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76 SÁBADO 26 2 2005 ABC Economía El Gobierno aprueba un primer paquete con 100 medidas para aumentar la competitividad Expertos y oposición las califican de insuficientes, cortas y confusas la liberalización del suelo ni de la distribución comercial, sectores ambos que los expertos consideran esenciales para aumentar la competencia Y. G. J. G. A. P. MADRID. El Consejo de Ministros dio ayer el visto bueno a un conjunto de medidas, más de cien, cuyo objetivo es impulsar la competitividad. Estas iniciativas están diseminadas en un proyecto de Real Decreto de reformas urgentes, en tres Anteproyectos de Ley y en un acuerdo del Gobierno, que incluye un conjunto de mandatos a los distintos departamentos ministeriales. Este primer paquete de medidas forma parte de lo que el Gobierno ha bautizado como Plan de Dinamización de la Economía y afecta a sectores como la energía, el transporte, las telecomunicaciones y la sociedad de la información, el mercado de tabacos y servicios postales, el mercado de la vivienda en alquiler, los mercados financieros y el marco regulatorio del sector público. Asimismo, incluye mejoras fiscales para el sector turístico, el textil y el de las sociedades que se dedican al alquiler de viviendas. El vicepresidente económico, Pedro Solbes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, explicó que durante los últimos seis años la economía española ha crecido mucho más que la zona euro, e incluso más que Estados Unidos, y ha creado más empleo. Sin embargo, el PIB por ocupado, lo que se conoce como productividad, ha aumentado mucho menos. De ahí, -dijo- -la necesidad de poner en marcha medidas que impulsen la productividad. En este entorno encuadró el vicepresidente el plan de dinamización que pondrá en marcha el Gobierno y que, junto al primer paquete de medidas presentado ayer, incluirá, a lo largo de la legislatura, la reforma del mercado de trabajo, la reforma fiscal, la nueva ley de Estabilidad Presupuestaria, y el Plan de Fomento Empresarial. Prácticamente a la vez que el vicepresidente explicaba a la prensa, de manera genérica, algunas de las medidas del plan, los secretarios de Estadode Economía, David Vegara, de Hacienda, Miguel Fernández Ordóñez, y el asesor económico de Zapatero, Miguel Sebastián, los artífices del proyecto, hacían lo propio con un grupo de más de veinte economistas y expertos. Algunos de los asistentes a la cita mostraron a ABC su escepticismo ante un b El plan no incluye paquete de medidas liberalizadoras que no aborda los principales problemas que en esta materia tiene la economía española, como son la liberalización del suelo y la distribución comercial, cuya competencia está amenazada por las prácticas restrictivas de algunas Comunidades autónomas. Desde la oposición, las primeras reacciones vinieron del grupo catalán de Convergencia i Unio (CiU) Su portavoz de Economía y Hacienda en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, destacó que aunque hay algunos aspectos positivos en las medidas anunciadas, éstas son claramente insuficientes, muy cortas y confusas. De hecho parecen El plan dinamizador de Solbes y Sebastián incluye también la reforma fiscal y la del mercado de trabajo SECTORES AFECTADOS Energía un cajón de sastre entre la Ley de Acompañamietno y el decreto de medidas económicas del año 2000 de Rodrigo Rato Sánchez Llibre remarcó que si después de un año de Gobierno, el impulso de la productividad y de la competitividad depende de las medidas que ha anunciado el Gobierno, mal vamos El PP considera insuficiente y propagandístico el paquete liberalizador aprobado por el Gobierno, aunque será hoy cuando haga pública su valoración oficial. Algunos sectores afectados, también han dado ya su opinión. El el tema de vivienda, el consejero de la Asociación Empresarial de Gestores Inmobiliarios (Aegi) Alfonso Matesanz, aseguró que la creación de una agencia pública del alquiler no resolverá el problema de la vivienda en España, y consideró que la inseguridad jurídica de los propietarios podría resolverse con una reforma de la ley de enjuiciamiento civil. Restricciones para las empresas con un 10 de cuota y veto a La Caixa en Endesa El Gobierno crea la figura del operador dominante en los distintos mercados energéticos, que es aquel que tiene más del 10 de cuota. A esos operadores dominantes (Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Repsol YPF, Cepsa, etc... se les impondrán unas restricciones- -sin determinar- -para aumentar la competencia. Por ejemplo, se podría obligar a Endesa e Iberdrola a vender a terceros un porcentaje de su generación eléctrica. Se modifican las condiciones de los operadores principales para excluir a REE, Enagás y CLH. La salida de Enagás hace que entre en la lista del sector gasista Endesa. Esto provoca que La Caixa no pueda sentarse en el consejo de esa eléctrica porque la ley 6 2000, que no ha sido modificada, lo impide. Esa normativa prohibe que una empresa tenga representantes en dos o más consejos de compañías consideradas operadores principales. Y La Caixa ya es el primer accionista de Gas Natural. Otras medidas que afectan al sector eléctrico son las de limitar al 1 el porcentaje máximo de participación de un accionista (excepto la Sepi) en REE; la prolongación hasta 2010 (acababa en 2007) de la vigencia de la tarifa regulada para los grandes consumidores de electricidad; aplazar la liquidación de 2004 (unos 300 millones de euros) de los costes de transición a la competencia (ctc) hasta febrero de 2006 (cuando esté redactado el Libro Blanco) para evitar distorsiones en el mercado; los productores de energía nuclear (Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa e Hidrocantábrico) deberán asumir el 75 del coste de gestión de los residuos nucleares (unos 116 millones de euros) costes que hasta ahora pagaban todos los consumi- dores mediante un porcentaje de la tarifa eléctrica; obligación de depositar avales para tramitar autorizaciones para la construcción de nuevas instalaciones de generación; homogeneizar las condiciones de contratación en el mercado libre y regulado; y posibilitar el funcionamiento del Mercado Ibérico de Electricidad (Mibel) previsto para este verano. En el sector de los hidrocarburos líquidos, el Gobierno quiere mejorar la remisión de datos sobre precios desde las estaciones de servicio y va a permitir a las cooperativas agrarias poder suministrar productos petrolíferos distintos del gasóleo B a terceros no socios. Esta medida provocará con toda seguridad un profundo malestar entre los empresarios de estaciones de servicio. Otra iniciativa del Gobierno es mejorar el contenido de las facturas tanto de los usuarios finales como de las empresas distribuidoras.