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ABC DOMINGO 27 2 2005 Nacional 17 La Abogacía del Estado dice que el Gobierno no aportó datos sobre el borrado de documentos Zapatero acusó a Aznar de eliminar en La Moncloa papeles comprometedores ABC MADRID. La Abogacía General del Estado establece que los datos aportados por la Subdirección Informática de Presidencia del Gobierno son manifiestamente insuficientes para determinar la naturaleza de los documentos destruidos por el Gabinete del anterior jefe del Ejecutivo, José María Aznar, antes de abandonar La Moncloa. Además, el informe elaborado por los servicios jurídicos del Estado, al que tuvo acceso Europa Press, recomienda que se paguen los gastos derivados de la destrucción de documentación. El informe fue elaborado a petición del actual Director del Gabinete de la Presidencia, José Enrique Serrano, para conocer los trámites a seguir ante las operaciones de destrucción de documentos y de borrado de los sistemas informáticos, realizadas en fecha inmediatamente anteriores a la toma de posesión del nuevo Ejecutivo. Después, IU lo pidió en el Congreso. La consulta es sobre el borrado en sí mismo, con la posible desaparición de documentos oficiales de la Administración, y sobre las facturas que, por una actividad de este tipo, han sido presentados por algunas empresas. seedores de documentos administrativos de acuerdo con la legislación del Patrimonio Histórico Español. En cuanto a las posibles responsabilidades penales se recuerda que el artículo 413 del Código Penal sanciona, en la custodia de documentos, a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere destruyere u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo No obstante, en el informe se resalta que el examen de la documentación enviada no permite llegar a una idea cierta y ni siquiera aproximada sobre el contenido de los documentos destruidos o borrados. Y este dato fáctico es crítico para llegar a una conclusión jurídica razonada se subraya. José Enrique Serrano EFE Tres hipótesis de trabajo Ante esto, los servicios jurídicos del Estado establecen en su informe tres hipótesis de las responsabilidades que se pudieran derivar de la destrucción de documentos del Gobierno, según se tratara de documentos originales, copias de originales o informes o borradores de un partido político. Hay que afirmar que si la mencionada destrucción y borrado afecta a documentos personales o con carácter general, a documentos ajenos o extraños a la estricta área de funciones o competencias de la Presidencia del Gobierno (documentos personales, documentos del partido que sostenga al Gobierno, documentos del Presidente en su condición de líder del partido... nada habrá de decirse de la destrucción- borrado realizada por ser una actividad neutra desde la óptica el examen de los intereses generales se especifica. Como segunda hipótesis, se señala que si la destrucción o borrado atañe a documentos de carácter administrativo u oficial que constituyan copias almacenadas en archivos o sistemas informáticos de otros documentos originales que estén en poder de la Administración, la conducta realizada será igualmente neutra En tercer lugar, formulan que si se examina la posibilidad de que las operaciones de destrucción y borrado vengan referidas a originales de los que no haya copia, se podría deducir responsabilidad administrativa por incumplimiento de la normativa reguladora del Patrimonio Documental- -con su correspondiente sanción económica si el daño es cuantificable- -y responsabilidad disciplinaria exigible a los po-