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20 Nacional SÁBADO 5 3 2005 ABC El PP anima a recurrir el impuesto sobre solares que Extremadura cobró antes de tiempo b El Tribunal Superior de Justicia Los Tribunales anulan, tras 7 años de juicios, el Plan de Urbanismo de Marbella No hubo silencio administrativo y el pleno se convocó sin respetar el plazo b El Ayuntamiento, que entonces Se impone la legalidad La consejera de Obras Públicas expresó ayer su satifacción por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de estimar el recurso presentado por la Junta. Según Concepción Gutiérrez, poco a poco la legalidad se impone y aparece la claridad, y vamos a entrar en la fase de ordenación de la Costa del Sol como la mejor garantía de su futuro El acuerdo del pleno de Marbella, añadió Gutiérrez, se atribuía unas competencias para aprobar un plan que eran de la Junta y no del Ayuntamiento y además se hacía por un procedimiento claramente ilegal, dos extremos que recoge la sentencia En su opinión, esta nueva fase hará que la Costa del Sol sea una costa de calidad, a partir de un esquema de ordenación territorial y de ordenación urbanística sustancialmente diferente de lo que ha sido el pasado pleno, y que no existe ninguna razón de carácter jurídico y objetivo en lo que se alega para justificar la misma A igual conclusión se llega en lo referente a la aprobación del PGOU por supuesto silencio administrativo de la comisión, y se afirma que dicha aprobación es nula de pleno derecho por contravenir lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 1 97 de la Junta Dicha ley establece que se entenderá aprobado por silencio administrativo el plan remitido por la comisión provincial de Urbanismo cuando ésta no se haya pronunciado en el plazo de seis meses desde que el expediente entró en dicho organismo, y en este caso es claro que no había transcurrido el plazo extremeño cuestiona la constitucionalidad de varios artículos de la ley del Gobierno regional J. E. P. MÉRIDA. El portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura, Javier Casado, advirtió ayer a los contribuyentes extremeños de su derecho a recurrir o impugnar las liquidaciones que se les giren por el impuesto sobre suelo sin edificar, más conocido como el impuesto a solares. Casado realizó este llamamiento después de que la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) haya suscitado una cuestión de inconstitucionalidad por entender que podría vulnerar diversos artículos de la Constitución y de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades autónomas. El efecto inmediato de esta causa es que la Junta no ingresará por el momento ninguna de las cantidades que reclama en esas liquidaciones, lo que conllevará, según el portavoz popular, el incumplimiento de la previsión de recaudación por este impuesto a solares, que en los Presupuestos regionales de 2005 asciende a 773.429 euros. Casado animó a los extremeños que reciban una liquidación por este impuesto a que presenten una reclamación económico- administrativa y se dirijan al contencioso para que se suspenda el procedimiento hasta que el Constitucional se pronuncie. Además, recomendó que no se abone el impuesto, dado que, en caso de que la ley sea declarada inconstitucional, no les devolverá. presidía Jesús Gil, menoscabó las competencias de la Comunidad para la aprobación definitiva de los planes de ordenación urbana ABC SEVILLA. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Marbella de agosto de 1998 por el cual se declaró aprobado por silencio administrativo la revisión del PGOU de la localidad. La sentencia, que fue facilitada ayer por la consejera andaluza de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, da la razón al recurso presentado por la Junta, que consideró que dicho decreto no se ajustaba a derecho, entre otras causas, porque fue convocado en sesión extraordinaria y urgente, sin respetar el plazo de 48 horas establecido. Según dicho recurso, el referido acuerdo menoscaba y lesiona las competencias de la Comunidad autónoma en orden a la aprobación definitiva de los planes de ordenación urbana en tanto en cuanto dicha aprobación corresponde a la comisión provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo Así, afirma que el acuerdo supone una contra- resolución por la que se revoca el acuerdo de dicha comisión provincial sin que a ello se opongan los motivos de nulidad radical que se invocan para justificar dicho acuerdo, pues aparte de su inexistencia, en ningún caso podrían servir para su adopción vistos los principios de legalidad, Concepción Gutiérrez, consejera andaluza de Obras Públicas jerarquía normativa y seguridad jurídica Además, señala que la citada comisión se pronunció y comunicó su resolución en plazo, por lo que no puede aducirse la figura del silencio, máxime cuando además habría sido preciso para su eficacia la certificación de acto presunto, por todo lo cual interesó el dictado de una sentencia por la que se anulase el acuerdo adoptado Sentencia firme Tras exponer las razones incluidas en el recurso de la Junta, la sentencia, que tiene carácter firme, asegura que no se alcanza a determinar los motivos en que pudiera determinarse dicha urgencia en la convocatoria del Campaña de publicidad Además, pidió a la Junta que inicie una campaña de publicidad institucional para informar a los ciudadanos del derecho que tienen a recurrir la liquidación. Pero claro, suponemos que su voracidad recaudatoria les llevará a no hacerlo y, más bien, se iniciará una campaña para tapar esta cuestión aseveró Casado, quien denunció que Extremadura es la región en la que más impuestos se paga, por lo que pidió al presidente extremeño que ponga en las vallas no seas paleto, si quieres pagar más impuestos ven a Extremadura Por su parte, la consejera portavoz de la Junta, Dolores Pallero, consideró que con su invitación el PP arropa a los especuladores de suelo y perjudica a la mayoría de los ciudadanos. Y apuntó que el impuesto no afecta a la mayoría de los ciudadanos, sino que grava únicamente a los propietarios de suelo que no sale al mercado Gibraltar se queja a Exteriores por los veinte minutos que tuvo que esperar Caruana al pasar la verja A. J. E. ALGECIRAS. El Gobierno de Gibraltar ha remitido una queja al Ministerio de Asuntos Exteriores después de que un policía español exigiera la documentación al ministro principal del Peñón, Peter Caruana, cuando se disponía a cruzar la verja que separa la colonia británica de territorio español. El Ministerio de Asuntos Exteriores calificó el suceso de incidente de naturaleza menor y subrayó que no afecta al buen clima de las relaciones entre España y Gibraltar, indicaron a Efe fuentes diplomáticas. Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía del jueves, cuando Caruana, que iba a ser entrevistado en un programa de una televisión local algecireña, se disponía a cruzar la frontera, según relató un portavoz del Gobierno gi- braltareño. Por su parte, fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, explicaron que un policía nacional le pidió a Caruana la documentación y entró en el puesto fronterizo para verificarla, por lo que el ministro principal gibraltareño tuvo que esperar en el vehículo en el que se desplazaba alrededor de unos veinte minutos. Una vez que Caruana decidió volver al Peñón, el Gobierno de la colonia se puso en contacto con el Ministerio español de Asuntos Exteriores que, según afirmaron fuentes del Gobierno gibraltareño, poco después se disculpó por los hechos y aseguró que se abriría una investigación para esclarecer el incidente. Caruana, según las mismas fuentes, ha calificado este incidente como fuera de lo común y afirmó que, como mi- nistro principal, la Policía española siempre le ha tratado con cortesía y respeto. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó el disgusto manifestado por Caruana ante estos hechos, si bien calificó el incidente de naturaleza menor Fuentes diplomáticas señalaron que la gestión policial en la aduana no fue del todo correcta, aunque aseguraron que este incidente no afecta al buen clima actual de las relaciones entre Gibraltar y España. Negligencia o error La Subdelegación del Gobierno en Cádiz informó ayer de que se ha abierto una información para esclarecer los hechos y determinar si hubo una actuación negligente o simplemente un error Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Juan Montedeoca, dijo que tras conocer el incidente se puso en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores español al tiempo que calificó el hecho de poca importancia