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50 Sociedad VIERNES 18 3 2005 ABC Manuel Marín reconoció que la relación del documento con el objeto de debate es innegable apoyaban la posición del Gobierno. Una vez finalizado el Pleno, esta decisión del portavoz socialista fue calificada por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, de ejercicio responsable Sin embargo, lo que no dijeron Rubalcaba ni Narbona es que no hay informes favorables al nuevo proyecto del Gobierno. Lo único que hay son informes contrarios al trasvase del Ebro- -de la misma manera que los hay favorables otros informes según la clasificación del Ministerio de Medio Ambiente) pero ninguno, salvo el que el PP pidió que se leyera, se refiere al programa A. G. U. A. del Gobierno socialista. Y no hay que olvidar que el proyecto de Ley que se debatía ayer deroga el trasvase del Ebro pero también contempla esa serie de nuevas actuaciones. Varios diputados discuten con el presidente de la Cámara por la lectura del informe propuesta por el PP CHEMA BARROSO No mejora la gestión del agua El documento de los expertos del Pleno del Consejo Nacional del Agua sobre el Programa A. G. U. A. dice textualmente que no representa una mejora de gestión de nuestros recursos hídricos, ni supone una mejor alternativa al PHN, por lo cual creemos que esta propuesta no está justificada Es cierto que estos mismos expertos emitieron un voto particular sobre el PHN aprobado por el anterior Gobierno rechazando multitud de aspectos, pero sobre el Plan Narbona dicen que ahora es más radical y evidente la falta de justificación de los aspectos que criticábamos en enero de 2001 Por ahora, éste será el único informe- -es un voto particular- -que emita el Consejo Nacional del Agua sobre el Programa A. G. U. A. pues Medio Ambiente ha decidido no someterlo al Pleno de este órgano, en contra de lo que dice la ley. Así las cosas, ayer todos los grupos parlamentarios votaron en contra de la enmienda de totalidad presentada por el grupo popular que pedía la restitución del trasvase del Ebro como piedra angular del PHN. El PSOE intentó silenciar en el Congreso un informe contrario al plan A. G. U. A. El Reglamento de la Cámara permite leer documentos acordes con el debate b Los socialistas defendieron que en ese caso ellos podían presentar documentos favorables a su plan, pero lo cierto es que no hay ninguno, como denuncia el PP A. A. L. MADRID. El talante socialista volvió a ser protagonista ayer en el Pleno del Congreso de los Diputados. El debate de totalidad del proyecto de Ley por el que se modifica el Plan Hidrológico Nacional, derogando el trasvase del Ebro, se planteaba tranquilo, toda vez que sólo debía debatirse una enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular que, con toda seguridad por el sentido del voto adelantado por los distintos grupos, iba a ser rechazada. La solvencia con la que el PSOE se presentaba a este debate se vino abajo justo antes de la votación, cuando el diputado del PP Vicente Martínez Pujalte solicitó que se leyera un informe técnico contrario a la alternativa del Gobierno socialista al trasvase del Ebro. Este informe está firmado por cuatro expertos designados por la Administración en el Consejo Nacional del Agua, máximo órgano asesor del Gobierno en esta materia. El artículo 72.2 del Reglamento de la Cámara faculta a cualquier diputado durante la discusión o antes de votar a pedir la lectura de las normas o documentos que crea conducentes a la ilustración de la materia de que se trate No se entendió así desde las filas del PSOE, que empezó a pedir la lectura de otros informes. Ante el revuelo que se formó en el hemiciclo, el presidente del Congreso, Manuel Marín, llamó a los portavoces de los grupos y mantuvo con ellos una improvisada reunión en el hemiciclo y luego en el pasillo. Finalmente, Marín reconoció que la relación (del documento) con el objeto de debate es innegable y, por tanto, es un documento que se puede leer Si bien también dijo que puede ser insólito respecto a la opinión pública que se lea en este hemiciclo todo el expediente administrativo de todos los dictámenes de unos y otros propo- niendo distribuir los documentos por escrito. Ante la negativa del portavoz del grupo popular, Eduardo Zaplana, tomó la palabra el portavoz del grupo socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien acusó a los populares de actuar sistemáticamente de forma contraria al funcionamiento normal de la Cámara, lo que provocó los gritos de tramposo y filibustero desde las filas populares. Finalmente, la secretaria de la Mesa del Congreso procedió a la lectura del documento, no sin que antes Pérez Rubalcaba dijera que su grupo renunciaba a la lectura de los informes que Juan Pablo II incorpora a Rouco a la supervisión de asuntos económicos del Vaticano JUAN VICENTE BOO. CORRESPONSAL ROMA. En una nueva demostración de confianza personal, Juan Pablo II incorporó ayer al cardenal Antonio María Rouco Varela a la Prefectura de Asuntos Económicos de la Santa Sede, formada por ocho cardenales, y encargada de preparar los presupuestos, aprobar los balances y supervisar la gestión de los fondos. La Prefectura de Asuntos Económicos está presidida por el cardenal italiano Sergio Sebastiani mientras que la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, que se ocupa de los inmuebles y otros bienes, la preside su compatriota el cardenal Attilio Nicora. Junto con el cardenal Rouco Varela, el Papa nombró igualmente miembro de la Prefectura de Asuntos Económicos al cardenal Angelo Scola, patriarca de Venecia, a quien ya distinguió la semana pasada nombrándole relator del Sínodo de Obispos sobre la Eucaristía que se celebrará el próximo mes de octubre. El cardenal Rouco Varela tuvo su primera tarea de relieve en Roma pre- cisamente como relator del Sínodo de Obispos sobre Europa en 1999, encargándose de presentar un extenso análisis de la situación religiosa del Viejo Continente que sirvió de punto de partida para los debates, resumidos en el informe final por el cardenal Dionigi Tettamanzi, otro de los miembros de la Prefectura de Asuntos Económicos, de la que ha formado parte durante años el cardenal Ricardo María Carles Gordó, emérito de Barcelona, junto con los cardenales de Colonia, Los Ángeles, Nueva York y otras grandes ciudades del mundo. El nombramiento de ayer es el primero desde que el arzobispo de Madrid dejó la presidencia de la Conferencia Episcopal Española, y se interpreta como preludio de otras responsabilidades mayores.