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84 MARTES 22 2 2005 ABC Economía Alquileres, energía y telecomunicaciones, ejes de la liberalización que se aprobará el viernes El Consejo de Ministros dará vía libre a un decreto que agrupará las medidas más urgentes b El Gobierno dará también el vis- Batería de medidas Alquiler. Se crea la Agencia Pública del Alquiler cuyo objetivo es aumentar el número de viviendas destinadas a este fin, con la novedad de que los propietarios tendrán la garantía del Estado. Distribución de tabacos. El Gobierno pondrá en marcha medidas para aumentar el grado de liberalización de la distribución, tanto mayorista como minorista, de tabaco en España. Energía. Economía quiere que las compañías eléctricas asuman la mayoría de los costes de la gestión de los residuos nucleares que pagamos todos los consumidores a través del recibo de la luz. También sacaría a Enagás y REE de la lista de operadores principales. Telecomunicaciones. Los objetivos son liberalizar los precios mayoristas del ADSL, impulsar la Voz sobre IP (VoIP) y recortar los precios de interconexión de las operadoras móviles to bueno a un plan dinamizador de la economía, en el que se incluirán las próximas reformas del mercado de trabajo y del sistema fiscal J. G. M. N. A. P. MADRID. El Gobierno aprobará el próximo viernes un decreto con un paquete de medidas liberalizadoras que se centrarán, fundamentalmente, en el sector de la energía, en el de las telecomunicaciones y en el de la distribución del tabaco. Asimismo, la norma, que entrará en vigor de manera inmediata, al día siguiente de su publicación en el BOE, regulará nuevos instrumentos de fomento del alquiler. El Consejo de Ministros dará también el visto bueno a un plan dinamizador para la economía, que se pondrá en marcha a lo largo de la legislatura, y que incluirá la reforma del mercado laboral, los cambios en el Impuesto sobre la Renta y en el de Sociedades, y un plan de fomento empresarial. Para el sector energético, el Ministerio de Economía tiene en su poder un amplio paquete de medidas que están siendo ultimadas con Industria. Alguna de esas medidas, según ha podido saber este periódico, afectarían a la gestión de los residuos nucleares, a las condiciones para ser operador principal de los sectores eléctrico, petrolero y gasista, y a la biomasa. Actualmente, todos los consumidores pagamos, a través del recibo de la luz, el coste de la gestión de los residuos nucleares, que supone unos 120 millones de euros al año. El Gobierno quiere que sean las propias empresas eléctricas propietarias de las centrales nucleares las que se hagan cargo de esos costes. Al menos, en una primera fase, de un 75 de los mismos. Así, el 0,715 que figura en el recibo de la luz para la gestión de los residuos nucleares bajaría al 0,173 Con esta medida, el Gobierno conseguiría otro objetivo, bajar el precio de la luz. Otra de las medidas iría dirigida a que los operadores técnicos de los sistemas eléctrico (REE) y gasista (Enagás) no figuren en las relaciones de operadores principales que redacta la Comisión Nacional de Energía (CNE) Tampoco hay que descartar que el Gobierno modifique la ley 6 2000 de Zapatero y Solbes, el pasado mes de diciembre, en el Congreso, tras la aprobación definitiva de los Presupuestos ministración de esos operadores principales. Desde que el PSOE llegó al Gobierno no ha parado de insistir en que uno de los problemas del elevado precio de la vivienda en España es la atonía del mercado del alquiler de pisos. El Ejecutivo aprovechará el decreto liberalizador para incluir medidas que incentiven este mercado, entre ellas, la creación de la Agencia Pública del Alquiler. La novedad es que los propietarios de pisos, una vez que se ponga en marcha la Agencia, tendrán la garantía del Estado a la hora de alquilar, es decir, que éste será el garante de las operaciones, tal y como se produce en la actualidad en algunas Comunidades autónomas, como es el caso de la madrileña, donde hay una agencia de alquiler avalada por el Gobierno regional. JAIME GARCÍA medidas liberalizadoras aprobada por el PP, que limita al 3 %lo s derechos de una sociedad que tenga más de ese porcentaje en dos o más empresas consideradas operadores principales de los sectores energético y de telecomunicaciones. Además, prohíbe la presencia de esa sociedad en dos o más consejos de ad- El INE discrepa de Eurostat y cree que Galicia debería recibir también fondos europeos ABC MADRID. La presidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE) Carmen Alcaide, aseguró ayer que se ha dirigido a Eurostat para informarle de que los datos que posee sobre el PIB per cápita de las Comunidades autónomas españolas de 2002 son erróneos y no coinciden con los datos del INE, por lo que le ha solicitado que los modifique, ya que son de vital importancia de cara a la negociación de las nuevas perspectivas financieras 2007- 2013, informa Ep. Tras su comparecencia en la Comisión de Comunidades autónomas del Senado, Alcaide indicó que, según los datos de Eurostat, únicamente Andalucía y Extremadura seguirían dentro de las regiones Objetivo 1. Sin embargo, con los datos del INE, Galicia también tendría derecho a ayudas. La Comisión Europea, por su parte, respondió ayer que Eurostat se limita a manejar la información que le suministran las oficinas de Estadísticas nacionales. En el sector de las telecomunicaciones, el Ejecutivo ha dejado clara su voluntad de reducir los precios de ADSL para favorecer su expansión, así como ajustar a baremos europeos las tarifas que aplican las compañías de telefonía móvil. Para conseguir popularizar la banda ancha, la Administración estudia desvincular el precio mayorista del minorista, establecido en 23 euros, de forma que tanto Telefónica de España como los operadores entrantes disfruten de un margen comercial superior. De igual forma, el Ejecutivo impulsará los servicios de Voz sobre IP (VoIP) a través de la banda ancha con una marcación telefónica especial. En el ámbito de la telefonía móvil, Industria estudia recortar los precios de interconexión que las operadoras cobran a otras compañías cuando las llamadas concluyen en sus redes. Otro de los sectores que se verán afectados por el paquete de medidas liberalizadoras en que trabaja el Gobierno es el de la distribución de tabaco. En la actualidad esta actividad está liberalizada, pero en la práctica Logista, controlada por la tabaquera hispanofrancesa Altadis, domina prácticamente el sector. La liberalización podría afectar al sector mayorista y minoristas, es decir, hasta la empresa que lleva el tabaco hasta el punto final de venta, en este caso el estanco. La distribución mayorista de tabaco se liberalizó en 1999 y quedó regulada por un Real Decreto de julio de ese mismo año. Sin embargo, prueba de que la liberalización no es efectiva en la práctica es que de los cinco operadores logísticos que están autorizados por el Comisionado para el Mercado de Tabacos (Logista, McLane, Comet, Tamco y Ditralsa) hay una de ella, Logista, que tiene el 99 del mercado.