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4 Opinión SÁBADO 26 2 2005 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Ignacio Sanz IGNACIO CAMACHO MARKETING ECONÓMICO L Gobierno ha presentado por fin un plan de dinamización de la economía. Ha tardado un año en prepararlo y ha hecho un alarde de comunicación propio de la mejor campaña publicitaria. El problema es que no hay mucho que vender. Porque se trata de un conjunto de medidas dispersas, de un auténtico cajón de sastre en el que se mezclan promesas de actuación futura, recomendaciones a los distintos ministerios, acciones ya en marcha y saludos a la galería. Sobra diagnóstico y falta decisión política para afrontar los problemas de fondo de la economía española. Porque el Ejecutivo confunde las prioridades y gobierna bajo la hipoteca de compromisos que impiden un auténtico programa de competitividad. La economía ha registrado un ligero repunte en el último trimestre del año pasado, pero sigue dependiendo de la construcción y del consumo privado. El déficit comercial alcanza niveles preocupantes y la productividad está bajo mínimos. No hay duda de la urgencia de un plan que impulse la productividad. Como tampoco la hay de que sin modificar profundamente el modelo de relaciones laborales es difícil pensar que la economía recupere el dinamismo necesario. Esa es la conclusión del Comité de Expertos convocado al efecto. Pero el llamado plan de dinamización no contiene ni una sola medida que afecte al mercado de trabajo. Porque no se quiere poner en peligro el diálogo social, se dice, y porque peligran los apoyos parlamentarios. Contribuir a una desaceleración gradual de los precios de la vivienda es otro objetivo explícito del plan. Sin liberalizar el suelo público no será posible, lo que requeriría tratar en serio la financiación de los ayuntamientos. Y sin restablecer los derechos de los propietarios no habrá E revitalización del mercado de alquileres. Pero antes de asumir el coste político, el Ejecutivo ha preferido apostar por una discutible Agencia Pública de alquileres, cuya creación se anuncia por enésima vez, pero sigue sin constituirse ni conocerse su reglamento, y por aumentar la exenciones fiscales a un tipo concreto de empresas, en violación flagrante del compromiso electoral de simplificación tributaria. Análogamente en vez de apostar por la libertad de apertura y de horarios comerciales para que la competencia disminuya los márgenes y reduzca la presión inflacionista, se confía en la presión sobre las empresas del sector y se publicitan dudosos acuerdos con el Ministerio que no pasarían el filtro de defensa de la competencia. De esa misma perspectiva se nutren las medidas anunciadas en sectores regulados, como la electricidad, el gas o los estancos. En vez de confiar, como prometía el programa electoral, en el fortalecimiento de los organismos reguladores aumentando sus capacidades ejecutivas, se prefiere regular por decreto, por miedo a que en el ejercicio de su autonomía contradigan las decisiones políticas. Y se castigan las cuentas de resultados de las empresas porque, en un acto de arbitrismo, se confunde competencia con forzar reducciones de precios. En definitiva, un ejercicio fallido, una nueva oportunidad perdida, porque no se liberaliza la economía, sino que se dirige. Y porque es muy difícil hacer política económica en la España de las Autonomías. Casi todo está transferido. Y actuar con las pocas competencias que quedan tiene un alto coste político. Por eso se vende humo en un centenar de medidas. Pero el humo no dinamiza la economía española, ni detiene la pérdida de competitividad. EL ADIÓS DE GARZÓN E EL PERÍMETRO DE LA CIÉNAGA L fiscal jefe de Cataluña ha ordenado investigar, en diligencias preprocesales, la fugaz acusación de Pasqual Maragall a CiU de haber estado cobrando, durante su mandato, comisiones del tres por ciento en las obras públicas que promovía la Generalitat. La indagación exhaustiva del Ministerio Público parece imprescindible por mucho que, en uno de los mayores ejercicios de irresponsabilidad y negligencia gobernante que se recuerdan, el líder del socialismo catalán retirase de inmediato la gravísima acusación, acobardado por un posible boicot de los convergentes al nuevo Estatuto. Como si nada hubiera pasado, y ante la incredulidad general, Maragall se desdijo. Y mejor es que intervenga la Justicia porque está visto que gran parte de la clase política catalana está absolutamente incapacitada para llegar al fondo de un asunto que devuelve al panorama actual el fétido olor de aquella época de la corrupción que creíamos superada. Con independencia del resultado de la investigación- -y hasta que se determine la E veracidad del secreto a voces que denuncian los socialistas, sin pruebas como reconoció ayer el consejero Nadal- el caso del barrio barcelonés del Carmelo y sus múltiples derivadas han desvelado el casi insondable deterioro ético de la estructura política catalana, que parece haber olvidado definitivamente al ciudadano (la crisis urbanística da prueba de ello) así como la gestión y bienestar de sus asuntos para centrarse en un chalaneo partidista y reivindicativo de más competencias. ¿Para qué tanto autogobierno? ¿Qué queda de ese limbo de modernidad y nuevo estilo que propugna Maragall? Los catalanes, y el resto de los españoles, pudieron ayer comprobar lo que da de sí esta clase política. Urge el propósito de enmienda y la petición de disculpas a la opinión pública por el lamentable espectáculo ofrecido en el Parlamento autonómico, convertido en taberna de muelle, con bravatas, acusaciones amagadas y amenazas. Y, sobre todo, que la Justicia aporte luz y medidas sobre el perímetro de lo que parece ya una ciénaga de notable tamaño. L juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón comienza el próximo martes su permiso para impartir clases en una Universidad de Estados Unidos. Su despedida ha sido intensa, porque al revuelo de su marcha del Juzgado, con importantes causas pendientes, se ha unido la polémica por un libro de reflexiones personales, algunas de las cuales quizás pudo habérselas ahorrado. Garzón es un juez que, dejando a un lado la disparidad de criterios que suscita su calidad como instructor, ha liderado la acción judicial contra el terrorismo etarra y su entramado batasuno. Negar esta realidad sería una injusticia, tanto como ocultar que sus éxitos contra ETA han sido posibles gracias a las decisivas aportaciones de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y de las Fuerzas de Seguridad del Estado. También en el plano internacional el juez Garzón tiene un capítulo propio, porque la detención y procesamiento de Augusto Pinochet, con precario sustento jurídico, animó y extendió una conciencia mundial contra los crímenes de los dictadores, y sirvió de oportuno acompañante del nacimiento de la Corte Penal Internacional, a cuya Fiscalía intentó incorporarse, sin éxito. Tampoco su paso por la política fue memorable, sobre todo para quien le reclutó, Felipe González. Recientemente, fue desestimado por el CGPJ para presidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El exceso de fama, probablemente, es lo que explica que Garzón no siempre se haya comportado con la discreción y la prudencia que cabría esperar de un juez. Habla demasiado y de demasiadas cosas. No es un problema de libertad de expresión, que la tiene- -aunque limitada, como cualquier juez, para no perjudicar su imparcialidad- sino de afán de protagonismo, expuesto en estado puro en su último libro, en el que vierte juicios de valor impertinentes sobre actuaciones judiciales y políticas. Fue su viaje de ida y vuelta por la política lo que ocasionó una de las crisis de imagen más graves en la Justicia, cuando, después de haber sido número 2 de Felipe González y delegado del Plan Nacional contra la Droga, reinició un sumario- -el caso Marey -que implicaba a algunos de los que habían sido compañeros en el departamento de Interior. Su ejemplar determinación frente a ETA- -y más recientemente frente al terrorismo islamista- -pone a la sociedad española en deuda de gratitud con Baltasar Garzón en este apartado. Es de esperar que el ejemplo de determinación que ha demostrado en la lucha contra el terror siga siendo una constante en el tribunal que centraliza una tarea vital para el país.