Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
14 Nacional LA CRISIS DEL CARMELO LAS DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN JUEVES 10 3 2005 ABC Otro empresario que trabajó para Adigsa no ha cobrado por negarse a pagar comisiones El contratista Ignacio Sánchez reconoce a ABC que comparecerá ante el fiscal b Su nombre figura como testigo en la declaración del empresario José Antonio Salguero ante la Fiscalía que investiga la corrupción en la obra pública catalana ÁNGEL MARÍN BARCELONA. El fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, tiene previsto, entre hoy y los próximos días, tomar declaración al empresario Ignacio Sánchez, que también ha trabajado para la empresa pública Adigsa y que aún no ha cobrado el importe de las últimas obras realizadas para esta sociedad por negarse a pagar comisiones, según explicaron ayer fuentes judiciales. Ignacio Sánchez, el contratista burlado, aseguró ayer a ABC que mi caso es muy diferente al del empresario José Antonio Salguero, que a principios de esta semana reconoció ante el fiscal el pago de comisiones de hasta un 20 por ciento del valor real de las 18 obras realizadas para Adigsa, la empresa que gestiona las viviendas sociales de la Generalitat. Generalitat en el último Gobierno de CiU- -le ofreció trabajar para Adigsa en unas 18 obras de rehabilitación de pisos y que para cobrarlas tenía que incrementar un 20 por ciento por el valor real de las obras. Según Salguero, Penín era el encargado de cobrar las facturas abultadas a Adigsa y siempre cobró un 20 por ciento menos de lo acordado con el presunto intermediario. Según declaró ante la Fiscalía, entre mayo y noviembre de 2003 cobró varias facturas por este procedimiento, firmadas por la antigua dirección de Adigsa, cuando gobernaba CiU, sin que costase ningún contrato mercantil ni laboral al respecto. Sin embargo, en la última obra que realizó para Adigsa- -que consistía en la rehabilitación de 24 edificios en Artesa de Segre (Lérida) -prescindió de la intermediación de Penín porque cerró el acuerdo con una tercera persona, cuyo nombre aún no ha transcendido. El importe de esta obra ascende, según el contratista, a 355.420 euros que asegura todavía no ha cobrado de Adigsa, que no reconoce la deuda al no haber niguna constancial documental sobre el nínún proceso de contratación con Demastir S. L. una de las empresas de Salguero. Sede de la Fiscalía donde se investigan los posibles casos de corrupción ELENA CARRERAS el segundo empresario catalán en declarar ante la Fiscalía Anticorrupción que abrió una investigación a raíz de las manifestaciones del presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, en el debate parlamentario sobre la crisis del Carmelo, en las que insinuó la existencia de comisiones en la obra pública catalana. El fiscal jefe de Cataluña llamará a declarar a Ignacio Sánchez porque, añadieron las mismas fuentes judiciales, su nombre figura como testigo de los hechos denunciados por Salguero ante el propio Mena. En su declaración, Salguero explicó que José María Penín- -un familiar lejano de Felip Puig, ex consejero de Política Territorial y Obras Púiblicas de la Una auditoría de Adigsa En una auditoría de Adigsa encargada por la Generalitat el pasado mes de enero y hecha pública la semana pasada confirmó que Salguero emitió varias facturas a título personal y a través de Demestir S. L. y Relulex S. L, por una decena de trabajos de rehabilitación realizados en 2003. Esta empresa pública catalana ha invertido unos 200 millones de euros entre 1977 y 2003 para rehabilitar los bloques de pisos de los polígonos sociales construidos durante los últimos años del franquismo y que fueron traspasados a la Generalitat en la década de los ochenta. Contencioso particular Sánchez espera tranquilamente la llamada de la Fiscalía para contarle su contencioso particular con Adigsa y, mientras tanto, aseguró que no piensa hacerlo público a través de lo medios de comunicación como hizo Salguero. Si la llamada se produce hoy o mañana, Ignacio Sánchez se convertiría en Sánchez espera tranquilamente para contar su contencioso particular con la sociedad pública GISA ingresa sin la correcta imputación hasta el 8 de la obra pública que contrata Á. M. BARCELONA. GISA- -Gestión de Infraestructuras S. A. la empresa pública responsable de las obras del Metro en el barrio barcelonés del Carmelo y de toda la contración pública en materia de infraestrucutras- -tiene acordado con la Generalitat la computación como ingreso propio un 6 por ciento- -en algunos casos hasta dos puntos más- -del presupuesto de la obra y que esta cantidad sea facturada a las adjudicatarias. El concepto de esta facturación son los gastos que tiene la empresa pública por la prestación de trabajos facultativos de Coordinación de Seguridad y Salud en la ejecución de la obra de replanteamiento, dirección, inspección y liquidación de obras, y de gastos de control de calidad de éstas. Sin embargo, la auditoría ordenada por el departamento de Economía del Gobierno catalán hace un año especifica que esta facturación es aplicada de forma mensual con un redondeo al alza, si bien no mantiene un control analítico completo de los gastos imputables a cada actuación, por lo que no se ha podido verificar la correcta imputación individual de los costes soportados ni de los ingresos repercutidos a los contratistas por este concepto Es decir, los costes de la obra incorporan indirectamente los importes facturados por GISA y que han de asumir los adjudicatarios. Debido al hecho que la sociedad no lleva un control de estos costes para cada uno de los proyectos- -insisten los auditores- no podemos manifestarnos sobre la adecuación de la cifra soportada por los contratistas asegura la Intervención General en su informe. En los contratos de obras revisados en 2004 por la Intervención General del departamento de Economía, se constata que en 16 de ellos se aplicó el 6 por ciento previsto, que en otros dos se alcanzó el 7,46 y 8,50 por ciento porque las obras finalizaron con retraso imputables a los contratistas y que sólo en uno de ellos se redujo al 5 por ciento por acabar las obras antes de lo previsto. Todas las obras revisadas de GISA estaban cofinanciadas por fondos europeos (FEDER) En las conclusiones de la Intervención se subraya que GISA factura de forma mensual a las adjudicatarias los gastos que tiene la empresa públicapor los citados trabajos facultativos, por lo que en el capítulo de recomendaciones se insta a la empresa pública a establecer un sistema de costes pertinente que permita la justificación detallada y de forma individual los importes facturados a los adjudicatarios como retribución por prestación de los trabajos facultativos de Coordinación de Seguridad y Salud sobre todo en los proyectos cofinanciados con fondos europeos. Para futuras actuaciones financiadas con estos fondos, los auditores también consideran necesario revisar los criterios de ajudicación de los concursos, tramitados por el procedimiento abierto para asegurase que cumplen la normativa contractual europea. Gestionó más de 1.500 obras entre 2000 y 2002 La empresa GISA, que controla y gestiona el 90 por ciento de la obra pública de la Generalitat, puso en marcha 1.540 obras de diversa tipología y complejidad (transporte, carreteras, sanitarias, comisarias, escuelas) en el período auditado 2000- 2002. Algunos proyectos de infraestructura contaron con presupuestos elevados, como el de ampliación de la Línea 3 entre Montbau y Mondet del Metro de Barcelona- -que adjudicó a la UTE, integrada por Dragados y Copisa, por un importe de 13 millones de euros- -o el de la construcción de un tercer carril en la A- 16- -que adjudicó a la UTE, integrada por Obrascon y Sato, por 7 millones de euros- En esos años, Gisa experimentó un incremento de la obra certificada y de productividad, pasando de 420 millones de euros en 2000 a 595 millones de euros en 2002.