. Sin embargo, la democratización efectiva de sus instituciones, la instauración de un mercado libre de intromisiones estatales y prácticas corruptas, así como la evitación de excesos en la lucha antiterrorista practicada en Chechenia son algunas de las asignaturas pendientes. La cumbre que celebraron ayer en París el líder ruso con los líderes del eje franco- alemán y el presidente Rodríguez Zapatero podría ser un buen momento para lograr un compromiso firme del presidente Putin al respecto. Antesala del encuentro que se producirá el próximo 10 de mayo en Moscú con los veinticinco máximos mandatarios de la Unión Europea, el núcleo duro de los países europeos que se opusieron a la intervención en Irak aduciendo la ilegalidad de la acción norteamericana- -y al que hay que añadir a España tras el brusco giro exterior producido con el cambio de gobierno- -debería forzar una nueva actitud rusa. El cumplimiento de las reformas pendientes, la renuncia a injerencias como las producidas en Ucrania o una mayor contención legal a la hora de combatir el terrorismo chechenio deberían estar en la agenda de ese compromiso. De lo contrario, la Rusia de Putin tendría que ser puesta en observación por una Europa que no puedeser tolerante ante la consolidación de un régimen cesarista que aduce la excepcionalidad de las amenazas que gravitan sobre su seguridad para eludir su homologación como sociedad abierta. L golpe de efecto del administrador de la empresa COS, revelando que todas las facturas abonadas por el Ayuntamiento de Sevilla son falsas y no se corresponden con obra alguna, supone un terremoto político de enorme trascendencia e inimaginables consecuencias para el futuro inmediato del alcalde sevillano, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, y de los principales miembros de su equipo de gobierno. Estas facturas falsas son una prueba fehaciente de la veracidad de las denuncias efectuadas en las últimas semanas tanto por el PP como por el Partido Andalucista, y también por algunos medios como ABC, sobre las irregularidades de los responsables socialistas del distrito de Macarena relacionados con empresas de dudosa probidad, dirigidas por personajes implicados en asuntos de corrupción, cuando no con puras entelequias ficticias a las que se les pagaban inconfesables trabajos partidistas con dinero de todos los sevillanos. Además de un engaño a los ciudadanos, los indicios de malversación parecen consistentes y encajan mal con el propósito del actual equipo de gobierno municipal, que hizo bandera en su campaña electoral de la promesa de combatir la supuesta corrupción política reinante en el anterior Gobierno del Ayuntamiento sevillano. Porque, incluso en el hipotético caso de que los responsables municipales no hayan cometido ninguna ilegalidad y hayan sido engañados, su encastillamiento en mantener públicamente durante varios días que todas las denuncias eran falsas, hasta que la evidencia ha demostrado lo contrario, los convierte en coadyuvadores del engaño. Bien por culpabilidad activa, bien por incompetente pasividad, deberían meditar serenamente sobre su continuidad en el cargo. Las irregularidades cometidas no son un rifirrafe político más, como quieren hacer ver algunos miembros del equipo de Gobierno socialista sevillano. Todo apunta a que estas primeras veintiocho facturas falsas podrían ser la punta del iceberg de una trama de corrupción política de mucho mayor alcance. Especialmente grave es el hecho de que los pagos se realizaran en las vísperas de las elecciones municipales y en un distrito, el de Macarena, que fue el que le dio la victoria al PSOE con su voto masivo. Algo huele a podrido en el Ayuntamiento sevillano y los ciudadanos deben exigir cuanto antes una aclaración sobre la utilización fraudulenta de su dinero. Sólo así, depurando las responsabilidades hasta el final, se puede mantener la confianza en un sistema, el democrático, en el que el pueblo ha de tener la última y definitiva palabra.