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4 Opinión MARTES 15 3 2005 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil IGNACIO CAMACHO UNA VISITA DECEPCIONANTE RAJOY ENVIDA L presidente del PP lanzó el pasado fin de semana en Navarra dos propuestas de reforma de la Constitución que han roto el monopolio del Gobierno sobre el debate territorial. Mariano Rajoy propuso derogar la Disposición Transitoria Cuarta, que prevé el mecanismo de incorporación de Navarra al País Vasco, así como establecer una mayoría cualificada del Congreso para aprobar las reformas estatutarias. Este planteamiento supone abrir el ángulo de un debate que hasta ahora parecía centrado sólo en cómo satisfacer a los nacionalistas y a los sectores del socialismo que propugnan un modelo confederal. Bien mirado, lo que propone Rajoy tiene, además, encaje en el propio discurso de Rodríguez Zapatero para justificar la revisión de los Estatutos y de la Constitución. Si la reforma del texto constitucional se basa, entre otros argumentos del ideario socialista, en la necesidad de actualizarlo conforme al desarrollo estatutario, parece claro que en este cuarto de siglo el pueblo navarro ha mostrado una voluntad firme de mantener su identidad foral y española al margen del País Vasco. Ya no tiene sentido que esa expectativa constitucional obsoleta siga activa, pues sólo interesa a la quimérica aspiración del nacionalismo vasco y agravia al pueblo navarro, cuya voluntad mayoritaria- -expresión clave del discurso de Zapatero- -es inequívoca. En cuanto a la implantación de una mayoría cualificada para aprobar las reformas estatutarias, se trata de una propuesta que viene de la mano del mensaje lanzado desde el PSOE de que está dispuesto a aprobarlas sin el apoyo del PP. Cierto es que al plantearla en estas vísperas electorales, se cierra el enfoque de las expectativas de los populares de cara a la cita del 17 de abril. Pero el consenso constitucional no está escrito y es el que ha permitido que, de una forma u otra, el modelo de Estado fuera el fruto del acuerdo de las principales fuerzas políticas. No es un problema de aritmética sino quizás de legitimidad democrática el que se plantea Rajoy ante la desconfianza que generan la dependencia que el PSOE tiene de ERC en la actualidad. La reforma anunciada por líder del PP no debería incomodar a Rodríguez Zapatero, porque impondría un ejercicio de consenso, circunstancia que el presidente del Gobierno dijo perseguir en su discurso de investidura. Terminado el primer año del cambio político, el PP parece avanzar posiciones estratégicas y pasa de la contención a la iniciativa, exponiendo su alternativa. Porque no está escrito en ningún sitio que la reforma territorial del Estado se halle predestinada a colmar aspiraciones nacionalistas y confederales. E L ministro de Exteriores de Cuba, Felipe Pérez Roque, comenzó ayer en Madrid una gira que marca el comienzo de la recuperación de las relaciones bilaterales con la Unión Europea, después de que los Veinticinco decidieran, a petición del Gobierno de Rodríguez Zapatero, romper las sanciones diplomáticas que pesaban sobre la dictadura castrista desde 2002. Hasta el momento, sólo el régimen cubano- -la última dictadura que queda en el continente americano, conviene no olvidarlo- -ha sacado partido de esta nueva etapa, pues poco o nada se ha avanzado en lo fundamental, que no es otra cosa que el progreso en las libertades y los Derechos Humanos de los cubanos. Las cárceles siguen llenas, la represión, rampante, y sólo el goteo táctico de Fidel Castro concede la merced de la libertad de cuando en vez y en función de sus urgencias internacionales. A estas alturas de siglo, en los penales de la isla hay ciudadanos presos por el tremendo delito de escribir versos. Por eso es imprescindible que la exigencia no decaiga y, una vez relegado el palo por la zanahoria, pedir sin descanso la inmediata liberación de los prisioneros políticos. Pérez Roque desaprovechó ayer la oportunidad de hacer creíble ese avance. Además de hacer llegar a Su Majestad el Rey la invitación para visitar su país, el canciller cubano sólo se comprometió a ofrecer diálogo franco y recíproco y a pedir a la UE que no se sume a la condena de Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Mala papeleta la que se le viene encima a los Veinticinco si se avienen a la petición, porque hoy por hoy es imposible no condenar el calamitoso estado de esta materia en el territorio cubano. Es tradicional que el régimen castrista se arrogue una situación de superioridad que le lleva a exigir sin dar nada a cambio, en un incomprensible ejercicio de cinismo político que, sin embargo, ha encontrado históricamen- te la complacencia de la izquierda. Parece como si todo el mundo le debiera algo a Castro y éste no terminase nunca de cobrar esa deuda de simpatía. Más cínica resulta aún la justificación de Pérez Roque para no excarcelar a nadie como síntoma del deshielo: alegar a estas alturas que la liberación de los presos políticos está en manos de los tribunales, no del Gobierno, porque Cuba es un Estado de Derecho nos aproxima a todos a Alicia en el País de las Maravillas, sobre todo porque Montesquieu no está entre los autores favoritos del dictador. Es cierto que los múltiples e históricos lazos que unen a España con Cuba exigen que nuestro país permanezca atento a todo lo que ocurra en la isla y a procurar estar atento al segundo siguiente a la salida de Castro del poder, que probablemente se deberá a circunstancias biológicas. Estar bien colocado, como referencia inmediata, para la transición podría avalar esta nueva búsqueda de fórmulas para ir ganando terreno en la democratización del país. Pero la experiencia aconseja ser cautelosos. El Gobierno socialista hubo de medir mucho mejor las consecuencias de convertirse en chambelán de Castro en Europa, pues esperaba un gesto aperturista que no se ha producido, lo que dice más bien poco del peso específico de nuestra política exterior y de su capacidad de convicción. Las palabras de Pérez Roque, poco más que una notable colección de lugares comunes y propósitos vacíos, no animan a un optimismo futuro en este sentido. Por ahora, no cabe más remedio que pensar que Zapatero y Moratinos han preparado poco y mal este acercamiento a Castro. Quizás este abrir la mano al castrismo también sea hijo de la línea maestra de estos once meses de Gobierno, basada en hacer exactamente lo contrario de lo que hizo el Ejecutivo que presidía Aznar. Y ésa no es política posible en un asunto de Estado tan trascendental como las relaciones internacionales. E LA PRUEBA DEL NUEVE H ACE unas fechas ABC ofrecía una información que daba cuenta de que abogados de presos etarras y diputados proetarras están detrás de Aukera Guztiak, la denominada lista blanca de Batasuna que pretende presentarse a las elecciones autonómicas del País Vasco. También se informaba que desde una dirección electrónica de la coalición ilegal se convocó al acto de presentación de los aspirantes a candidatos. A estas alturas los indicios comienzan a ser evidencias. Así, probablemente la investigación emprendida por la Fiscalía concluya que la supuesta lista blanca está contaminada por la trama de Batasuna. El silencio y la no condena de ETA y su actividad criminal, las medias palabras engañosas, las apelaciones al conflicto y los reproches al Estado español opresor apor- tan una buena base para empezar las indagaciones. Como ha asegurado el fiscal general del Estado, Cándido Conde- Pumpido, si los integrantes de esa lista demuestran que no están bajo la disciplina de ETA (y Batasuna es ETA) y condenan el terrorismo la opinión inicial desfavorable del Ministerio Fiscal podría replantearse. Mientras tanto, parece una temeridad abrir la tapa de las urnas a Aukera Guztiak. La condena, explícita y sin paliativos, del terrorismo sería, por lo tanto, la prueba del nueve de que tan peculiar candidatura está limpia y sería el mejor aval para la legitimación de este rumboso grupo de electores. Han sido demasiados los avances conseguidos para mermar al comando político de la banda como para dejarse engañar por una careta que sólo esconde más de lo mismo.