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ABC MIÉRCOLES 16 2 2005 Nacional 19 El incendio del Windsor podría afectar a las 10.000 causas que defienden abogados de Garrigues y Deloitte El CGPJ pide a los Tribunales que pongan medidas para garantizar los derechos de los ciudadanos b Los sumarios en los que están personados los dos centenares de abogados de ambas firmas podrían sufrir aplazamientos, hasta que éstos recuperen la documentación NIEVES COLLI MADRID. El incendio que la noche del pasado sábado arrasó el edificio Windsor podría afectar a los cerca de 10.000 procedimientos judiciales en los que están personados los doscientos abogados de las firmas Garrigues y Deloitte que han perdido sus despachos. Las llamas devoraron los expedientes, documentos propios y ajenos, archivos y demás enseres depositados en las oficinas, material profesional cuya recuperación se ha convertido en el primer objetivo de los letrados, según afirmaron ayer fuentes del bufete Garrigues. Entre tanto, y hasta que los Juzgados y Tribunales no repongan íntegros los sumarios hoy convertidos en cenizas, los abogados no podrán asistir a las vistas, comparecencias y demás citas procesales ni por lo tanto defender los intereses de sus clientes ante la Justicia. La única posibilidad que tienen es solicitar el aplazamiento de los señalamientos ya previstos- -medida que depende en exclusiva del criterio de jueces y magistrados- si antes no recuperan los tomos de los procedimientos. De momento, según fuentes judiciales y de los propios abogados, en los Juzgados y Tribunales de Madrid no se han producido un número mayor de suspensiones que antes del incendio. El interior del rascacielos, arrasado por las llamas No obstante, los abogados han solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que adopte las medidas que estén en su mano para evitar lo que podría ser un verdadero caos. Así, tanto los dos despachos afectados por el siniestro como el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Luis Martí Mingarro, han remitido escritos al CGPJ. El decano solicita que sean atendidas y respaldadas las solicitudes de suspensión de actuaciones así como que queden en suspenso los plazos o términos en los que hubieran de actuar o intervenir los abogados afectados y, al mismo tiempo, pone el Colegio a disposición de la Administración de Justicia y de los letrados para lo que fuera necesario. La Comisión Permanente del CGPJ analizó los escritos en su reunión de ayer y concluyó que concurren causas de fuerza mayor que aconsejan la suspensión o aplazamiento de los señalamientos. Por ello, expresa su seguridad en que los Juzgados y Tribunales garantizarán el adecuado ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva y solicita a las Salas de Gobierno que adopten las medidas oportunas con el fin de evitar que el incendio ponga en FOTOS: TELECINCO Las firmas afectadas y el decano de Madrid piden ayuda al CGPJ para hacer frente a las consecuencias El Consejo recomienda a los jueces que faciliten a los abogados la tarea de volver a fotocopiar los sumarios quemados peligro la aplicación de los principios de defensa y contradicción que asisten a las partes También pide que se utilicen los medios precisos para el pronto restablecimiento de la normalidad procesal Fuentes de esta institución explicaron que el Consejo no puede intervenir en los señalamientos, razón por la que ha optado por hacer unas recomendaciones a los jueces para que faciliten a los abogados la tarea de volver a fotocopiar los sumarios quemados. Denuncia de Deloitte Por otra parte, Deloitte Abogados ha presentado una denuncia en el Juzgado de Guardia para que se investigue si existe algún tipo de responsabilidad penal por el incendio. Fuentes judiciales explican que el Juzgado de Instrucción número 28 abrió unas diligencias previas y solicitó un informe a la Brigada de Policía Judicial. Empieza el juicio de las comisiones del AVE para financiar al PSOE N. C. MADRID. La Audiencia Provincial de Madrid juzgará a partir de hoy uno de los más complicados procesos judiciales abiertos al PSOE por presunta financiación irregular: el caso AVE Catorce personas- -entre ellas el ex presidente de Renfe Julián García Valverde; el ex responsable de finanzas del PSC, Carlos Navarro; y Florencio Ornia, alto cargo de Presidencia del Gobierno en la etapa de Felipe González- -se sentarán en el banquillo para ser juzgados por delitos fiscal, de cohecho y falsedad derivados del cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de las obras del AVE Madrid- Sevilla ver cuadro adjunto Las tres primeras sesiones del juicio se dedicarán a la exposición de las cuestiones previas por varias de las partes. El fiscal- -que pide un total de 149 años de prisión, multas por valor de 101 millones de euros e indemnizaciones a Hacienda que suman otros seis- -sostiene que un grupo de responsables del PSOE urdieron un plan para recabar comisiones ilícitas de los contratistas, fabricantes y tecnólogos de los proyectos del AVE a cambio de concederles adjudicaciones de los contratos por Renfe La empresa ferroviaria fue utilizada por los responsables del PSOE como una empresa particular orientada a su beneficio García Valverde y su segundo, Leopoldo Iglesias, cumpliendo órdenes de Carlos Navarro y de Guillermo Galeote (secretario de finanzas del PSOE) desempeñaron un papel importante al asegurar al partido que resultarían adjudicatarios los fabricantes que previamente hubieran acordado pagar comisiones Siempre según el fiscal, las comisio- nes abonadas por las multinacionales ferroviarias Alsthom y Siemens superaron los 723 millones de pesetas y representaron un 55 por ciento del total de dinero- -se estima que unos 1.300 millones en su mayor parte de origen desconocido- que se abonaron en las cuentas suizas del PSOE y que fueron destinados a pagar gastos electorales, entre otros. Las investigaciones del caso Filesa del que se desgajó el del AVE, frenó en seco el cobro de las comisiones, Los acusados Mario Huete, Juan José Chinchilla y Francisco Francés. Ex directivos de Siemens. Veinte años y once meses de prisión por cohecho, falsedad y delito fiscal. Julián García Valverde y Leopoldo Iglesias. Ex directivos de Renfe. Seis años de prisión por cohecho. Carlos Navarro y Luis Oliveró. Ex secretario de finanzas del PSC, el primero; empresario y tío de Navarro, el segundo. Seis años por cohecho. Aída Álvarez y Miguel Molledo. Miembro del PSOE y fundadora del grupo empresarial 2020, ella. Molledo es su esposo. Trece años de prisión por cohecho, delitos fiscales y falsedad. Juan Carlos Mangana y Sotero Jiménez. Fundadores de GMP. Once años de prisión por cohecho, falsedad y delito fiscal. Florencio Ornia. Asesor de Presidencia en tiempos de Felipe González. Once años por cohecho y falsedad. Valentín Medel. Ex concejal socialista en Madrid. Tres años por cohecho. Germán Álvarez. Partícipe a título lucrativo. Debe pagar 298.901 euros. Desvío del dinero De la trama formaban parte también personas que como Aída Álvarez y su esposo Miguel Molledo, Juan Carlos Mangana y Sotero Jiménez o Florencio Ornia, al frente de las empresas del Grupo 2020, GMP, Atacir y Part Mix, percibían las comisiones ilegales y las hacían llegar al partido desviándolas primero a sociedades pantalla ubicadas en el extranjero. El Grupo 2020, GMP, Atacir y Part Mix cobraron cantidades millonarias a las empresas adjudicatarias de las obras a cambio de servicios que nunca llegaron a prestarles.