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4 Opinión JUEVES 24 2 2005 ABC Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Ignacio Sanz IGNACIO CAMACHO EL CUENTO DE LA LECHERA H OY tiene lugar en Bruselas una reunión del Consejo de Ministros de Justicia e Interior a la que el Gobierno socialista español tendrá que prestar mucha atención porque en ella se va a debatir un sistema de información y alerta sobre procesos de regularización de inmigrantes. Formalmente, no hay relación explícita entre la convocatoria de este Consejo y la regularización que se está tramitando en España. Sin embargo, las críticas que el Gobierno ha recibido de otros Ejecutivos europeos, como el alemán o el holandés, y el hecho de que Franco Frattini, vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Justicia, lamentara en su día no haber sido informado del proceso regularizador en nuestro país ponen el foco sobre la política de inmigración que se está llevando a cabo en España. Por lo pronto, resulta muy significativo que los ministros que van a discutir sobre inmigración sean los de Justicia e Interior, cuando, en España el departamento competente es el de Trabajo y Asuntos Sociales. Su titular, Jesús Caldera, explicó el traspaso de competencias a su Ministerio con el bonito argumento de que la inmigración no es un problema de orden público Para el resto de Europa sí lo es, como también para el Tratado constitucional europeo, que incluye la inmigración entre las materias de la política de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea (Artículo III- 267) y no en la política social. La diferencia no es cuestión menor, sino de enfoque del problema que plantea la inmigración ilegal en diversos órdenes- -lucha contra el terrorismo, integración social, seguridad ciudadana, etcétera- que sí son cuestiones de orden público. Es muy probable que en un futuro próximo ningún Gobierno europeo pueda actuar como lo está haciendo el español. Aunque el Ejecutivo socialista no tenga que dar explicaciones en Bruselas, la marcha del proceso de regularización en España sí las mere- ce. Ayer mismo, Caldera informaba de que en 16 días se han presentado 48.246 solicitudes de regularización, muy por debajo de las previstas. Estas cifras tendrán más valor cuando avance el proceso y se tenga más perspectiva. Pero, por ahora, y a pesar de que Caldera se conforme con ese número, el balance no invita al optimismo. Menos aún si se confirmara que las cifras del Ejecutivo computan como nuevas solicitudes de regularización ya presentadas, según la Confederación Española de Policía. Por algo Caldera se curó ayer en salud y no pronosticó una cifra final de regularizados. Sin embargo, un proceso de estas características debe basarse en un conocimiento de la realidad a la que se dirige, y se ve que el Gobierno ha dado palos de ciego en esta materia. Hace unos meses, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, calculó que podrían beneficiarse de la regularización entre 800.000 y un millón de inmigrantes. Luego, el Gobierno fue limando la cifra, hasta ayer, en que Caldera optó por una prudencia que debía haber imperado desde el primer día. De todas formas, el Gobierno se consuela con unas cifras que, aun crecientes, no son las esperadas y que están lejos de resolver el problema. Como en el cuento de la lechera, la realidad echa por tierra las optimistas previsiones del Ejecutivo. Van a quedar fuera del proceso cientos de miles de inmigrantes- -la estadística del INE cifra en más de un millón y medio los inmigrantes irregulares- -y el Ejecutivo tendrá que hacer algo con ellos. Tampoco se ha calculado- -ciertamente es imposible o muy difícil- -el número de trabajadores en situación ilegal que están siendo despedidos para evitar que la regularización fuerce al empresario a contratarlo. Tiene razón el Gobierno al plantear la necesidad de vincular la inmigración a un puesto de trabajo, pero el procedimiento elegido puede conducir a resultados peores. GRIETAS DEL CARMELO P RIESGOS EN LA ECONOMÍA A economía española creció durante el pasado año el 2,7 por ciento, dos décimas más que en el año anterior. Estas cifras del Instituto Nacional de Estadística muestran, sin embargo, no pocas sombras sobre el futuro económico. El dato más preocupante es la creciente aportación negativa al PIB del sector exterior (el 1,7) el doble que en el año 2003, lo que pone en evidencia un progresivo deterioro de la competitividad de nuestros productos, reflejada en la caída de las exportaciones y el aumento de las importaciones. Este abultado déficit comercial nos coloca en el segundo puesto de la UE, tras Gran Bretaña. Precisamente fue la competitividad una de las prioridades del Gobierno socialista, y ni en este punto ni en el anunciado relevo en el motor de nuestra economía se apre- L cia el cambio de modelo prometido. Siguen siendo la construcción y el consumo los que tiran con más fuerza del PIB, especialmente el de las familias; también el repunte de la inversión, particularmente el destinado a bienes de equipo, es un factor de esperanza. Bueno es que la economía española haya crecido por encima de la media de la la zona euro para avanzar en la necesaria convergencia, pero los pronósticos para este año apuntan a un menor aumento del Producto Interior Bruto, con el sector exterior como mayor rémora, una inflación que se mantiene alta, sostenida por los precios del petróleo y sin visos de descensos significativos, y con la falta de reformas que ayuden a que la economía siga por la senda del crecimiento y del empleo. OR fin, aunque tarde y mal, el Parlamento de Cataluña ha abierto el paso a la creación de una comisión de investigación para determinar las responsabilidades políticas que se pudieran derivar de los trágicos sucesos del barcelonés barrio del Carmelo. El hundimiento de las fincas está produciendo también otras profundas grietas, éstas de naturaleza política, en el seno de la coalición gubernamental. No podemos sino apoyar algo que, como la creación de esta comisión de investigación, hemos venido reclamando desde que se produjo la tragedia. Bienvenida sea. Pero viene tarde y plagada de divisiones internas que amenazan la estabilidad del Gobierno tripartito de la Generalitat. No era sostenible la negativa a la creación de este órgano, mientras se aprobaba, por ejemplo, una sobre el incendio del edificio Windsor de Madrid, aunque tras concluir el proceso judicial. Y existen otros agravios comparativos en el pasado reciente. Los socios del PSC, unidos en esto a la oposición, han exigido a Maragall que la comisión que investigue las causas del hundimiento del túnel del Metro sea política y no sólo meramente técnica. La división vuelve a planear sobre el Ejecutivo catalán. Mientras tanto, CiU y el PP han obligado al alcalde Joan Clos, de viaje por Egipto, a convocar un pleno monográfico y extraordinario sobre los sucesos del Carmelo. Todo ello ha venido precedido por los antidemocráticos intentos de tapar mediante la opacidad informativa el conocimiento de los hechos por parte de los ciudadanos. Sólo cuando la situación era ya insostenible, el Gobierno autónomo aceptó la creación de la comisión. Pero la divergencia continúa en torno a su naturaleza y funcionamiento. Por lo demás, todos los indicios apuntan a un intento por limitar la exigencia de responsabilidades a los escalones intermedios de la cadena de mando y a las condiciones de la contratación de la empresa adjudicataria de las obras, para evitar que puedan llegar al propio Gobierno y más concretamente al consejero de Obras Públicas, Joaquim Nadal, que ha recibido el más encendido e incondicional apoyo de Maragall. Este intento no sería sino otra forma de opacidad informativa y de burla a los derechos de las víctimas y del resto de los ciudadanos. Entre la exigencia de responsabilidades sin límites y el mero paripé para salvar la cara o los muebles políticos media un abismo, el mismo que media entre la transparencia y el abuso de poder. Los informes técnicos forman parte de los términos del problema, pero una comisión de investigación no política es cualquier cosa menos una comisión de investigación. Aún hay tiempo para recuperar la credibilidad política perdida.