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ABC JUEVES 10 3 2005 Nacional MUERTE EN LA CARRETERA DE CINCO GUARDIAS CIVILES 21 Enterradas las víctimas mientras el alférez sigue en estado crítico ABC. La Guardia Civil vivió ayer uno de sus días más tristes al despedir a cinco miembros del Cuerpo que murieron en acto de servicio. Los cinco agentes que fueron atropellados por un camión el martes en Madrid recibieron sepultura en sus localidades de origen, en las provincias de Málaga, Córdoba. Valladolid, Badajoz y Madrid. A los funerales y entierros de los guardias civiles acudieron miles de personas, entre familiares, amigos, miembros del Cuerpo y distintas autoridades, que quisieron acompañar a los allegados de las víctimas. En los cinco escenarios se vivieron escenas de profundo dolor. Mientras, el alférez que estaba al mando del control de seguridad sigue en estado crítico, en situación de muerte cerebral. El otro agente herido evoluciona favorablemente. EFE Detenido el patrón del camionero, que no tenía papeles ni contrato de trabajo Tras el accidente, el empresario fue a regularizar a otro rumano ilegal b La empresa ya tuvo una sanción Pagan un plus por kilómetro a los extranjeros Hay empresarios del transporte que pagan sueldos muy bajos a los extranjeros que están ilegales y ese salario lo completan con un plus por kilómetro, lo que obliga a muchos conductores a hacer largos recorridos para redondear Este es, a juicio de Juan Antonio Millán, secretario general de la patronal de los transportistas Fenadismer, uno de los males que aquejan al sector y que provoca una gran inseguridad Denuncia asimismo que han aumentado las trampas en los tacógrafos con vistas a trabajar más horas y ganar más dinero. A su juicio, la entrada en vigor del tacógrafo digital el 5 de agosto evitará manipulaciones. Según Millán, en España faltan conductores porque el camionero español quiere cortos recorridos de forma que el transporte internacional está copado por extranjeros y más de uno sin contrato Fenadismer denuncia que las mayores irregularidades se dan en las furgonetas de reparto, donde muchos extranjeros funcionan como autónomos que trabajan el máximo de horas posibles, debido a las altas comisiones que cobra el cargador y los intermediarios. Según los transportistas, son aún muy pocos los conductores contratados legalmente en origen por medio del contingente anual, dadas las trabas que existían hasta ahora. Los empresarios piratas son minoría, pero existen asegura Millán. por el mismo motivo y se teme que su dueño logre eludir el pago de las indemnizaciones por alguna argucia legal C. MORCILLO, P. MUÑOZ MADRID. El camionero rumano que atropelló a seis guardias civiles el martes en Madrid no tenía permiso de residencia ni de trabajo, según confirmó ayer el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera. Iulian Toader trabajaba de forma irregular para una empresa de transportes de Toledo. Su dueño Ángel Chavala Villamor, de 35 años, fue detenido ayer por la Guardia Civil, que le imputa un delito contra los derechos de los trabajadores, según informó el Instituto Armado. El empresario, tras ser interrogado, quedó en libertad con cargos a disposición del Juzgado número 1 de Toledo. Guardaba los documentos La empresa ya había sido sancionada por una falta muy grave, en concreto, por tener en situación ilegal a uno de sus trabajadores, también rumano. Horas después de producirse el accidente, Ángel Chavala acudió a una oficina de la Seguridad Social en Toledo para regularizar a otro empleado de la misma nacionalidad. Sólo dos de sus operarios, ambos españoles, estaban contratados de forma legal, según explicaron fuentes de la investigación. En la inspección ocular que realizaron al mediodía de ayer los agentes en la empresa Transportes Chavala constataron que el rumano Iulian Toader carece de permiso de trabajo así como de contrato y no estaba dado de alta en la Seguridad Social. El empresario tenía en su poder la documentación personal del camionero. El industrial, que es vocal del comité ejecutivo local del PP de Cobisa, alega que guardaba esos documentos porque quería legalizar a su empleado y que ya había iniciado los trámites en una gestoría, informa Manuel Moreno. Fuentes de la investigación consultadas por ABC aseguraron, por su parte, que no existe ninguna petición para regularizar la situación del conductor implicado en el accidente que costó la vida a cinco agentes. Caldera informó de que este ciudadano rumano había presentado solicitud de regularización por trabajo el 21 de octubre de 2002, que se le denegó quince meses después. Posteriormente, el 15 de marzo de 2004 volvió a solicitar permiso de residencia por razones humanitarias. La Administración se lo denegó de oficio el 12 de julio de 2004 al no apreciar ningún motivo que justificara los argumentos alegados por Toader. El camionero siguió ayer prestando declaración ante los agentes de Tráfico del Destacamento de Buitrago de Lozoya que instruyen el atestado. Los investigadores han verificado ya el tacógrafo del vehículo pesado del que no se desprende ninguna irregularidad es decir, se habían cumplido los periodos de descanso- -pese a que Toader reconoció que se había quedado dormi- do- -y no se había superado la velocidad límite. El aparato no había sido manipulado, según fuentes de la Guardia Civil. No obstante, esto no quiere decir que el conductor estuviese en condiciones físicas de viajar hasta Toledo, ya que según algunas versiones llevaba muchas horas sin dormir y, además pudo ayudar a cargar las vigas de hierro en el vehículo. Al centro de internamiento Las mismas fuentes confirmaron que el camionero sólo disponía de permiso de conducir de Rumanía y no se había realizado el canje para adaptarlo al español- -uno de los requisitos exigidos para ello desde el pasado octubre es un contrato de seis meses por una empresa radicada en España- Dada su situación ilegal, los agentes han pedido que ingrese en el centro de internamiento de extranjeros de Madrid, aunque el juez de Torrelaguna que se encarga de las pesquisas aún no se ha pronunciado sobre esta medida. Su expulsión de territorio español dependerá de los cargos que se le imputen, homicido por imprudencia o imprudencia temeraria con resultado de muerte. Mientras continúa la investigación penal, los inspectores de Trabajo tratan de deslindar el entramado empresarial relacionado con el dueño del camión. Los investigadores temen, ante los antecedentes de la empresa, que el propietario del camión pueda valerse de alguna argucia legal para eludir el pago de indemnizaciones a los familiares de las víctimas.