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ABC DOMINGO 6 3 2005 Los domingos 61 El alcalde de Marbella Jesús Gil fue extorsionado y pudo demostrarlo JAVIER PRIETO El caso de Unió era similar, con gran peso de las aportaciones privadas, y la duda surge: ¿se puede esconder algún espurio interés detrás de muchos de estos bonos o aportes innominados? El Tribunal de Cuentas también regañaba al partido de Artur Mas por haber incluido en su balance las contribuciones de las sedes central, comarcales e intercomarcales, pero no las de las locales, deficiencia que instaba a subsanar en venideras ocasiones. Otra vez la piedra de la impotencia: tirón de orejas, y a correr. Lo mismo cabe decir de los colegas de UDC, a quienes se les reprocha haber incluido unas partidas de mobiliario de sedes (desde 1996 a 2000) y de material informático no justificadas, así como por desajustes en operaciones bancarias. El partido replicó, en lo que respecta a los muebles y los ordenadores, que ya los regularizará ¡en el balance del ejercicio de 2003! Números cantan 150 millones de euros recibieron en subvenciones públicas los partidos políticos en 2001, último año fiscalizado por el Tribunal de Cuentas. 36,7 millones de euros del total de 150 procedían de las Administraciones locales. Es una vía de financiación no prevista por la ley de 1987 y despierta suspicacias sobre procesos de especulación con el suelo público. 8,7 millones de euros ingresaron por donativos anónimos entre 1999 y 2001 Convergència y Unió (los dos partidos presentan sus balances por separado) Ello supone más que lo obtenido por el Partido Popular (6,9) en un ámbito geográfico mucho mayor. el Tribunal de Cuentas documenta que se le condonó un crédito al PSOE en Guipúzcoa. El partido saldó en 2001 con un pago de 84.141 69 euros un crédito suscrito en 1984 por importe de 150.253,23 euros. El ente fiscalizador se queja de que esta operación supone una aportación extraordinaria para el partido no regulada expresamente en la Ley Orgánica 3 1987 Impunidad El Tribunal de Cuentas tiene asignado un fiscal dependiente de la Fiscalía General del Estado, comisionado para actuar cuando detecte irregularidades de las que se puedan derivar responsabilidades contables o penales. Pero como la ley es laxa y apenas hay asideros, jamás ha emprendido acciones contra los partidos políticos por causa de sus finanzas. Además, en las sesiones parlamentarias en las que se debaten los cíclicos informes del órgano fiscalizador, los grupos exhiben una dialéctica de guante blanco inédita en otros ámbitos de discusión. Impera la filosofía del mejor no meneallo Fuentes cercanas a ese Tribunal detallan algunas de sus muchas cuitas. La primera, que no se dispone de ningún mecanismo corrector: se hace la radiografía, pero no se entablilla a nadie. Otra, los crónicos retrasos: cada informe se emite al menos dos años des- pués del cierre del ejercicio analizado, lo que se debe a que en España todos los años hay elecciones, ya sean autonómicas, generales, municipales o europeas, y éste es también un órgano fiscalizador de las cuentas electorales O sea, que no dan abasto. De ahí que el último balance sea el ya referido de 2001, presentado ante las Cortes en enero de 2004. Ahora, se espera que para el verano esté concluido el correspondiente a 2002. Sociedades anónimas y fundaciones Tres han sido los partidos (nacionalistas todos ellos) que al rendir oficialmente sus cuentas han consignado su participación en sociedades mercantiles, una posibilidad no prevista en la Ley de 1987 y que necesita, en opinión del Tribunal fiscalizador, ser controlada. Convergència Democràtica de Catalunya posee el cien por cien de la sociedad Jurídica manresana, S. A. lo mismo que el PNV es propietario de Campbell S. A. y Fibrocementos Aurrerá Eusko Alkartasuna ha seguido la misma vía con Fundación Elkartu, SA Pero el Tribunal de Cuentas, al margen de esas sociedades anónimas declaradas (en realidad casi testimoniales por su capital social) habla también de la conveniencia de esclarecer la relación entre las finanzas de los partidos y las de las fundaciones vinculadas a ellos. Un mundo. Los juristas consultados por este diario explican que la situación, con ser desalentadora, no difiere en exceso de la de otros países europeos (eso que llamamos nuestro entorno e incluso es mejor, pues en muchos de ellos el Tribunal de Cuentas no fiscaliza las finanzas de los partidos. En España, cuando ese órgano se constituyó en 1982, tampoco tenía atribuida tal función, que le fue encomendada unos años después. 14 millones de euros es la deuda vencida correspondiente al PSC, frente a un total acumulado por todos los partidos de 32,9 millones. Otros 6 7 millones de euros constan en el debe del PSOE. Entre PSOE y PSC copan el 60 por ciento de los créditos impagados de todas las formaciones políticas españolas. Los bonos convergentes La falta de desarrollo normativo lleva a que, además, cada formación utilice una metodología diferente en la presentación de sus cuentas, obstáculo que se está intentando subsanar mediante la elaboración de un Plan General de Contabilidad. Los balances presentados son a veces tan chuscos que, por ejemplo, las organizaciones territoriales del Partido Popular de Valencia, Castellón y Asturias sólo presentaron ingresos, frente a ningún gasto. En el caso de Convergència, contemplado ahora bajo la lupa de la opinión pública, el Tribunal halló peculiaridades recogidas en su último informe: CDC articuló las aportaciones privadas anónimas a través de una entidad bancaria, mediante bonos de 30,05 y 150,25 euros, hasta lograr recaudar 1.731.275,47 euros. 3,6 millones de euros transfirió el Gobierno vasco a los partidos de la Cámara de Vitoria en 2001 para su funcionamiento ordinario. Se considera irregular que el Ejecutivo financie a las formaciones políticas a través del legislativo. 150,25 euros es el montante de cada uno de los bonos, presentados como donativos anónimos, con los que Convèrgencia obtuvo sustanciosa financiación. También los había de 30,05. Con este sistema recaudó 1,7 millones de euros en 2001. Origen de los males Una dificultad básica de la fiscalización reside en que las formaciones políticas son en principio entidades privadas. Pero en España, durante la transición, se les confirió un carácter híbrido muy dependiente de las subvenciones estatales, porque se adujo la necesidad de fortalecerlos después de tantos años de dictadura. Además, la opción de los partidos a la americana alimentados casi exclusivamente con donativos privados, se consideró como favorecedora de la derecha, supuestamente más cercana al capital. Así se han convertido en entidades mixtas con rémoras denunciadas por la eurodiputada Pilar del Castillo, quien, además de ex ministra, es una acreditada especialista en financiación de partidos políticos. Opina que el vigente sistema, según el cual el Congreso, del que depende el Tribunal de 84.000 euros. Es la cantidad con la que el Partido Socialista de Euskadi saldó en Guipúzcoa una deuda con una entidad de crédito por un préstamo de 150.000 euros. Aunque las cantidades son modestas, resultan significativas, pues se trata de un caso en el que el Tribunal de Cuentas acredita que hubo beneficio económico por condonación. 4 sociedades anónimas pertenecientes a partidos políticos detectó el Tribunal de Cuentas. Una era de Convergència, dos del PNV y otra de EA. Maragall ha recuperado a Sala (derecha) encarcelado por Filesa YOLANDA CARDO