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ABC SÁBADO 19 2 2005 83 Empresarios y sindicatos pactan el capítulo salarial del futuro acuerdo de negociación colectiva El consumo de los hogares permite a Francia salir de la crisis, al crecer su economía un 2,3 en el año 2004 Telefónica eleva su autocartera al 4,966 tras comprar 62,7 millones de títulos Telefónica ha adquirido 62,7 millones de títulos propios, con lo que su autocartera ha pasado del 3,7 al 4,966 de su capital social, según una comunicación remitida por la operadora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Esta operación se enmarca en el programa de recompra de acciones propias por valor de 4.000 millones de euros, durante el periodo 2003- 2006. El consejo de administración de Telefónica tiene previsto proponer en la próxima junta general de accionistas, que se celebrará en el segundo trimestre del año, la distribución de parte de la autocartera, a razón de una acción por cada veinticinco títulos en posesión de los inversores. Los poco más de 246 millones de acciones propias que posee Telefónica se acercan al límite legal del 5 La empresa tan sólo podría adquirir 1.685.003 títulos propios, equivalentes al 0,034 que le falta para llegar al máximo establecido. Sociedades exentas u off- shore de Gibraltar Número de sociedades acogidas a este sistema: 8.464 Están sujetas sólo a un impuesto fijo anual que oscila entre las 225 y 300 libras esterlinas (de 350 a 500 euros) frente al régimen general de fiscalidad de las empresas establecidas allí que es del 35 lo que ha sido considerado competencia desleal por parte de la Comisión Europea Estas empresas no pueden realizar su actividad en Gibraltar, por lo que los ciudadanos del Peñón no pueden tener participación en estas empresas Las empresas que actualmente se benefician de este sistema podrán seguir disfrutando de él hasta 2010 Infografía ABC Londres eliminará las ventajas fiscales de las sociedades exentas de Gibraltar Las 8.464 empresas opacas perderán su trato especial en 2010 EMILI J. BLASCO. CORRESPONSAL LONDRES. El Gobierno británico ha aceptado la eliminación de las ventajas fiscales de las sociedades exentas de Gibraltar, tal como reclamaba la Comisión Europea- -y solicitaba España- -por entender que constituyen una ayuda estatal contraria al régimen comunitario. El trato especial para las 8.464 sociedades llamadas off- shore -empresas constituidas en la Colonia que no realizan actividad comercial o empresarial allí, ni cuentan entre sus accionistas con gibraltareños o residentes- -se reducirá gradualmente hasta su total eliminación en 2010. El Gobierno británico ha aceptado formalmente las medidas apropiadas que propuso la Comisión Europea anunció ayer un portavoz de la representación permanente del Reino Unido ante la UE, dando por finalizada una negociación mantenida a lo largo de los últimos tres años y que supondrá además que el número de sociedades exentas queda limitado al máximo de 8.464 que existían a 31 de diciembre de 2003. La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, manifestó que la supresión de ese régimen especial de Gibraltar es otro paso importante hacia la eliminación de las prácticas fiscales perjudiciales que infringen las normas del Tratado CE sobre ayudas estatales Por su parte, la Junta de Andalucía expresó su satisfacción por la resolución del conflicto. Gibraltar dejará de ser un paraíso fiscal y el lugar donde se concentran una serie de actividades, algunas de ellas no compatibles con el Derecho Internacional. Aplaudimos esa decisión del Gobierno inglés y estamos esperanzados de que el plazo de 2010 se vaya paulatinamente acortando afirmó Gaspar Zarrías, consejero de Presidencia de la Junta. Las autoridades gibraltareñas se limitaron a emitir un comunicado en el que anuncian la modificación de dinamitaba el modelo de banda ancha más extendido en España, con ofertas de hasta 9,90 euros al mes, tampoco gustó en la sede del Paseo de la Castellana. Tanto es así, que el ministro Montilla ha comunicado recientemente su voluntad, junto con el Ministerio de Economía, de introducir un paquete de medidas para forzar la competencia, rebajar los precios de ADSL y adaptar los tarifas de la telefonía móvil a niveles europeos, porque desde su punto de vista son más elevadas de lo debido. La decisión, lógicamente, ha sido muy mal recibida por Telefónica Móviles, Vodafone y Amena. Desde que el Gobierno lanzó su idea de trasladar la sede de la CMT a Barcelona en la pasada primavera para descentralizar los órganos de poder, Carlos Bustelo ha mantenido una posición muy cercana a los 140 trabajadores de la institución afectados, tratando por todos los medios de mitigar el impacto de una decisión que el sector de las telecomunicaciones no comparte. La más que posible destitución de Bustelo, que asumió su cargo respaldado por el PP el 28 de enero de 2003 por un periodo de cuatro años, en sustitución de José Manuel Vázquez Quintana, se produce en un momento clave de la institución que preside, porque la CMT está analizando la competencia que existe de diecisiete mercados para definir la reglas de juego que tendrá el sector en los próximos años. su legislación sobre Exempt Status Company para adecuarla a lo acordado. El pasado 19 de enero las autoridades comunitarias habían dado cuatro semanas a Londres para que se comprometiera a terminar progresivamente con el especial régimen fiscal de las llamadas sociedades off- shore Estas empresas no pagan el Impuesto de Sociedades- -un estándar 35 según el régimen fiscal gibraltareño- -en función de sus beneficios, sino que abonan una reducida tasa anual fija de entre 225 y 300 libras (de 335 a 450 euros) Ello supone, según proclamó la Comisión en enero, que las sociedades que se benefician del régimen de exención disfrutan de una ventaja evidente. Esa ventaja es claramente selectiva, se financia mediante recursos estatales y puede falsear la competencia Para Bruselas, la situación no cumple ninguno de los criterios establecidos en las disposiciones comunitarias para poder autorizar una ayuda estatal. De acuerdo con los términos establecidos por la Comisión, las sociedades exentas podrán mantener la protección fiscal sobre sus beneficios hasta el 31 de diciembre de 2010, aunque con algunas salvedades. Así, en el caso de que se produzca un cambio de la propiedad o bien de la actividad de las compañías afectadas antes del 30 de junio de 2006, sus privilegios fis- La Comisión Europea había acusado al Gobierno británico de permitir competencia desleal en materia fiscal No pagan Impuesto de Sociedades por sus beneficios, sino que abonan una tasa fija de entre 335 a 450 euros cales concluirán el 31 de diciembre de 2007. Si el cambio es posterior al 30 de junio de 2006, entonces el trato ventajoso cesará inmediatamente. El número de sociedades que podrá acogerse por primera vez al régimen de exención se limita a un 60 de las compañías que abandonen el régimen este año (hasta un máximo de 823) y a un 50 de las que lo hagan en la primera mitad de 2006 (hasta un máximo igual al número de sociedades acogidas por primera vez en 2005) A partir del 30 de junio de 2006 ninguna sociedad podrá ya añadirse al grupo de beneficiarios de las exenciones. En todo caso, para las que se incorporen por primera vez- -durante dieciocho meses podrán hacerlo, pero con los límites numéricos señalados- -los beneficios fiscales deberán terminar el 31 de diciembre del año 2007. Es la primera vez que la Comisión impone unos límites tan estrictos a las sociedades beneficiarias existentes que cambian de propiedad o se dediquen a nuevas actividades. Las sociedades podrán acogerse al régimen por primera vez solamente durante un periodo corto, menos de dieciocho meses, y en un número muy limitado subrayó la comisaria de Competencia. La aplicación de estas medidas, según observa la CE, limitará el falseamiento de la competencia a su nivel actual y lo reducirá progresivamente al recortar el número de beneficiarios del sistema y delimitar el alcalce de sus actividades En su reacción, la Junta de Andalucía quiso enmarcar el paso acordado en la política que está llevando a cabo en estos momentos el Gobierno de la Nación para buscar puntos de entendimiento así como en las conversaciones que se están produciendo entre el Gobierno británico, el español y el de Gibraltar. Uno de los últimos pasos en esa colaboración es la creación de un grupo de trabajo que estudiará el uso compartido del aeropuerto del Peñón.