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4 Opinión MARTES 8 3 2005 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil IGNACIO CAMACHO UN PLAN QUE NO FAVORECE LA IGUALDAD DE LA MUJER LAS CARTAS DEL PSE NO de los alicientes de la próxima campaña electoral vasca será conocer la estrategia del Partido Socialista de Euskadi para evitar que su programa sea percibido como una variación suavizada de las propuestas nacionalistas. Si un ciudadanodesprevenido oyera que un partido vasco habla de patria vasca comunidad nacional y consulta pensará, con razón, que se trata de una formación nacionalista. Es a este tipo de ciudadano, de dentro y de fuera del País Vasco, al que la actual dirección del PSE tiene que explicarle que tales ideas, pese a estar en su programa político recién aprobado, sin votos en contra, no entrañan un nuevo proceso de alienación nacionalista, uno más que se uniría a los muchos que ya se han producido desde la instauración del sistema autonómico. Parecía que los partidos no nacionalistas habían llegado a la conclusión, cada uno por separado, de que la política de mimetizarse con el nacionalismo- -en el lenguaje, en los símbolos, en la educación- -no sólo no había generado más lealtad constitucional por parte de los nacionalistas, sino que había aumentado la hegemonía de éstos sobre el resto de los ciudadanos vascos. Sin embargo, el PSE debería conocer los riesgos de intentar disputar al nacionalismo algunos de sus mensajes e ideas y en su propio terreno. La reciente historia de la Autonomía vasca no aconseja estos experimentos. El Estatuto de Guernica fue una norma de objetivos máximos y efecto federalizante. El Concierto Económico es un privilegio postforal, legitimado por la Constitución de 1978. Este patrón de institucionalizar la Autonomía vasca apurando los límites constitucionales no admite más revisiones. Y, sin embargo, los socialistas vascos parecen dispuestos a seguir aceptando que cuando el nacionalismo declara la caducidad de una norma o de una institución, todos tienen que acatarlo y jugar siempre con las cartas que reparten los nacionalistas. El resultado es la confusión y no, desde luego, la bisagra que, según Rodríguez Zapatero, unirá las dos mitades de la sociedad vasca. Ahora, el presidente del Gobierno, quien, en su día, declaró que su proyecto para el País Vasco era el proyecto de Nicolás Redondo, descubre el valor de la equidistancia frente al PP, por un lado, y el nacionalismo, por otro. Sin embargo, en la situación política actual, afirmar, como hace el PSE, que el objetivo del Estatuto de Guernica era el proyecto nacional vasco y que su oferta electoral es articular la patria vasca y la comunidad nacional de los vascos, no da pie a la equidistancia y otorga una baza inmejorable al nacionalismo. Porque sería un error de concepto pretender ganarle terreno al PNV utilizando su política de gestos retóricos y su semántica. E L Gobierno ha aprobado, en el último Consejo de Ministros, 53 medidas, nada menos, cuyo objetivo es favorecer la igualdad entre varones y mujeres. Las vísperas del Día Internacional de la Mujer, que hoy se celebra, han debido de parecer al Ejecutivo de Zapatero ocasión inmejorable para deslizarse por la pendiente de la búsqueda del voto fácil. El paquete de iniciativas tiene su destino en el ámbito laboral, el hogar, los servicios públicos y privados, la defensa de la integridad física y el deporte. El Gobierno pretende dirigir el 60 por ciento de las acciones del Plan Nacional de Empleo a las mujeres, favorecer su acceso a los puestos de responsabilidad en la Administración hasta llegar a la paridad, promover su incorporación a los órganos de dirección de las empresas y sus consejos de administración, conceder microcréditos a mujeres emprendedoras, regular su jornada laboral a tiempo parcial e incluso valorar la participación de mujeres en equipos de trabajo como criterio adicional en la concesión de ayudas a proyectos de investigación. Mucho es lo logrado en los últimos años en favor de la igualdad entre los sexos. Bastante lo que queda aún por hacer. Pero el camino razonable no es el emprendido por el Gobierno. El conjunto de medidas aprobadas no deja de ser, en su mayoría, sino una exhibición de loables objetivos que adolece de falta de dotación presupuestaria y medidas jurídicas para llevarlos adelante, y, sobre todo, de carencia de idoneidad en los medios. El Gobierno parece ignorar y despreciar la distinción entre los ámbitos propios de la acción del Ejecutivo y aquéllos en los que la iniciativa debe correr a cargo de la propia sociedad. Algunas de las medidas propuestas entrañan una intromisión gubernativa en los ámbitos reserva- dos a la libertad de decisión de las empresas. Otras se introducen en el ámbito de la discriminación positiva, que puede vulnerar el principio de igualdad establecido en la Constitución. Se diría que estamos ante un nuevo intento de ingeniería jurídica que aspira a diseñar la organización de la sociedad desde el Gobierno. Por ejemplo, no se puede corregir por decreto la evidente escasa participación de la mujer en los Consejos de Administración de las 36 principales empresas que cotizan en Bolsa: sólo un 2 por ciento. El procedimiento debe ir por otro camino que respete la libertad de las empresas y combata las trabas que aún existen a la total incorporación de la mujer al trabajo. Lo mismo cabe decir de la Administración: no se puede imponer una paridad forzosa que podría atentar contra los principios de igualdad y de capacidad y mérito. La lógica del Gobierno podría conducir a un condicionamiento de los resultados en las oposiciones y concursos por razón de sexo, que es precisamente lo que se trata de evitar. Por lo demás, la actuación del Gobierno revela cierta incapacidad para gestionar de manera eficaz un problema que no se resuelve con medidas, en su inmensa mayoría, de imposible cumplimiento. Al Gobierno y a las leyes les compete remover los obstáculos que se opongan a la igualdad legal, no la imposición de una igualación real forzosa. Cierto es que no resulta fácil, pues sin el concurso activo de una sociedad comprometida los avances en esta materia serán difíciles y costosos. Por ello, haría bien el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero en valorar sus propias fuerzas y en aceptar que la igualdad de la mujer tiene caminos más eficaces que no transitan, precisamente, por las vías de un mero manual de buenas intenciones. U BOLIVIA, DE MAL EN PEOR O que se veía venir se ha confirmado. La renuncia del presidente de Bolivia, Carlos Mesa, pone de manifiesto que el país se gobierna desde la calle y al margen de las instituciones democráticas. La presión de los llamados cocaleros y de ciertas organizaciones empresariales, que han añadido más leña al fuego de la tensión social, ha provocado la renuncia anunciada meses atrás por el ahora dimisionario presidente Mesa. La movilización social no ha cesado desde entonces a pesar de los llamamientos a la responsabilidad y al diálogo lanzados desde el Gobierno. De hecho, la presión ha ido en aumento según pasaban los días y, al final, una tras otra se han ido dando las vueltas de tuerca que han precipitado una salida esperada. Bolivia avanza hacia una crisis que puede ser tan grave como la que hace quince meses forzó la L salida del entonces presidente Sánchez de Lozada. Lo sorprendente de esta situación es que las pasadas elecciones municipales demostraron que los opositores a Mesa no tenían el respaldo de la mayoría boliviana. Sin embargo, las acciones de boicot y las movilizaciones han silenciado las urnas y han sido lo suficientemente eficaces como para colapsar la capacidad de maniobra de un Gobierno que no ha podido atajar los golpes de efecto populistas de los cocaleros que acaudilla el líder indigenista Evo Morales, que trata de forzar la aprobación de una Ley de Hidrocarburos disparatada, que prácticamente nacionaliza el gas natural y retoma el estado de la cuestión tal y como estaba antes de que se produjera la crisis de hace un año. Volver a ese momento es haber perdido el tiempo y, por tanto, ir de mal en peor.