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4 Opinión JUEVES 3 3 2005 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil IGNACIO CAMACHO DE MARAGALL A CHAVES E L apacible proyecto de Rodríguez Zapatero para zanjar las tensiones territoriales heredadas, a su juicio, de los Gobiernos de Aznar está mostrando síntomas claros de agotamiento y de transformación. Y eso que aún no se ha puesto negro sobre blanco ni una de las reformas estatutarias que iban a hacer que determinadas Comunidades se sintieran definitivamente cómodas en España. Éste tendría que haber sido uno de los múltiples beneficios del talante del nuevo presidente, polo de atracción de consensos desconocidos. Pero algo pasa cuando su modelo de referencia y buque insignia de la nueva España plural que jalona los discursos, nacionales e internacionales, del jefe del Ejecutivo está haciendo aguas. La crisis política de Cataluña empieza a ser la crisis de la legislatura de Rodríguez Zapatero, como demuestra el hecho de que el PSOE se viera obligado ayer a salir en defensa de su secretario general y presidente del Gobierno después de que Maragall acusara a su partido de encogerse en la reforma estatutaria catalana. Algo debe de estar intuyendo el presidente de la Generalitat para imputar al Gobierno y al PSOE un golpe de freno a los proyectos de reforma autonómica. Al margen de los reproches más o menos sutiles y de los mensajes encriptados que se están mandando dentro del PSOE, la realidad se va perfilando y toma cuerpo una resistencia creciente dentro del socialismo a reformas que afecten a la Seguridad Social o al sistema de financiación autonómica. Lo que en su momento parecía pura teoría empieza a ser práctica, porque en algún momento el socialismo, si mantenía algún arraigo con los principios de solidaridad e igualdad, tenía que acabar objetando seriamente un discurso que, como el del PSC, pone en grave riesgo ambos principios. En la Tercera de ABC del pasado lunes, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, acaso presionado por el propio electorado socialista, rechazaba que las reformas estatutarias impusieran unilateralmente cambios constitucionales o condicionaran estructuras básicas de la cohesión social y de la solidaridad territorial, como la gestión de la Seguridad Social o el sistema de financiación autonómica. La vía andaluza de Chaves puede ser ese encogimiento o involución autonómica que denuncia Maragall, pero también la réplica interna del PSOE al monopolio político que Rodríguez Zapatero ha entregado al socialismo catalán y a todo cuanto esto ha significado en la política nacional. Por tanto, ya no tiene justificación alguna atizar a la opinión pública contra la oposición del PP a determinados cambios estatutarios, porque ya no están solos los populares en la reivindicación de la lealtad constitucional, la igualdad y la solidaridad. Uno de los errores de Rodríguez Zapatero ha sido estigmatizar este mensaje por el hecho de proceder del PP, y ahora puede encontrarse con que empieza a causar estado dentro de su propio partido. Sería excesivo afirmar que se está gestando un cambio de rumbo en la política territorial del Gobierno. Maragall estaba acostumbrado a que el Ejecutivo y el PSOE aprobaran por asentimiento todas sus propuestas, en versión original o adecuadamente editada. El hecho de que ahora proteste no prueba definitivamente que el Gobierno central esté dispuesto a rectificar. Pero si hay algo de cierto en lo que Maragall reprocha y Chaves defiende, el presidente del Gobierno tendrá que asumir el coste de decantarse, aun cuando para él ser claro por primera vez suponga incomodar a socios y propios. Rodríguez Zapatero llegó a La Moncloa para calmar las irritaciones provocadas por Aznar. Todo era herencia del pasado: el plan Ibarretxe, la radicalización nacionalista, las deslealtades a la Constitución. Sin embargo, todos estos síntomas se han mantenido, e incluso con un grado de agravamiento allí donde el socialismo ha decidido dar cobertura a los nacionalismos o incluso suplantarlos. Pero pasar de Maragall a Chaves sería algo más que reconocer un error: sería cambiar la legislatura. POLÉMICA CLONACIÓN E FISCAL A LA CARTA H ASTA la comparecencia parlamentaria de Cándido Conde- Pumpido, el pasado lunes, ningúnfiscal general del Estado sehabía resguardado en la confianza del presidente del Gobierno para rechazar una petición de cese planteada por la oposición. Una confesión de parte tan explícita sobre la vinculación de Conde- Pumpido al Gobierno resulta preocupante, ante todo por el concepto que tiene del cargoque ocupa. Conde- Pumpido, jurista reconocido y magistrado con prestigio, no ha acertado en la definición institucional de su tarea. La orden de retirada en el caso Atutxa y la política sesgada de nombramientos no son buenas credenciales. Tampoco lo es descalificar a la asociación Manos Limpias tachándola de ultraderechista En todo caso, sus abogados demostraron tener bastante mejor criterio técnico que la Fiscalía General a la hora de recurrir el archivo de la querella contra Atutxa. Su último episodio chirriante ha sido la fulgurante remisión a la Fiscalía Anticorrupción de la denuncia del PSOE madrileño por una supuesta trama urbanística en Majadahonda, donde el PP tiene un problema de organización y de personas. Fallida judicialmente la trama de especuladores que arrebató a Simancas la Presidencia de la Comunidad de Madrid en 2003, Conde- Pumpido se presta a esta segunda vuelta con modos inquietantes. No hay nada malo en investigar hechos bajo sospecha, pero no tiene sentido que Conde- Pumpido involucre, filtración previa incluida, a la Fiscalía Anticorrupción, reservada para combatir la delincuencia económica a gran escala, en una denuncia que no cita siquiera a posibles responsables. ¿Por qué Majadahonda sí y no la acusación de Maragall contra CiU? L biólogo español Juan Carlos Izpisúa Belmonte, del Instituto Salk de California, solicitará al Ministerio de Sanidad la autorización de un proyecto de investigación que supone la aplicación, en el Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona, de las técnicas de clonación humana con fines terapéuticos. La legislación española prohíbe actualmente esta polémica línea de investigación, que sólo está autorizada en Gran Bretaña, Suecia y Singapur, aunque la ministra Elena Salgado ha respondido que será permitida por la futura ley de investigación biomédica si los dictámenes jurídicos y éticos son favorables. Lo cierto es que en el mundo científico español se da por hecho que la decisión política de autorizar esos discutidos experimentos ha sido ya tomada por el Ministerio de Sanidad. Salgado ya califica de prometedora esta línea de investigación, pero se equivoca. Si gran parte de la comunidad científica internacional ha mostrado su apoyo a la clonación terapéutica, es porque defiende la libertad de investigación, no por la confianza en el futuro biomédico de esas técnicas. Los escasos experimentos realizados hasta ahora demuestran que para obtener una única línea de células madre susceptibles de trasplante sin rechazo inmune son necesarios cientos de óvulos. Con semejante limitación resulta difícil imaginar el uso de la clonación terapéutica en la práctica hospitalaria. A esos obstáculos técnicos se suman escollos éticos que no son menos importantes. Y es que la clonación terapéutica implica la creación de embriones humanos con fines distintos a la reproducción. No se trata, por tanto, de embriones sobrantes de técnicas de reproducción asistida, que son donados por sus progenitores con un consentimiento informado para experimentos realizados con estrictos controles éticos. La creación de embriones para experimentación va en contra de todos los convenios internacionales de bioética, que siempre han dado prioridad a la protección de la vida frente a la libertad de investigación. La disposición del Ministerio de Sanidad hacia la clonación terapéutica es el último disparate de la errática trayectoria seguida por los partidos políticos respecto a la investigación con células madre embrionarias, cuyo interés se ha deslizado completamente al terreno político. Entristece observar cómo la cultura de la evaluación científica con criterios de excelencia, una de las grandes conquistas sociales de la democracia, está en franco declive en un país donde, hoy, todo Gobierno autónomo ansía disponer de su propio centro de medicina regenerativa, el último signo de modernidad.