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ABC DOMINGO 20 2 2005 Nacional 15 -Un referéndum requiere una administración electoral, que sustancialmente está en manos del poder judicial. Los jueces, dentro de los mecanismos normales de convocatoria de una consulta, estamos en las juntas electorales garantizando y homologando tanto el desarrollo del proceso como los resultados. Un referéndum que no se convoque por las vías legales no puede contar con la administración electoral y, por supuesto, con los jueces, porque no vamos a participar en actividades que no se ajusten a la legalidad vigente. ¿Considera entonces inviable un referéndum convocado por el Gobierno vasco? -No está en manos del Gobierno vasco convocar un referéndum. Sólo lo puede hacer quien tiene la facultad legal de hacerlo. Sencillamente, no se podría celebrar, ya que no tendría los medios para el desarrollo, la garantía y la homologación del proceso. Aparte de los recursos materiales- -como los colegios o las urnas- están la oficina del censo electoral y las juntas electorales, de las que los jueces formamos parte. Si no se utiliza la administración electoral, no hay garantías de que el proceso se desarrolle en las condiciones adecuadas. ¿Sin esas garantías no puede hablarse de referéndum? -En efecto. Pero puede que lo que se organice sea una encuesta o un sondeo. Habrá que esperar a ver qué se convoca y en que términos para ver si se ajusta o no a la legalidad vigente. ¿Qué consecuencias tendría la aplicación del plan Ibarretxe en la articulación de un poder judicial autónomo en el País Vasco? -El paso más importante que quedaría por dar en la Comunidad autónoma vasca para la consecución de un estado dentro de otro es la apropiación del poder judicial, pues supondría un paso no reversible hacia la desvertebración de España. Con la reclamación de un poder judicial propio se pretende ostentar los tres poderes, desnaturalizar el Estado y romper España. ¿Qué opina del debate político sobre la conveniencia o no de que Batasuna se presente a las elecciones? -Nosotros vemos todo con los ojos de la Constitución y de la ley. El debate político puede ser muy amplio, pero todas las personas con responsabilidades públicas deben ser los primeros en respetar la ley. Los jueces renuncian a parte de su libertad en el País Vasco ¿Sigue siendo el País Vasco un destino de paso en la carrera judicial? -Cada vez menos. Ha aumentado el cuerpo de jueces que no tienen idea de moverse. El juez que ejerce en el País Vasco sabe que debe dotarse de medidas de seguridad, pero lo tiene asumido como un componente más de su función de garantía para todos los ciudadanos. No deja de ser paradójico que quien defiende la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político como principios rectores de su actuación, se vea obligado a renunciar parcialmente a su libertad personal. ¿No actúa la amenaza terrorista como elemento disuasorio? -El terrorismo no quiebra el poder judicial en el País Vasco, como tampoco lo haría en otro lugar. Prueba de que los jueces no están mediatizados por la amenaza es la absoluta normalidad del servicio. -Sin embargo, son muchos los jueces que se han ido del País Vasco en los últimos años. -Pero todos ellos coinciden en que su estancia aquí les ha dejado una huella profunda, porque la conciencia de que tienes que desarrollar un papel constitucional activo hace que tu profesión tenga un atractivo especial en el País Vasco, y también te lleva a tener una relación especial con tus compañeros. ¿Qué supuso para los jueces que trabajan en el País Vasco el asesinato de José María Lidón? -Fue un golpe dramático. Pero es un orgullo trabajar, como hacía José María, siendo conscientes de la importancia del papel que nos corresponde aquí a los jueces. A quienes le mataron y a quienes les apoyan les diría que mientras en España haya Constitución, democracia y poder judicial, los derechos de todos los ciudadanos, incluidos los suyos, están garantizados. Un profesional curtido Cuando Ruiz Piñeiro llegó hace un año al País Vasco para tomar posesión de su cargo volvía a la Comunidad autónoma en la que se había curtido como juez durante catorce años. Desde 1986 hasta el final de la década de los noventa, Ruiz Piñeiro se sintió tan cómodo ejerciendo en el País Vasco como lo está ahora, a pesar de la presión terrorista y de la servidumbre de vivir con escoltas. Pronunciarse, como va a tener que hacerlo en los próximos días, sobre la desobediencia o no al Tribunal Supremo del presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, no le preocupa especialmente, porque no va a hacer más de lo que siempre ha hecho como juez: someterse a la ley. Miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, que impulsó durante sus primeros años en el País Vasco, no sólo obtuvo los votos conservadores del CGPJ cuando fue elegido presidente del Tribunal Superior Vasco, sino una holgada mayoría de catorce de los veintiún votos del pleno. ¿Podría Batasuna buscar una fórmula legal para presentarse a las elecciones? -Con ese nombre, no existe. Por lo tanto, no puede ejercer ningún tipo de actividad. Otra cosa es que se creara un partido político nuevo, que formalmente cumpliera los requisitos para inscribirse como agrupación de electores o como sea. Es de prever que se presenta- rían impugnaciones, y habría que esperar a que resolviera el tribunal competente. Es prematuro y muy aventurado poder decir algo ahora. ¿Se ha vivido siempre en el País Vasco bajo el imperio de la ley, o tal vez se han permitido durante mucho tiempo espacios de impunidad? -Sin derecho no hay democracia, y la ley es la base de la convivencia. Por eso es especialmente importante que todos, pero especialmente los poderes públicos, respetemos escrupulosamente la ley. ¿Qué le parece que el Gobierno vasco mande observadores a la Audiencia nacional? -Omitiré los calificativos, pero denota, a mi juicio, una desconfianza muy lamentable e injustificada hacia el poder judicial español, que tiene la homologación de un poder judicial de cualquier país europeo. Poner en duda que un tribunal en España, Francia o Alemania no garantiza los derechos de quien acude al mismo es sorprendente. Si en la Europa del siglo XXI la garantía de los ciudadanos dependiera de que quien sea mande observadores, estaríamos apañados. ¿Qué trascendencia tiene el que sea una institución la que cuestione que los tribunales garanticen los derechos de los ciudadanos? -En un reflexión más amplia, no es bueno que los políticos cuestionen el sistema, porque acaban trasladando a la ciudadanía una sensación de inestabilidad del propio sistema o de que al- go falla por algún sitio. Los ciudadanos deberían exigir a los responsables públicos que respeten las reglas del juego con todas las consecuencias. -El PNV también ha cuestionado la independencia del poder judicial en España. -La independencia del juez está garantizada en el propio sistema constitucional. Sin duda alguna, la configuración actual del poder judicial ha permitido la independencia del juez; por eso es muy peligroso, a mi juicio, introducir cambios en el modelo, atomizando el poder judicial. Cualquier cambio sustancial en el modelo pone en riesgo la verdadera independencia del juez. ¿Hay un poder judicial vasco con perfil propio? -Efectivamente lo hay. Aquí el juez puede tener ocasión de hacer efectivo su juramento o su promesa a la Constitución. El papel constitucional activo del juez en cualquier lugar de España tiene aquí una especial trascendencia. La sociedad vasca es muy dinámica y especialmente sensible a las decisiones judiciales, y ello exige un nivel mayor de esfuerzo en el juez por razonar su respuesta. -Usted ha dicho que no hace falta saber euskera para ejercer como juez en el País Vasco. -Sí. Una cosa es que sea positivo establecer políticas de conocimiento de las lenguas cooficiales y que eso sea un mérito, como está configurado actualmente, y otra que sea un requisito para el juez, que creo que no debe serlo.