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4 Opinión LUNES 14 3 2005 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil IGNACIO CAMACHO ESTABILIDAD SIN PACTO E N un anticipo de las dificultades para coordinar la política económica en la Europa de los 25, las reuniones del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas para reformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento terminaron sin acuerdo. No se puede descartar un fracaso en la reunión extraordinaria del 20 de marzo, porque las posiciones están enfrentadas en al menos tres cuestiones de fondo: los poderes de la Comisión, la necesidad del Pacto para los países que no están en el euro y las excusas válidas para incumplirlo. Sería un fracaso dulce para Europa, porque seguiría en vigor el Pacto de Estabilidad y con él un elemento central de una política económica necesaria. El Reino Unido y Dinamarca, aunque comparten la lógica del PEC como elemento central de la disciplina presupuestaria y no encuentran razones para suavizarlo, no pueden aceptar que la Comisión reciba la capacidad de imponer sanciones, porque equivaldría a una cesión de soberanía fiscal a un organismo supranacional. La propuesta en discusión debilita la naturaleza del PEC como restricción presupuestaria, pero refuerza la Comisión en detrimento del Ecofin, con el argumento de que un país no debe ser simultáneamente juez y reo. Lo que suena razonable, si no fuera porque la historia reciente no invita al optimismo sobre la neutralidad de la Comisión en materias que afectan a los grandes países. Existen argumentos para que una regla fiscal no se aplique con el mismo rigor a los países que no comparten una moneda única, pero éstos tienen interés en que se respete la disciplina, aunque sólo sea porque el Tratado de Maastricht prevé que puedan entrar automáticamente en la Unión Monetaria con sólo cumplir determinados criterios. Los intentos de relajar la disciplina presupuestaria han sido fuertemente contestados por los países que no están en el euro. Lo que lejos de constituir un ejemplo del comporta- miento del perro del hortelano, es un ejercicio de responsabilidad y compromiso con el futuro del euro. Pero la cuestión central para los intereses españoles es la tercera. La postura oficial del Gobierno es ambigua. Reconoce la conveniencia de la estabilidad presupuestaria y la necesidad de disponer de una regla fiscal inequívoca, pero no se atreve a contradecir a Francia y Alemania, convertidos en el eje de su política exterior, porque confía en obtener contrapartidas por su lealtad en la discusión de las Perspectivas Financieras. Una confianza que hasta ahora no se ha visto confirmada por los hechos, porque la propuesta actual de la Comisión convierte a España en un importante contribuyente neto. Tampoco los socios nacionalistas del Gobierno entenderían que no se aprovechase para debilitar una regla que consideran un corsé a sus demandas de autogobierno. Las reformas propuestas buscan aumentar el grado de discrecionalidad a la hora de aplicar el procedimiento de déficit excesivo, mediante la consideración de las circunstancias en las que se convalidaría el incumplimiento del mágico 3 por ciento, que nadie se atreve a cambiar porque está en el Tratado. Está en peligro el principio de igualdad de trato que es parte constituyente del acervo comunitario. Pero además no se da satisfacción a ninguno de los problemas detectados en el diseño y aplicación del PEC por los múltiples análisis académicos y de organismos internacionales. La postura del Gobierno español sólo se entiende desde su debilidad nacional e internacional. Para lo que se quiere cambiar es mejor dejar el PEC como está. Una regla sencilla y automática es siempre preferible al mercadeo político sobre bases pretendidamente técnicas, al que inevitablemente conduciría la propuesta de la Comisión y que sólo aumentaría el escepticismo sobre la construcción europea y su compromiso con la estabilidad fiscal. OTRA VEZ LA LENGUA L LOS VECINOS, LO PRIMERO UÁN no será la desconfianza que el Ejecutivo catalán despierta en los vecinos del barrio del Carmelo que ayer, con abogados de por medio, amagaron con pedir garantías escritas sobre su situación después de que la Administración autonómica haya comenzado el apuntalamiento de los edificios. El último enfrentamiento entre los afectados y el Gobierno tripartito se centra en el desalojo de los enseres domésticos de los bloques afectados. Aunque las ayudas ofrecidas por las Administraciones son, en general, satisfactorias, sobre el fondo de esta crisis urbanística y social subyace una falta de sensibilidad de la Generalitat, que no acierta con el tacto que requieren este tipo de situaciones. Acudir a una orden judicial para comenzar el apuntalamiento no parece el trato que precisan unos ciudadanos a los C que una nefasta gestión del tripartito ha dejado sin casa, en algunos casos, o con la vivienda amenazada de ruina en otros. Los afectados nunca pueden pasar a un segundo plano, como ya ocurrió en el pleno monográfico vivido en el Parlamento, donde la denuncia retráctil de corrupción vertida por Pasqual Maragall sobre CiU eclipsó el tema central y las explicaciones a los vecinos, que asistieron atónitos al ajuste de cuentas que nacionalistas y socialistas escenificaron sobre los restos de sus casas. Tras el casi versallesco ejercicio de disculpas y retirada de querella entre Maragall y Mas, después de ese regreso al oasis por la puerta falsa, el pulso vecinal en el maltratado barrio barcelonés sigue recelando de las autoridades autonómicas, cuando los ciudadanos deben ser lo primero. A Constitución dispone, en su artículo 3 que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas. La legislación vigente y la sociedad en su conjunto reconocen con naturalidad que la pluralidad lingüística de España enriquece nuestra cultura común. Por ello, plantear a estas alturas nuevos episodios de una imaginaria guerra de las lenguas sólo resulta explicable por la falta de proyectos serios del Gobierno y por el deseo de perturbar la convivencia que inspira a algunos nacionalistas radicales. La semana pasada se vivió en el Congreso un capítulo tragicómico de la eterna querella. Tiene razón Manuel Marín al mantener en pleno vigor unas reglas del juego que han funcionado bien durante años. Su afán conciliador y la cuota parlamentaria del talante gubernamental habían inducido al presidente de la Cámara a una interpretación flexible del reglamento, percibida como debilidad por los diputados de Esquerra y algunos otros. Lo más sorprendente es el apoyo expreso del grupo socialista, a través del propio Pérez Rubalcaba, a las pretensiones de un nacionalismo que no conoce límites. Peor todavía es que Rodríguez Zapatero se mostró algo más que comprensivo con la permanente travesura de sus socios parlamentarios, que desafían las normas cada vez que tienen la oportunidad de hacerlo. Flaco servicio prestan a la lengua catalana quienes la utilizan sin escrúpulo por razones de oportunismo político. Por lo demás, el Partido Socialista debe recordar su propuesta de un estatus de imparcialidad para la presidencia de las Cámaras, así como su reciente pacto con el Partido Popular sobre reformas reglamentarias, que incluye- -al menos de forma implícita- -la remisión al Senado del uso de lenguas autonómicas. Otra noticia reciente demuestra la insensatez que se apodera por momentos de algunos sectores sociales y políticos. Circula en ambientes universitarios un proyecto de reforma de los estudios de Filología que pretende suprimir la actual Filología Hispánica, equipara la lengua española con el catalán, el vasco, el gallego y el asturiano, y determina que para cursar la especialidad de Castellano habría que elegir necesariamente otra de las que denomina lenguas y culturas del Estado español La firme reacción de la Real Academia y las expresivas palabras del profesor Rodríguez Adrados locura y monumento a la incultura son fiel reflejo de la única opinión razonable frente a quienes actúan en contra de la Constitución, de la práctica social y del más elemental sentido común.