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ABC DOMINGO 27 2 2005 35 El PP acusa a Zapatero de utilizar a la Fiscalía General del Estado en el caso Majadahonda La consejera de Transportes advierte a Fomento que está dispuesta a hacer la R- 1 y el Cercanías a Navalcarnero es el cúmulo de materiales que se arremolinan sobre la planta 17 y que, a su juicio, deben retirarse de forma muy urgente Cualquier desprendimiento súbito será peligroso Quienes no están de acuerdo con la inminente demolición del Windsor son los propietarios de la torre de oficinas. La familia Reyzábal solicitó ayer una reunión urgente con el Ayuntamiento para conocer en profundidad según su comunicado, el plan de desmontaje previsto por los técnicos y que dicen conocer únicamente a través de comunicaciones verbales La concejala de Urbanismo, Pilar Martínez, que expresó su sorpresa por la urgencia de la reunión puesto que el contacto ha sido permanente accedió por la tarde a reunirse con los portavoces de la familia. Al término del encuentro reveló la intención de los Reyzábal, que no es otra que paralizar la demolición, acceder nuevamente al edificio y realizar una investigación privada. Ya se lo han pedido a la jueza que instruye el caso, la misma que les concedió 5 horas para chequear el interior del inmueble el pasado día 24. Aquella autorización pudo ser recurrida por la familia en los tres días posteriores, pero según Martínez nadie solicitó entonces nuevos plazos. Es la jueza quien tiene que autorizar esa entrada y actuaremos según disponga explicó la responsable de Urbanismo, que transmitió a la familia la imposibilidad de amparar una investigación privada cuando hay una oficial en curso Decenas de curiosos siguieron ayer los primeros trabajos de demolición en el Windsor JAVIER PRIETO Los comerciantes se presentarán como acusación particular Un total de 112 comerciantes y profesionales autónomos de las inmediaciones de Azca figuran ya en la asociación de afectados por el incendio del Windsor. Ayer volvieron a reunirse y anunciaron que se personarán como acusación particular en la causa judicial por ser directamente perjudicados y para exigir responsabilidades por las pérdidas en sus comercios. El plazo estipulado por el Ayuntamiento para demoler el rascacielos- -10 u 11 meses- -preocupa mucho en el seno de la organización, que ha decidido reclamar que las indemnizaciones cubran todos los daños que se generen tas en la mayoría de los comercios han caído un 40 por ciento de media en los últimos días. El siguiente paso de la asociación será contratar una sociedad experta en peritajes, que se encargará de evaluar los daños para iniciar así el posterior proceso de las reclamaciones. De momento, los comerciantes negocian con la Comunidad créditos urgentes para sufragar los primeros gastos y créditos blandos a largo plazo. También se trabaja con el Ayuntamiento en otro asunto: promocionar la zona a través de espectáculos culturales y lúdicos que atraigan público. Pagos millonarios en juego Así las cosas, lo que interesa ahora en el Ayuntamiento es resolver cuanto antes la peligrosa estabilidad del rascacielos y saber si los propietarios aceptarán el pago de la demolición por la vía voluntaria o por la del apremio De momento, no hay respuesta, porque los Reyzábal esperarán al presupuesto oficial que recibirán del Ayuntamiento el lunes. Como telón de fondo, dos cuestiones: los costes del derribo, que según la familia deberían ser asumidos por la persona física o jurídica que se pudiera considerar responsable del siniestro y, por otro, los resultados de la investigación oficial, que derivarían en pagos millonarios si se concluye que el edificio no reunía las condiciones. en la zona durante todo el tiempo que se prolonguen las obras Según las estimaciones del presidente de la asocia- ción, Víctor Sandoval, las pérdidas ocasionadas por los sucesivos perímetros de seguridad superan el millón de euros y las ven-