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4 Opinión LUNES 7 3 2005 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil IGNACIO CAMACHO LA ETERNA REFORMA PENDIENTE LA PRUEBA DEL PADRE NA reciente sentencia del Tribunal Constitucional ha devuelto a la actualidad el enfrentamiento que este órgano mantuvo con la Sala Primera del Tribunal Supremo en 1994, el primero de una larga cadena que culminó con la condena civil que esta Sala impuso a los jueces del TC en enero de 2004. El caso ahora resuelto por la jurisdicción constitucional es una reclamación de paternidad, que el TS había reconocido a favor del menor demandante, después de que tanto el Juzgado como la Audiencia que resolvieron en las primeras instancias rechazaran la demanda. Para el TC, el Supremo ha vulnerado el artículo 24.1 de la Constitución (derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión) porque basó su decisión únicamente en la negativa del presunto padre a la prueba biológica, decisiva en este tipo de asuntos. El caso es prácticamente igual al que provocó el conflicto en 1994, aunque entonces el TC fue más lejos al anular la sentencia del Supremo y declarar la firmeza de la sentencia dictada por la Audiencia, lo que se interpretó como una suplantación de las funciones de la Sala Primera del Supremo. La doctrina del TC sobre la prueba de paternidad no es novedosa, y en los últimos años el Supremo la viene aplicando rigurosamente, de forma que la negativa a practicarse la prueba biológica no basta para declarar la paternidad si no hay, además, otras pruebas que avalen los hechos. Así está recogido expresamente en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, que se ajustó a la jurisprudencia constitucional. En el plano institucional, esta nueva sentencia del TC demuestra que aún sigue pendiente una reforma eficaz del recurso de amparo contra decisiones judiciales. La premisa de que el Tribunal Constitucional es el órgano máximo de interpretación de las normas constitucionales no tiene matización alguna. Por tanto, su decisión siempre será la última y superior a cualquier otro Tribunal, pero también al resto de poderes públicos, como el Gobierno y el Parlamento. El problema es que en 2003- -último ejercicio con Memoria publicada- -el TC recibió 7.721 recursos de amparo (el 98 por ciento del total de asuntos ingresados en el TC) de los cuales 7.054 (el 91,5 por ciento) se dirigían contra resoluciones judiciales. En el 31,87 por ciento de los casos, la última resolución había sido dictada por el Supremo. Con estas cifras es imposible evitar por completo el riesgo de colisión entre ambos tribunales, más aún cuando uno de ellos, el TC, tiene una superioridad funcional incuestionable en la interpretación de la Constitución. El problema es que a veces se olvida que el Supremo, también por mandato de la Constitución (artículo 123) es el órgano jurisdiccional supremo en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales D ESPUÉS de un año, el Gobierno ha presentado finalmentesu programa de reformas económicas bajo el revelador nombre de plan de dinamización. Se trata de un conjunto desordenado de medidas de desigual naturaleza e impacto que persigue hacer realidad la promesa electoral del presidente Zapatero de provocar una segunda y definitiva liberalización de la economía española. Loable objetivo que no se conseguirá con los escasos mimbres contenidos en este plan, porque las verdaderas reformas, necesarias y conocidas, han sucumbido ante los múltiples compromisos políticos de un Gobierno en minoría, las disensiones de fondo en el seno de un Ejecutivo de aluvión que combina ministros de corte liberal con populistas puros, y el mero cálculo electoral de corto plazo que paraliza toda acción reformista que no se compadezca con la corrección política, convertida en nuevo catecismo y el talante del presidente del Gobierno, que parece considerar que dirigir la acción gubernamental es incompatible con la toma de decisiones. Porque el diagnóstico es de sobra conocido. No hacen falta comités de sabios que nos ilustren sobre las reformas pendientes. La globalización es una realidad y hace ya mucho tiempo que la economía española pasa el examen anual de organismos internacionales como el FMI, la OCDE o la propia Comisión Europea. Un rápido repaso a sus últimos informes bastaría para elaborar un catálogo de medidas urgentes. Seis de ellas se repiten siempre: la flexibilización del mercado de trabajo y de la negociación colectiva para centrarla en la competitividad; la reforma de la Seguridad Social para aumentar la proporcionalidad entre cuotas y prestaciones, alargar la edad de jubilación e incentivar los fondos de pensiones complementarios; la introducción del copago sanitario como única manera de hacer frente al crecimiento del gasto derivado del envejecimiento de la población y de la propia prosperidad; la reforma fiscal para convertir el sistema impositivo en un auténtico mecanismo de crecimiento y creación de empleo mediante el fomento del ahorro; la independencia ejecutiva de los organismos reguladores para poner fin a la intervención del Gobierno en la vida económica y empresarial; y la liberalización del suelo y el restablecimiento práctico de los derechos de los propietarios como única manera de amortiguar el encarecimiento de la vivienda y hacer emerger oferta en alquiler. Ninguna de estas seis reformas están contempladas en el plan presentado. En ninguna se ha producido avance alguno que vaya más allá de una declaración de buenas intenciones, y sin embargo ha habido retrocesos. Por eso no se puede quejar el Gobierno de que su plan haya sido calificado de marketing, de puro humo, y de que cunda la decepción entre analistas y agentes sociales. Pero hay que reconocer que el Ejecutivo ha aprendido del mundo corporativo y ha respondido al desánimo con rapidez, propagando nuevas declaraciones, filtraciones y discusiones entre ministros sobre la reforma fiscal y del mercado de trabajo. El problema es que, después de un año, falta la voz del presidente y sobran discusiones entre Solbes, Sebastián y Caldera. Lo importante para el contribuyente, y para el futuro de la economía española, no es si el IRPF va a tener tres o cuatro tramos, sino si va a fomentar el ahorro, si va a incidir en la renta gastada como base imponible en la línea de lo que esta misma semanapropusoGreenspan, siseva adisminuirlapresión fiscal sobre las empresas para acercarla a la media comunitaria y competir en la Europa ampliada, si el tratamiento de las plusvalías va a ser consistente con una economía que necesita atraer inversión extranjera y localizar el ahorro nacional. Y de todo esto nadie quiere hablar. No es políticamente correcto. U EL GIGANTE CHINO HINA sigue desperezándose sin prisas, pero con un ritmo implacable que hace que las reformas vayan mudando la piel de un gigante que no oculta sus ambiciones de ser una superpotencia. La Asamblea Nacional Popular que inició sus sesiones el pasado sábado gira en torno a tres decisiones: el abandono por parte de Jiang Zemin del mando del Ejército; la aprobación de una ley antisecesión que impida el aliento independentista de Taiwán, y el incremento del presupuesto militar con el fin de hacer viable un Ejército operativo. La centralidad geoestratégica china en el mapamundi salido del fin de la Guerra Fría es fundamentalpara comprender estas decisiones. La nueva generación política que lidera Hu Jintao busca consolidar los cambios producidos en el país desde que Deng Xiao Pin pilotó la revolución silenciosa que acabó con el posmaoísmo. Para lograrlo, China necesita dotarse deun entorno de seguridad que no tiene debi- C do a vecindades tan incómodas como el Asia Central ex soviética, el avispero afgano, la convulsa frontera indo- pakistaní, el arco musulmán que se extiende al sur de los estrechos malayos y esa peligrosa anomalía internacional que es Corea del Norte. Si China quiere ejercer un liderazgo responsable, antes debe ser creíble como superpotencia. Su decisión de evitar la secesión de Taiwán es una evidencia de ello. Si el reducto de la antigua China nacionalista proclamarasu independencia, se estaría desdibujando un proceso de convergencia que la decidida voluntad china de liberalizarse y la creciente sintonía de intereses económicos entre ambos territorios ha ido imponiendo progresivamente. La ley antisecesión trata de que no se frustre este proceso. Es cierto que China arroja tras de sí un déficit democrático importante, pero no lo es menos que los cambios políticos se están dando, aunque dentro de formulaciones y equilibrios sutiles.