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38 Madrid JUEVES 24 2 2005 ABC El significado del silencio Acusaciones particulares. El letrado Félix Pancorbo interpretó que el silencio inculpa más a Alfredo Galán. El abogado José María Garzón cree que el acusado no hablara no cambia el sentido de su testimonio inculpatorio. El también abogado Marcos García Montes cree que Alfredo Galán no quiere que se le escuche para que nadie le reconozca por la voz. Defensa. La abogada defensora aseguró que Galán no ha dado más detalles de las personas que cometieron los hechos por miedo. El hecho de que no declarase al comienzo del juicio se debe a que su familia ha tenido problemas. El presunto asesino de la baraja tampoco habló en la última sesión del juicio Las acusaciones particulares piden que el Estado sea responsable civil subsidiario Á. G. MORENO MADRID. No habló. El juicio contra Alfredo Galán en el que se le acusa de ser el asesino de la baraja quedó ayer visto para sentencia sin que se oyera su voz. Ni siquiera habló para decir no cuando el magistrado le preguntó si quería declarar alguna cosa. Se limitó a un leve movimiento negatorio de cabeza. Y salió acompañado de los policías que le custodiaban como todos los días lo hacía. Rápido, con la misma ropa y la gorra de visera. El fiscal mantuvo para él su petición de 150 años de prisión y dos meses por seis delitos de asesinato, tres en grado de tentativa, allanamiento de morada y tenencia ilícita de armas. Las acusaciones elevaron a 190 años la petición de prisión y rechazaron como atenuante la confesión que sí aceptó el fiscal. Un dato. El fiscal pidió que los posibles beneficios penitenciarios a los que tuviera derecho, si Alfredo Galán fuera condenado, se aplicaran sobre la totalidad de la pena (los 150 años) y no sobre los máximos que una persona puede pasar en prisión. Por su parte, uno de los abogados de la acusación particular, Marcos García Montes, anunció que dada la peligrosidad del acusado van a hacer un seguimiento especial de la pena para que no se le conceda ningún tipo de beneficio. Pero el gran caballo de batalla en la sesión de ayer, la última del juicio, fue la discrepancia entre el fiscal y el abogado del Estado, por un lado, y las acusaciones particulares por otro sobre la responsabilidad subsidiaria del Estado, es decir si éste debe pagar las indemnizaciones a que tengan derecho las víctimas y sus herederos. Las acusaciones particulares fueron tajantes al asegurar que el Estado es responsable civil subsidiario ya que el acusado compró su arma en Bosnia cuando estaba allí destinado como militar y la introdujo en España. Además fue dado de alta en el Hospital Gómez Ulla donde había sido trasladado por un trastorno mental agudo, y cometió presuntamente los hechos del bar Rojas siendo militar. Discrepancias Sin embargo, tanto para el fiscal como para el abogado del Estado el acusado actuó al margen de sus funciones militares. No hubo negligencias y no existe relación causa efecto entre la compra del arma fuera de España y los asesinatos. En su informe final, el fiscal se apoyó en las primeras declaraciones de Alfredo Galán cuando se entregó a la policía, a las que concedió plena validez y coincidieron con las pruebas periciales y las declaraciones de los testigos. Como elemento de nexo entre todos los crímenes, el fiscal señaló que elegía las víctimas al azar, no tenía móvil, usaba siempre la misma pistola y que desde que fue detenido no se han vuelto a repetir los crímenes. La abogada de la defensa, por su parte, sólo reconoció el delito de tenencia ilícita de armas y pidió para el resto de las acusaciones la absolución de Alfredo Galán. Señaló que la primera declaración la hizo vulnerándose sus derechos constitucionales, como el de asistencia letrada; puso de manifiesto una serie de contradicciones entre lo que dijo Galán y la realidad y señaló que datos que éste proporcionó podía haberlos oído a la policía cuando hablaba entre ella o se los habían proporcionado los verdaderos asesinos. Dijo que mintió cuando aseguró ser el asesino y que no dio más detalles por miedo.