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4 Opinión VIERNES 18 3 2005 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil IGNACIO CAMACHO MÁS ALLÁ DE UNA ESTATUA E L éxito de la Transición fue posible porque la izquierda y la derecha cedieron en aspectos nucleares de su ideario político, en aras de un proyecto de convivencia común. Fue el éxito de una clase política que supo entender, en momentos especialmente difíciles, que España y los españoles eran bastante más importantes que sus particulares intereses. Sería peligroso que el socialismo cayera en la tentación revanchista de intentar cobrarse ahora, con efectos retroactivos, parte de esa cesión que hizo hace treinta años en una España que ya no es la de antes y que, felizmente, se ha despojado de todos los fantasmas del pasado. Lo resumió, acertadamente, Felipe González: Me parece una estupidez eso de ir derribando estatuas; siempre he pensado que si alguien hubiera creído que era un mérito tirar a Franco del caballo, tenía que haberlo hecho cuando estaba vivo... El Ejecutivo socialista ha retirado, de noche, la estatua de Francisco Franco, situada en Madrid frente a los Nuevos Ministerios. Una decisión que ha generado una indiscutible polémica. Al valorar las consecuencias de esta medida, seguramente el Gobierno diseñó una estrategia para hacer frente a las críticas que iba a suscitar la retirada del monumento. La respuesta ofrecida ayer por distintos miembros del Ejecutivo y del PSOE revela cuál era el plan: tratar de justificar su decisión llevando el caso a un debate superado sobre una etapa concreta de la historia de España con el objetivo último de pescar en las aguas revueltas de la división. Mal y peligroso camino es el volver a transitar por la senda del revisionismo, tarea entre lo estéril y lo interminable, porque ¿a partir de cuándo se empieza a revisar la historia? Un Gobierno en democracia, por encima de su perfil ideológico, debe ser prudente y moderado en la toma de decisiones. Un Ejecutivo equilibrado es aquél que gestiona los asuntos generales con templanza y somete los legítimos intereses de partido al servicio de los intereses del conjunto de la sociedad, cuya pluralidad y diversidad obliga precisamente al gobernante a extremar la cautela. Ahora que se cumplen cuatro siglos de la primera edición de El Quijote, el Gobierno de Rodríguez Zapatero debería seguir el consejo que el ingenioso hidalgo le dio a Sancho para gobernar la ínsula Barataria: No hay más alta virtud que la prudencia Pero el Ejecutivo socialista se ha equivocado también profundamente en las formas; el error procedimental revela un problema aún más grave, que es de fondo, pues demuestra un comportamiento contrario a normas básicas de la estética política como son la claridad y la transparencia en la toma de decisiones. Porque si la voluntad última del Ejecutivo era desmontar la estatua, nada más normal en democracia que explicarse, que mostrar sus razones y permitir a los demás que mostraran las suyas. Que se actuara de noche, sin comunicación previa al Ayuntamiento de Madrid, pone de manifiesto hasta qué punto el Gobierno recurrió a la política de actos consumados para orillar el debate. No fue precisamente talante lo que derrochó el Ejecutivo la pasada madrugada, más bien todo lo contrario. La gravedad del asunto no está tanto en la decisión de eliminar la estatua de Franco, cuya figura forma parte para bien y para mal de la Historia de España, como en el modo grosero que ha utilizado el Gobierno para desmantelar el monumento y, sobre todo, en la manera en que se ha explicado y tratado de justificar la medida, atizando la tensión de una sociedad que reclama sosiego y serenidad y no quiere en ningún caso que se abra la caja de una historia dolorosa. El izquierdismo infantil de este Gobierno tiene poco que ver con la defensa de valores propios de una izquierda moderna y está lejos de lo que demanda un país proyectado hacia el futuro y que cerró hace ya tiempo las heridas de un pasado que el Ejecutivo se empeña torpemente en reabrir. Zapatero, que presume de haber convertido el talante y la moderación en señas de identidad de su Gobierno, debería saber que a veces un gesto, aunque sea para su propia galería- -el desmantelamiento nocturno y semiclandestino de una estatua- vale más que mil palabras o que todo un manual de buenas intenciones. ASOMAN LAS SOSPECHAS L REBAJAS SOCIALDEMÓCRATAS A cifra de 5,2 millones de parados, récord en la historia de República Federal de Alemania, ha forzado al canciller Gerhard Schröder al anuncio de un paquete de medidas de apoyo a las empresas como fórmula para reducir el desempleo. Entre ellas, la rebaja en el Impuesto de Sociedades desde el 25 por ciento actual hasta el 19, algunas otras medidas adicionales que beneficien a las pymes, mayor flexibilidad en algunos tipos de contratación laboral e inversiones públicas en algunos sectores. Un aparente giro en la tradicional doctrina socialdemócrata, poco partidaria de rebajar los impuestos sobre los beneficios, pero que en el fondo persigue apuntalar el estado de bienestar, amenazado por la imparable globalización y por unas condiciones demográficas radicalmente distintas a las L de los tiempos del florecimiento del bienestar social en Alemania. Así lo han visto los sindicatos y el ala más radical del SPD y lo corrobora el rechazo matizado de la líder de la CDU, Ángela Merkel, que apoya esta rebaja fiscal, pero exigiendo al Gobierno que desarrolle fórmulas de financiación para no aumentar el déficit público. La patronal, por su parte, considera estas propuestas insuficientes para adecuar los costes empresariales y reducir la excesiva burocracia. Estas medidas tendrán en todo caso que ser aprobadas más adelante y se enmarcan en la llamada Agenda 2010, un plan que comenzó hace dos años y con el que el Gobierno de Schröder pretende el mantenimiento del estado del bienestar. Para ello recurre incluso a medidas poco acordes con la tradicional doctrina socialdemócrata. A declaración del ex consejero de CiU Felipe Puig ante la Comisión parlamentaria que investiga el desastre del Carmelo ya ha justificado, por sí sola, la necesidad de esta investigación política y, en la misma medida, ha dejado en precario el pacto de silencio suscrito por su partido con el PSC para tapar el cobro de comisiones ilegales. Al margen del detalle de la comparecencia de Puig, tanto en las preguntas como en las respuestas se puso de manifiesto que hay un pasado en la clase gobernante catalana- -CiU y PSC- -que es oscuro y necesita depurarse en las instituciones democráticas. En un tiempo en el que se predican manuales del buen gobierno democrático, resulta demoledor para el crédito de la clase política que se apele a sentimientos patrióticos y al pueblo catalán para correr un tupido velo, que, sin embargo, no llega a tapar todo el volumen de la sospecha. Es evidente que las disculpas de Pasqual Maragall y el rápido retracto de CiU fueron un ejercicio calculado de voluntarismo y beneficio recíproco ante el riesgo, como advirtió ayer Jordi Pujol en Madrid, delante de Felipe González, de que acusaciones muy graves- -en referencia al presidente de la Generalitat- -puedan destrozar la credibilidad de la clase política y del país En cualquier caso, será difícil mantener intacto el pacto de silencio y que no afloren acusaciones de irregularidades administrativas, de financiación ilegal o de otras prácticas ilícitas. Ésta es una crisis que, teniendo al Carmelo de argumento inicial- -y, en él, a los cientos de ciudadanos afectados, que injustamente han pasado a un segundo plano de la atención política e informativa- acabará comprometiendo a todos los partidos políticos para que se decanten ante una demanda de transparencia democrática que las dos principales formaciones catalanas están eludiendo. El PP ha asumido su papel de oposición incondicional porque no tiene ataduras con el pasado. En cuanto a ERC, su papel de amigable conciliador le ha dado una posición cómoda hasta el momento, pero a medida que avancen la investigación parlamentaria y las diligencias del fiscal del Tribunal Superior de Cataluña pesará su condición de socio del PSC y tendrá que asumir su responsabilidad. Los republicanos tienen que decir mucho más de lo que hasta ahora han dicho, porque el doble juego de hacer oposición y estar en el Gobierno no es una opción sostenible cuando los acontecimientos van poniendo en entredicho la actuación del Gobierno tripartito y de CiU. Hay serias razones para valorar que la situación política en Cataluña ha estado trucada por acuerdos inconfesables que ahora están asomando a pesar de los esfuerzos por ocultarlos.