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62 Los domingos DOMINGO 6 3 2005 ABC FINANCIACIÓN Carlos Solchaga declaró por Intelhorce, a finales de los noventa J. A. BERROCAL Gabriel Cañellas y otros procesados por el túnel de Sóller, en 1997 EFE Cuentas, es el depositario último de la iniciativa sancionadora, lleva a la disfunción de que sean los propios partidos los que deciden sobre sus irregularidades. En ese magma se asientan los actuales sistemas de vigilancia, precarios e insuficientes mientras quien más y quién menos tenga trapos sucios que lavar. También cree inadecuado que la financiación pública no esté limitada (son subvenciones no condicionadas en función del número de votos y escaños) y sí la privada, porque eso genera una mala gestión de los recursos colectivos y aleja a los partidos de la sociedad. nanciación Precisamente hace notar que es esa idiosincrasia cainita la que pone las bases para que los donantes de los partidos prefieran refugiarse en el anonimato. Un factor que se mitigaría- -dice- -si se erradicasen las connotaciones desfavorables y se establecieran, por ejemplo, unos incentivos fiscales. La sociedad debería asumir que no es un demérito, sino todo lo contrario, contribuir al sostenimiento de los partidos, que en definitiva son el mecanismo de articulación de la participación de los ciudadanos en la políti- Transparencia pendiente Considera Del Castillo necesario cambiar esa mentalidad imperante por la que los donativos privados se ven como algo negativo, justo lo contrario de lo que sucede en Estados Unidos. Siempre que estén regulados con transparencia y las debidas limitaciones, deben ser la vía preferente de fi- Pilar del Castillo propone más aportaciones privadas pequeñas y medianas, con transparencia e incentivos fiscales ca Por eso propone que a partir de una cantidad determinada se haga pública la identidad del donante. Si se alientan las pequeñas y medianas contribuciones, los partidos estarán más cerca de la sensibilidad de los ciudadanos, porque esos mismos ciudadanos podrán penalizarles cerrando el grifo de las aportaciones Recuerda que el vigente sistema de subvenciones nace a imagen de los que se generalizan en Europa a partir de los años 70. Sólo el Reino Unido presentó mayor resistencia porque, al igual que Estados Unidos, posee una cultura política menos estatalista Del Castillo no aprecia una relación directa entre el modelo de subvenciones estatales y corrupción, aunque sí matiza que constreñir en exceso los donativos privados puede hacer que en los partidos surjan ciertas tentaciones Pero la autocrítica no se asienta sólo en el flanco del Partido Popular. Fernando Vallespín, actual presidente del Centro de Investigaciones Sociológi- cas y politólogo, critica la opacidad de las aportaciones anónimas y defiende la financiación pública de los partidos porque Europa no es Estados Unidos. Allí los dos grandes partidos son interclasistas, y tanto republicanos como demócratas tienen la opción de recabar sustancioso apoyo financiero. En nuestro ámbito hay formaciones políticas muy vinculadas a grupos sociales que nunca tendrían igualdad de oportunidades en la obtención de fondos Aquí- -añade- -nunca toleraríamos algo que allí se tiene asumido: que sólo puede ser candidato el que puede financiarse, o que la fuerza de los aspirantes a la presidencia se mida en los millones de dólares que van recaudando. Los grupos de presión, los famosos lobbies son de dominio público y están institucionalizados. En Europa eso está mal visto, aunque las aportaciones anónimas inevitablemente lleven a la sospecha Maragall sólo ha levantado una esquinita de la alfombra. Casos de recaudación irregular PSOE Los socialistas tienen un historial destacado en la financiación irregular. Fernández Marugán, secretario de Finanzas del partido a partir de 1991, a raíz de saltar a la palestra el Caso Filesa, reconoció, seis años después, que las finanzas del partido- -en general de los partidos- -eran un caos en los primeros años de la democracia. Cada uno, dijo, se arreglaba como podía Algunos dirigentes reconocieron que las empresas creadas para recaudar pretendían organizar unos ingresos que a veces se desviaban a bolsillos particulares o se perdían por el camino. Casos Filesa y Ave. Ocho personas fueron condenadas en octubre de 1997 a penas que iban desde los once años de prisión a los seis meses de arresto, en relación con el caso Filesa Las sociedades Filesa, Malesa y Time Export, controladas por personas vinculadas al partido, recibieron- -entre 1988 y 1990- -importantes cantidades de dinero en concepto de estudios de asesoramiento para destacados bancos y empresas de primera línea, que nunca llegaron a realizar. La historia se ha reabierto estos días con el Caso Ave, que afecta a 14 acusados, algunos implicados en el Caso Filesa y condenados por él. Ahora se trata de las comisiones cobradas durante la construcción del tren de alta velocidad. El caso Filesa tuvo profundas repercusiones, llevó a declarar a destacadas personalidades políticas y económicas, supuso algunas condenas de cárcel y aceleró la caída del Gobierno socialista. Caso Ollero. En 1991, un anónimo denunció el supuesto cobro de comisiones ilegales en las consejerías de Economía y Obras Públicas de la Junta andaluza para financiar al PSOE. Implicados Manuel Ollero, director general de Carreteras de la Junta, y Aída Álvarez, ex coordinadora socialista de Finanzas y colaboradora hasta 1986 de Alfonso Guerra. No prosperó. Caso Montaner. O casos Gil. El polémico alcalde de Marbella sumó conflictos propios y corruptelas compartidas con el partido socialista andaluz. Gil denunció en 1996 la entrega de 220 millones de pesetas en cheques para que la Consejería de Política Territorial, dirigida entonces por Jaime Montaner, cambiara el grado de edificabilidad del proyecto previsto en una finca de su propiedad. Uno de estos talones se entregó, tal y como figuraba en la denuncia de la Fiscalía, en la sede del Partido Socialista en Sevilla. Caso Intelhorce. La acusación particular dijo que el PSOE había desviado en 1994 alrededor de mil millones de pesetas de la textil malagueña Intelhorce para las arcas del partido. Caso Unicaja. La Audiencia de Málaga investigó en 1994 un caso de supuesto perdón fiscal a la Caja a cambio de la condonación de créditos otorgados al Partido Socialista por un importe de 300 millones de pesetas. Salvador Palop, y el diputado Ángel Sanchís fueron detenidos por cohecho. El Supremo rechazó las grabaciones inculpatorias por no autorizadas. Caso Sóller. Obligó a dimitir al presidente Cañellas en 1995. El escándalo se remite a los años 1988 y 1989, cuando el Gobierno balear adjudicó la construcción del túnel de Sóller a un antiguo socio de Cañellas. Caso Campofrío. En 1992, el alcalde de Burgos. José María Peña San Martín, fue condenado por las irregularidades en la concesión de licencias de construcción PP El Partido Popular también se ha visto salpicado por casos de posible o probada financiación irregular: Caso Zamora. Supuestas comisiones de constructores a cambio de la adjudicación de contratos de obras, entre 1983 y 1987. Caso Naseiro. El 9 de abril de 1990 tres miembros del PP, su tesorero, Rosendo Naseiro, el concejal del Ayuntamiento de Valencia, UNIÓ El Caso Pallerols sacó a la luz el desvío de dinero de la UE destinado a cursos de formación profesional hacia gastos de instalaciones, material y personal del partido, entre 1996 y 1997.