Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
ABC MARTES 1 3 2005 Nacional EL DEBATE DE LA INMIGRACIÓN 21 Denuncian la muerte de 35 personas en una patera Cerca de 35 inmigrantes marroquíes murieron en el naufragio de una patera en el Mediterráneo en su intento de llegar a las costas andaluzas, según informan fuentes de la Asociación de Familias de las Víctimas de Pateras AFVP en Marruecos. Las fuentes indican que dos pateras salieron hace más de una semana de la región de Alhucema con cerca de 130 marroquíes a bordo. Una patera regresó debido al mal tiempo, mientras que la otra siguió su travesía. La segunda patera tenía a bordo cerca de 60 marroquíes. Ninguno de ellos llamó a su familia y tampoco la Guardia Civil confirmó la interceptación de una patera en aquellas fechas en la zona este de Andalucía. La Asociación indica que la patera fue llevada por las corrientes hacia aguas de Argelia, Veintiséis lograron vivir una semana en el mar sin comida y bebiendo el agua de las lluvias, mientras que 35 murieron por el frío y el hambre y fueron arrojados al mar por sus compañeros. Los supervivientes se encuentran hospitalizados en Argelia. Mientras, ayer se conoció que entre 80.000 y 100.000 marroquíes han pedido en las últimas semanas el certificado de antecedentes penales en su país- -requisito para legalizar su situación- un colectivo que suma en España unas 370.000 personas y que presenta una de las tasas más bajas de ilegalidad, entre un 15 y un 20 por ciento. Un miembro de Cruz Roja abraza a un bebé que fue rescatado el domingo junto a su madre en una patera en Algeciras del efecto llamada que se estaba produciendo en España provocado por la revisión de la Ley y por los procesos masivos. En 1996 el número de detenidos en el Estrecho fue de 7.741 personas, mientras que en el año 2000 esa cifra se disparaba hasta los 16.885 inmigrantes. En 1996, residían en España 82.165 inmigrantes del norte de África y 16.655 del sur de ese continente. En el año 2000 esas cifras llegaron hasta las 215.383 y las 45.997 personas, respectivamente. ceso por arraigo, el más generoso de los acometidos. Los inmigrantes tenían que estar en el país sólo desde comienzos de ese año y el Ministerio del Interior admitió todo tipo de documentos como prueba, desde un recibo de teléfono a un resguardo de haber enviado dinero al país de origen, pasando por facturas privadas. Los interlocutores sociales aplauden el planteamiento global del nuevo proceso, pero tanto empresarios como sindicatos reclaman políticas a largo plazo Las regularizaciones extraordinarias no pueden convertirse en el modelo de la gestión de la inmigración apuntan desde la Federación Española de Hostelería. En el mismo sentido, el Consejo Económico y Social (CES) en su informe al proyecto de Reglamento reclamó al Gobierno respuestas permanentes y efectivas al problema de los sin papeles tras dejar constancia de que hasta ahora la principal reacción han sido EFE las regularizaciones generales extraordinarias, que tampoco han conseguido completar el trasvase a la economía formal de todos los trabajadores extranjeros A juicio del CES la respuesta pasa por consolidar los instrumentos existentes: contingente y régimen general. Una solución difícil En el capítulo de críticas concretas, la abogada Ángeles López desgrana unas cuantas: considera que se criminaliza a los inmigrantes al pedirles los antecedentes penales. Tú contratas a un español y le pides capacitación, no le preguntas si es un delincuente En cuanto a los empresarios, constata que muchos dan de alta a sus trabajadores pero descontándoles la Seguridad Social de su sueldo u obligándoles a hacer horas extras, por ejemplo. Queremos que cuiden a nuestros hijos y a nuestros ancianos, que se ocupen de trabajos que nosotros despreciamos, pero que sean baratos A su juicio, es un error que la reagrupación familiar no esté prevista hasta la renovación del permiso. Curiosamente, pese a tratarse de un proceso vinculado al mercado laboral no está abierto a los trabajadores autónomos. Se optó por priorizar el régimen por cuenta ajena en el proceso extraordinario y dejar a los autónomos en el contexto del reglamento aclara la portavoz de UGT. La existencia de amplias bolsas de inmigración irregular no parece tener fácil solución. Las amnistías arreglan problemas momentáneos, pero siempre hay una penúltima y corren el riesgo de ser interminables y atraer a quienes antes no estaban en el país, el proclamado efecto llamada Quizá los mecanismos de base individual, por empleo o por arraigo, sean los más deseables, aunque es una vía demasiado discreta. Un recibo de teléfono En 2001 se batieron todos los récord de regularizaciones. Sin el cartel de papeles para todos 295.539 inmigrantes legalizaron su situación en tres fases distintas: en la ya citada de la revisión de oficio, en una especial para ecuatorianos que se hizo tras un accidente de tráfico en Murcia en el que murieron 12 inmigrantes irregulares cuando se dirigían a trabajar y en el llamado pro- quienes hubieran gozado ya de esta situación. El Partido Popular diseña una nueva amnistía en el año 2000 tras entrar en vigor la Ley aprobada en febrero de ese año, que fue modificada de nuevo en diciembre. Esta norma supuso el acceso al sistema sanitario a todos los inmigrantes que estuvieran empadronados en igualdad de condiciones que los españoles y la renovación automática de los permisos de trabajo. Se tradujo en una regularización de gran calado, ya que se legalizaron 163.352 extranjeros- -habían optado a ella casi 245.000- pero tuvo una segunda parte cuanto menos llamativa. El Gobierno condicionó los papeles a que el inmigrante estuviera en España antes del 1 de junio de 1999; sin embargo, al año siguiente revisó de oficio más de 57.000 expedientes que no cumplían este requisito. Y ese fue sólo uno de los tres nuevos procesos emprendidos ante la bolsa de ilegales que empezaba a causar honda preocupación y algunos comenzaban a relacionar con el incremento de la delincuencia. En esos años, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hablaba ya