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ABC DOMINGO 13 3 2005 Nacional 21 UN AÑO DEL VUELCO ELECTORAL INMIGRACIÓN De una Ley de Extranjería pactada, a un Reglamento de acusaciones y discordia El Gobierno acomete la regularización de cientos de miles de sin papeles anunciado una persecución sin tregua a los empresarios que contraten ilegales, al tiempo que busca soluciones para los extranjeros que no puede repatriar C. MORCILLO M. A. BARROSO MADRID. El 23 de diciembre de 2003 entraba en vigor la enésima reforma de la Ley de Extranjería, pactada con esmero por el Gobierno popular y el PSOE en la oposición. Supuso uno de los escasísimos puntos de consenso de esos meses y, poco después, tras el vuelco de las elecciones del 14- M, se revelaría como un espejismo, pese a la coincidencia de programas en cuanto a la necesidad de controlar e integrar a los inmigrantes. El PP tenía su Reglamento de Extranjería a punto de caramelo cuando las urnas le dieron el turno a los socialistas. Y la inmigración, que tenía visos de adquirir rango de nuevo pacto b Trabajo ha de Estado, empezó a convertirse en arma arrojadiza y emblema de descalificación permanente. Si en mayo el Gobierno proclamaba por boca de su secretaria de Estado para la materia que no se haría ninguna regularización extraordinaria y que el futuro Reglamento sería fruto de un gran pacto, el verano agostaría la primera declaración de intenciones y dejaría la segunda en un sí, pero El consenso que ha buscado el Ejecutivo con todos los agentes sociales y el resto de partidos es innegable- -sólo el PP se ha desmarcado de la norma aprobada finalmente en diciembre pasado- pero Zapatero y su equipo se han embarcado en un proceso de regularización extraordinario, al modo y manera de los emprendidos por los populares, al menos en cuanto al número de posibles beneficiarios- -se calcula que en España viven entre 800.000 y un millón de inmigrantes irregulares- Además, algunos de los socios comunitarios no han tenido empacho en criti- car el mal llamado papeles para todos que los aspirantes se han tomado al pie de la letra. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y sus colaboradores han repetido hasta la saciedad que cuando concluya la normalización los extranjeros que quieran vivir en España tendrán que ser legales, de lo contrario serán expulsados, y ha centrado sus amenazas en los empresarios que decidan seguir llenándose los bolsillos a costa de los sin papeles Para ello el Ejecutivo ha anunciado más de 500.000 inspecciones de Trabajo a partir de mayo. Sigue pendiente el problema de qué hacer con los irregulares que no pueden ser repatriados a sus países de origen. El problema salpicó de lleno al ministerio tras una intervención poco afortunada de Teresa Fernández de la Vega a cuenta de los llamados vuelos de la vergüenza desde Canarias a la Península. El Gobierno ha diseñado un plan de primera acogida, pero sólo es una solución temporal. Cientos de inmigrantes se manifestaron ayer en Madrid para pedir una regularización sin condiciones EFE Más de dos millones de cotizantes foráneos en la Seguridad Social Aunque las cifras parecen avalar la arriesgada apuesta del Gobierno- -más de 130.000 peticiones en las cinco primeras semanas del proceso extraordinario de regularización- Jesús Caldera hiló fino en su última intervención, esta misma semana, sobre un asunto capital para su departamento: la medida ya no beneficiará a los famosos 800.000 irregulares que podría haber en España (una cifra más bien especulativa) entre los que hay menores y jubilados sino, tal vez, a 600.000 ó 700.000 individuos en edad laboral. ¿Está el mercado español preparado para absorber tal cantidad de nuevos trabajadores? En el fondo, esas personas ya trabajaban, pero en la clandestinidad. La normalización aspira a sacar del limbo de la economía sumergida a miles de extranjeros que, al tiempo que se convierten en candidatos a nacionales- ¿otro caladero de votos para el PSOE, como denuncia el PP? engrosarán las arcas del Estado con sus cotizaciones a la Seguridad Social. Si las previsiones son acertadas, al acabar el proceso habrá más de dos millones de cotizantes extranjeros. Pero la oportunidad tiene puntos oscuros. La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España denunció la existencia de empresarios que obligan a sus empleados extranjeros a pagar por la obtención de un contrato de 1.800 a 6.000 euros. La inmigración ha sido un punto caliente en estos primeros once meses de Gobierno socialista. Pero la cosa no ha hecho más que empezar.